La Seguridad Vial, un asunto de Estado

En el primer accidente de circulación conocido, ocurrido en Inglaterra hace 120 años, una mujer cayó de su vehículo a una velocidad que los medios de la época describieron como «tremenda» y que apenas llegaba a los 7 Km/h. El jurado popular absolvió al conductor por considerar que el hecho era completamente «accidental»; una calificación que seguimos utilizando hoy en día y que, en cierto modo, describe la siniestralidad como algo fortuito e inevitable.

En pocos años, la mortalidad en carretera pasó de ser casi una curiosidad científica a revelarse como una auténtica sangría de vidas humanas. Pero la situación cambió radicalmente en la segunda mitad del siglo XX, cuando el doctor William Haddon, célebre médico e ingeniero, decidió abordar el fenómeno desde una perspectiva completamente diferente.

Haddon aportó una visión estadística y científica sobre el comportamiento físico de los coches, de los conductores y del entorno, con un solo objetivo: generar, por primera vez en la historia, medidas preventivas eficaces y sencillas. Pero además Haddon nos aportó el enfoque correcto en cuestiones de seguridad vial: la mortalidad en carretera es, ante todo, una cuestión de Salud Pública, ya que pocas enfermedades en el mundo causan tantas muertes y tanto dolor como los accidentes de tráfico.

Cada año 1,3 millones de personas en el planeta pierden la vida en las carreteras, y otros 40 millones, es decir, el equivalente a casi toda la población española, resultan gravemente heridas. Desde 1960, más de 160.000 personas han perdido la vida en las carreteras de nuestro país y cerca de un millón han sufrido lesiones severas.

En España, el número de muertos por accidente de tráfico ha registrado su mínimo histórico en 2013, con 1.128 personas fallecidas, un 13% menos que el año anterior y un 72% menos que hace diez años. La Seguridad Vial está en la agenda política y no hay partido político que tenga tentaciones de utilizar estos datos con fines electoralistas. El consenso en esta materia es ejemplar y bien podría hacerse extensible a otros ámbitos de la gestión pública.

Pero no hay margen para caer en conformismos y dar por logrados los objetivos. En las últimas semanas no paramos de escuchar que hay elementos macroeconómicos que parecen apuntar a una salida de la crisis: el último trimestre de 2013 ha experimentado un repunte de los fallecidos debido a que se circula algo más, un 4,5% más de muertos que el año anterior. Los indicadores de consumo de carburante han crecido también. Y 2013 ha vivido cierta recuperación en la venta de vehículos de particulares frente al año precedente: un 18% más.

Y hay otros dos factores crecientes de riesgo para la seguridad vial: el peligroso envejecimiento del parque de vehículos –el 50% de los coches tienen más de diez años– y el descenso del presupuesto para el mantenimiento de las carreteras, que ha caído un 30% desde 2009.

Todos estos elementos nos llevan a pensar que la accidentalidad en carretera podría haber tocado fondo e incluso podría subir a partir de 2014. Por eso, es fundamental no bajar la guardia y seguir trabajando, como país, en intentar llevar el número de muertos a cero. Ese debe ser el objetivo común de este asunto de Estado que es la seguridad vial. La nueva ley que legisla sobre esta materia, que ya está aprobada por el Congreso y ratificada por el Senado, castigará con dureza el consumo de alcohol y las drogas, pero no solo hay que recurrir a las acciones punitivas, sino que también es necesario avanzar en otras líneas de actuación: más inversión en carreteras, una mayor concienciación de los conductores, un uso más intensivo de la tecnología en los automóviles, etc.

Olvidar y resignarnos ante la tragedia que suponen los accidentes es, sin duda, el mayor error que podemos cometer como sociedad, porque detrás de cada accidente, detrás de cada número de esos 1.128 fallecidos que comentaba al principio, hay una persona con nombres y apellidos y muchas familias que quedan marcadas para siempre de forma irremisible. No dejemos de lado ni bajemos la guardia ante este asunto de Estado.

Miguel Ángel Merino, consejero delegado de Línea Directa Aseguradora.

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