La seguridad no está en jaque

Cualquiera que oiga las peticiones del Ayuntamiento de Barcelona para atajar la delincuencia en la ciudad quizá piense que Barcelona es insegura. Nada más lejos de la realidad. Según las estadísticas oficiales, la criminalidad en Barcelona es estable, con tendencia a la baja, y se valora cada vez mejor la labor policial. Las encuestas de victimización, donde el aspecto subjetivo del encuestado prima, muestran esa misma tendencia.

En Barcelona, tanto la victimización como la percepción de la seguridad han descendido en los últimos años, especialmente la segunda. O lo que es lo mismo, Barcelona fue más segura en el 2008 que en el 2007, según las cifras de la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya del 2009. No hace falta que nos comparemos con Ciudad de México, Caracas, Río de Janeiro, Johannesburgo, Roma, París y Londres; nuestra delincuencia está a años luz de la de estas ciudades, pero cunde una interesada alarma en sentido contrario. Además, según el CIS, entre el 2002 y el 2009 la percepción de la inseguridad ciudadana ha pasado del 22% al 11%. Con estos datos en la mano, es difícil suscitar el debate sobre un incremento de la inseguridad en Barcelona e intentar poner en marcha opciones legislativas de dudosa viabilidad jurídica y material.

Según nos dicen, esta ola de inseguridad se centra en la multirreincidencia, no de delitos graves, sino de faltas de hurto, es decir, hechos de poca monta y no violentos; son, desde luego, infracciones molestas, pero en ningún caso entorpecen gravemente la vida social.
Empecemos por estas. Si se es residente habitual en la ciudad y se es víctima de una infracción, la denuncia es la solución adecuada. Lo es porque las denuncias han aumentado, según los estudios, gracias a que han aumentado los puntos donde pueden prestarse. No ha hecho falta ninguna reforma legal; simplemente, voluntad de dar una respuesta a una exigencia ciudadana.
Si, en cambio, la víctima es turista, la cosa es algo diferente, aunque ser víctima-turista en cualquier otra ciudad del mundo tampoco es un plato de gusto. La volatilidad del visitante dificulta algo los trámites, pero si tiene tiempo disponible, además de la denuncia, se le asesora y se le acompaña al Juzgado de Guardia para que ratifique su denuncia ante el juez, declaración que, con las debida garantías, sí puede constituir prueba de cargo sólida para la condena. De nuevo, la organización es la clave, sin cambio legal alguno.
Cierta agenda oculta propicia un cambio legal para que la denuncia policial tenga valor de prueba sin necesidad de ratificación de la víctima en el juicio. Solo existe un obstáculo: es inconstitucional, pues es contraria al derecho del imputado a la presunción de inocencia y al proceso debido, que en este caso consiste en confrontarse a su denunciante y debatir la prueba. En la práctica, se transferiría el poder sancionador del juez al policía; este es un tema sobre el que habrá que volver.
Un punto relevante en la propuesta municipal es cambiar el enfoque de la multirreincidencia, para convertir la acumulación de faltas, en un periodo de tiempo, un año por ejemplo, en un delito. Eso ya lo intentó la ley orgánica 11/2003; la seriedad de los conservadores fue tanta que, tres meses después, la ley orgánica 15/2003 derogaba tales previsiones, derogación de la que los conservadores no se dieron cuenta hasta que perdieron las elecciones y pretendieron modificar fraudulentamente el Código Penal mediante la técnica de la corrección de errores. Sin embargo, esta figura no solventa el problema, puesto que, para que las infracciones pudieran computar, deberían ser firmes y en el plazo de un año no adquirirían firmeza, pues el condenado, por la cuenta que le traería, recurriría la sentencia de primera instancia.
La solución, una vez más, no está en reformar la ley –actividad política bien barata–, sino en aplicar la que ya tenemos y aplicarla por todos: policías, fiscales y jueces. Si en esta cadena cada eslabón no cumple dentro de sus competencias, el mecanismo de lucha contra la delincuencia fracasa.

Una aplicación sensata e inteligente de la ley –que ya glosé en estas mismas páginas– lo fue la actuación de los Mossos d’Esquadra al poner en marcha una operación contra carteristas y descuideros menores en el metro de Barcelona. Para ello, en vez de detener y acusar a cada autor por cada infracción, lo que, dada su minoría de edad penal no suponía ningún castigo o uno insignificante, decidieron afrontar el problema como lo que es: la actuación de bandas organizadas, dirigidas por los padres de los menores e imputar a estos. La justicia aún no lo ha resuelto; no ratificar esta actuación policial sería un error, pues base legal para la condena hay más que de sobras. Además, la delincuencia de este tipo en el metro de Barcelona ha disminuido el 30%.
Es, pues, la aplicación de la ley –lo que no quiere decir que sea fácil– lo que conlleva el éxito en la lucha contra la delincuencia. Reformar la ley como panacea es una inútil huida hacia adelante.

Joan J. Queralt, catedrático de Derecho Penal de la UB.