La seguridad de España en 3-D

Al hablar de seguridad hoy a nadie se le ocurriría preguntarse -como hizo Stalin en Yalta (1945)- cuántas divisiones tiene el Papa, como si la fuerza militar fuera la única vara de medida del poder. Y esto es así no solo porque el Vaticano ha demostrado sobradamente que el poder puede ejercerse con otros instrumentos sino, sobre todo, porque en nuestros días los medios militares han dejado de ser la mejor baza para lograr poder y seguridad. Siguen siendo, obviamente, elementos importantes de la ecuación -como instrumentos de disuasión y de último recurso-, pero ya hace tiempo que dejaron de ser los primeros (sirvan Alemania y Japón de ejemplos, tras su debacle militar hace décadas).

Si analizamos esta realidad desde España -como potencia media, que goza de estabilidad estructural, con intereses globales que no puede defender en solitario- se impone un urgente ejercicio de reevaluación de su enfoque de seguridad y de las capacidades a su servicio. Es una tarea derivada tanto del preocupante escenario de crisis económica actual, como del desequilibrio del instrumental de respuesta ante las amenazas que nos afectan. Por lo que se refiere al primer factor, basta con mirar a países como Reino Unido, Francia y Alemania, en plena reducción presupuestaria, con consecuencias muy directas en sus estrategias de seguridad y defensa. En cuanto al segundo, es cada vez más evidente la insostenibilidad de unas visiones y sistemas de seguridad que siguen lastrados por el pasado, preferentemente inclinadas a considerar los medios militares como los elementos centrales de la seguridad.

Si algo hemos aprendido de la nefasta estrategia estadounidense de guerra contra el terror, que definió obsesivamente la pasada década, es que la amenaza terrorista -que algunos siguen calificando equivocadamente como la de mayor rango- no puede eliminarse por vía militar ni con parcheos cortoplacistas que desatiendan sus causas profundas. Y esto vale aún más para el resto de las amenazas que configuran el catálogo de nuestros días -desde las pandemias al cambio climático, pasando por la pobreza, los flujos descontrolados de población, el crimen organizado o los comercios ilícitos. Dado que todas ellas hunden sus raíces en problemas sociales, políticos y económicos, parece inmediato concluir que los instrumentos protagonistas para hacerles frente deben ser igualmente de esa misma naturaleza (con los militares como un elemento más), en el marco de una estrategia sostenida, multidimensional y multilateral.

Visto en su conjunto, la respuesta que España debe plantearse -tanto en el ámbito nacional como multilateral- se articula en tres dimensiones (3-D): defensa, diplomacia y desarrollo. El esfuerzo a realizar no obliga tanto a crear algo inexistente hasta ahora, como a reformular la ponderación que debe recibir cada una de ellas.

No cabe ninguna duda sobre el notable desequilibrio actual a favor del componente militar -como si seguridad, defensa y fuerzas armadas todavía fuesen sinóni-mos- y, por tanto, es precisamente ahí donde cabe enfatizar con mayor insistencia la necesidad de reprogramar las prioridades. España no reconoce ninguna amenaza en fuerza, aunque está expuesta a todas las definidas más arriba. Superada hace ya mucho tiempo la visión de las fuerzas armadas como columna vertebral de la nación, el peso de las inercias históricas explica que todavía hoy sean vistas como los instrumentos principales de la seguridad nacional y que a ellas se sigan dedicando muchos más medios (humanos, presupuestarios, tecnológicos e industriales) que a las otras dos dimensiones mencionadas.

A falta de un debate nacional -pendiente desde hace al menos 20 años- se ha optado por seguir invirtiendo / gastando en un sistema de defensa militar que no ha sido sometido a un serio escrutinio público. Si primero se hizo para evitar reacciones desmedidas de un antiguo poder fáctico, luego se entendió que el tema no estaba en la calle y ningún gobernante quiso arriesgarse a entrar en una cuestión que no garantizaba rédito electoral alguno. En consecuencia, se ha mantenido una inercia -salpicada de reformas y modernizaciones parciales, para alinearnos operativamente con nuestros aliados en la OTAN- que hoy absorbe en torno a los 17.000 millones de euros (si se añade al presupuesto de defensa lo que determinan los criterios OTAN) para conformar unas fuerzas mucho más reducidas, pero igualmente desajustadas con respecto a las necesidades previsibles (ligeras, interoperables, desplegables…). A la espera de resolver el problema, seguimos: apostando por grandes programas de eficacia cuestionable, acumulando una deuda con las industrias de defensa que ya alcanza los 27.000 millones de euros, gestionando un presupuesto que se lleva el 60% en gastos de personal y tratando a duras penas de cuadrar una plantilla de unos 135.000 efectivos (de los que solo 7.000 son susceptibles de despliegue en el exterior).

Mientras tanto, nuestro servicio exterior sigue siendo raquítico, sea cual sea el parámetro que utilicemos para medirlo. Se suman los planes de reforma que plantea cada nuevo Gobierno, sin que ninguno de ellos llegue finalmente a puerto para dotarnos de los medios humanos y presupuestarios que corresponden a la novena potencia económica del planeta. Choca notablemente que se confiera teóricamente la responsabilidad de liderar la acción exterior del Estado a un Ministerio de Asuntos Exteriores que ni de lejos duplica el volumen del cuerpo diplomático que había en la España de Franco. Recordemos, por si fuera necesario, que entonces éramos un país aislado y ahora pretendemos jugar un papel relevante como miembro de todos los organismos multilaterales (salvo el ya inoperante G-8) y como un referente destacado al menos en Latinoamérica y el mundo árabe.

La diplomacia es un activo de primer orden para una potencia media (Países Bajos y Noruega pueden servir de ejemplo) y España necesita superar esta asignatura pendiente cuanto antes. De su rendimiento depende en gran medida nuestra seguridad, no solo por lo que atañe a la defensa de los intereses estrictamente geopolíticos en juego sino, de modo cada vez más sobresaliente, de los de carácter geoeconómico. Lo mismo cabe decir en términos de imagen exterior -véase al respecto el empeño de Obama por recuperar la pésima imagen de Estados Unidos que dejó su antecesor-. Para todo ello es preciso contar con un mayor y mejor servicio diplomático, especializado geográficamente, con sólidas habilidades lingüísticas y experto en el manejo de las nuevas tecnologías.

El tercer pilar de la acción exterior española se refiere a la cooperación al desarrollo que, además de la imprescindible ayuda al desarrollo, engloba también la imple-mentación de reglas comerciales justas, la apuesta por un orden financiero internacional más abierto y por una gestión de la deuda externa volcada al bienestar de las poblaciones menos favorecidas. España -que pretende ser identificada en este terreno como un activo contribuyente a la construcción de la paz y a la lucha contra la pobreza- ha realizado un notable esfuerzo en estos últimos años, hasta convertirse en el sexto donante internacional. Sin embargo, ante la crudeza de la crisis económica ha decidido reducir en 800 millones de euros hasta 2011 (de un total que ronda los 6.500) el presupuesto de cooperación, lo que hace imposible llegar al emblemático 0,7% del PIB en 2012. En añadidura a elementales consideraciones éticas, la apuesta por el desarrollo de quienes nos rodean es puro egoísmo inteligente, en la medida en que su bienestar y su seguridad son vías preferentes para consolidar nuestro bienestar y nuestra seguridad.

En definitiva, se impone una concepción de la seguridad que sepa ir más allá de la defensa militar, entendiendo la necesidad de adoptar un modelo que cabría calificar como posmilitar. Esto no significa la desaparición de los ejércitos, sino su redimensionamiento para articular -dado el imperativo económico de atender necesidades infinitas con medios finitos- un sistema de seguridad equilibrado en 3-D. Históricamente, cambios de este calado solo se producen como consecuencia de catástrofes o impactos mayúsculos -como el provocado por las guerras-. Ojalá en esta ocasión baste con una crisis sistémica para promoverlos. Ese sería su mejor legado.

Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.