La senda de la educación

El futuro de Europa va a depender en buena medida de la educación que hoy reciben los jóvenes en sus distintos estados miembros. A pesar de que en la Conferencia de Lisboa del año 2000 los miembros de la Unión Europea se comprometieron a hacer de ésta la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo, con más y mejor empleo y con una mayor cohesión social, la educación sigue siendo un dominio reservado a los estados y al que no se dedican, salvo cantidades simbólicas, fondos europeos. Creo que la educación es algo demasiado importante para el futuro de nuestro continente como para dejarlo en manos, no ya de los estados, sino, como es el caso de España, de las comunidades autónomas. Los retos que en la Europa de hoy, y especialmente en sus zonas más desarrolladas, deben afrontarse para integrar a los alumnos inmigrantes y para dar las mejores oportunidades a los provenientes de familias desfavorecidas requieren un esfuerzo de solidaridad que se traduzca en la aportación de fondos comunitarios, como se viene haciendo, por ejemplo, en la formación para el empleo o en el desarrollo rural. En tanto llegan estos recursos, cada nación hace frente al reto educativo con sus exclusivos recursos y programas.

En mayor o menor medida, todas las grandes naciones europeas han sido víctimas en su sistema educativo del fundamentalismo pedagógico de la enseñanza comprehensiva, lo que aquí llamaríamos el modelo de la LOGSE. Se ha minusvalorado el esfuerzo, se ha reducido la exigencia, se ha despreciado la transmisión de conocimientos y valores, y se ha socavado la autoridad del profesor. Como consecuencia de todo esto, se ha deteriorado la convivencia en las aulas y los alumnos terminan la enseñanza obligatoria -los que la terminan sin abandonar antes- con un insuficiente nivel de conocimientos.

Los herederos del prohibido prohibir de mayo del 68 se han permitido incluso experimentar con métodos fonéticos de enseñanza de la lectura que han conseguido que en países como Francia -cuyo idioma no se escribe como se pronuncia- cerca del 15% de los niños termine la enseñanza primaria sin leer y escribir correctamente. Métodos a los que ya el anterior ministro de Educación galo, Gilles de Robien, se enfrentó valerosamente al permitir que los profesores pudieran optar por enseñar a leer por el método silábico tradicional, conocido coloquialmente en Francia como la b con la a, ba, lo que, naturalmente, suscitó todo tipo de críticas entre la pedagogía progre.

Este cúmulo de errores ha perjudicado especialmente a aquellos alumnos europeos provenientes de sectores sociales desfavorecidos, alumnos que no tendrán otra formación que la que puedan adquirir en el sistema educativo sostenido con fondos públicos. Hace unos días leí en un periódico inglés un artículo que explicaba cómo una madre que había recibido en su día una educación de alta calidad en un colegio público se quejaba de no poder dar a sus hijos la misma oportunidad tras la Ley de Educación de 1968, obra del ministro laborista Anthony Crosland y paradigma de la educación comprehensiva.

Sin embargo, hay que destacar que los gobiernos del Reino Unido han sabido reconocer los errores de la enseñanza comprehensiva y han puesto en marcha políticas educativas que promueven la calidad, la exigencia, la evaluación, la autonomía de los centros docentes y el derecho de elección de los padres, a través de la colaboración entre la Administración y la iniciativa privada y social. En 1988, el Gobierno conservador británico aprobó la Education Reform Act, que introdujo en el sistema educativo la responsabilidad de los centros por los resultados de sus alumnos, la autonomía administrativa y pedagógica y un sistema de estándares nacionales, con evaluación periódica de todos los alumnos.

El mayor acierto de Tony Blair fue continuar esta política, fiel a su idea de no permitir que los prejuicios ideológicos le impidiesen dar un mejor servicio a los ciudadanos. Se pusieron en marcha iniciativas pioneras, como las City Academies (nuevos centros concertados, con un 90 % de financiación pública para su construcción en las áreas urbanas mas desfavorecidas de Inglaterra), el currículum alternativo para alumnos, a partir de 15 años, en riesgo de abandono del sistema educativo (dos días cada semana en un instituto, dos en un centro de formación profesional y un día en una empresa, conociendo la realidad de la vida en un centro de trabajo) y las Zonas de Acción Educativa, hoy complementadas con el programa Excelencia en las Ciudades y en estrecha colaboración con la comunidad empresarial de cada zona.

En octubre de 2005, el Gobierno de Tony Blair publicó el Libro Blanco sobre los centros docentes, en el que se propone una mayor autonomía para los centros públicos (que podrán constituirse en fundaciones), más autoridad para los profesores ante los problemas de disciplina y una apuesta inequívoca por el derecho de elección de los padres, a los que se quiere ofrecer más apoyo, más información, más facilidades de transporte escolar y más opciones entre las que elegir el colegio de sus hijos.

En palabras del propio Blair, se trata de colocar a progenitores y a alumnos en el centro del sistema educativo, y que el derecho de elección de los padres se convierta en un instrumento para mejorar la calidad y para promover la equidad. Estas propuestas fueron recogidas en la Ley de Educación e Inspecciones del año 2006, cuyo objetivo es asegurar que «cualquier alumno en cualquier escuela de cualquier comunidad recibe la educación que necesita para permitirle alcanzar todas sus potencialidades».

También Francia ha sufrido los efectos devastadores de la secta pedagógica (no les gusta nada a sus miembros esta denominación políticamente incorrecta). La escuela republicana francesa fue un ejemplo durante más de un siglo de calidad y exigencia, de transmisión de conocimientos y de valores cívicos (incluyendo el patriotismo y la cohesión nacional). Pero esta escuela afronta desde hace años los retos de un sindicalismo todopoderoso (que ha hecho caer a más de un ministro de Educación Nacional), de la pedagogía progre y de tener que adaptarse a los nuevos escenarios de la diversidad, a la realidad de las periferias urbanas donde alumnos de la segunda o tercera generación de inmigrantes tienen, en la práctica, un futuro más incierto, entre otras causas porque no se les ha estimulado a concebir mayores expectativas para su futuro personal. Este déficit de ambición es una de las causas de que hoy haya menos hijos de obreros y empleados en las grandes escuelas (Politécnica, Sciences Po, Normal Superior,...) que en los años 50.

Nicolas Sarkozy ha sabido reconocer este problema. En su reciente libro Testimonio apuesta por dar a cada alumno que lo necesite un acompañamiento adaptado a sus dificultades, con escuelas infantiles desde los 18 meses, apoyo escolar, tutorías, internados de excelencia para aquellos menores de las grandes ciudades que no tienen en sus casas ni el espacio ni el ambiente para poder estudiar adecuadamente, y ayudas a los hijos de los inmigrantes para llegar a los mejores centros de enseñanza superior.

Pero también quiere aumentar el nivel de exigencia. En sus propias palabras, «la convicción de que gracias a la exigencia es como se obtiene lo mejor de la infancia, y no por la facilidad, fue la clave del éxito de los profesores de la Tercera República». Propone también Sarkozy favorecer la autonomía de los centros para elegir su proyecto pedagógico e impulsar la apertura de centros concertados (en Francia denominados établissements privés sous contrat) en los barrios desfavorecidos, como es el deseo de estos centros y de muchos padres.

Esta aspiración, en la práctica, había sido disuadida por la regla tácita, derivada de los acuerdos de 1984 entre el Gobierno socialista y la escuela católica, de limitar al 20% la participación de la enseñanza concertada en la financiación por el Estado de la enseñanza primaria y secundaria. Critica Sarkozy, en su obra citada, que «en lugar de intentar comprender las razones del éxito actual de la escuela privada para aplicarlas a la escuela pública en la medida de lo posible, en lugar de permitir a todos los franceses, en especial a los más desfavorecidos, tener acceso a la enseñanza privada, si lo desean para sus hijos, en lugar de estimular lo que funciona, los socialistas prefieren castigarlo». Sarkozy propone, al contrario, poner lo que funciona al alcance de todos.

La capacidad del presidente galo de llamar a las cosas por su nombre, de afrontar sin eufemismos los problemas de Francia, de movilizar las grandes energías y capacidades del gran país vecino y de ilusionar a los franceses ante un nuevo futuro, permite asegurar que también en la educación esta Presidencia va a cambiar muchas cosas en Francia.

¿Y aquí? Aquí tenemos, de momento, a ZP y al PSOE. Un presidente del Gobierno y un partido que lo primero que hicieron al llegar al poder fue paralizar la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación que promovió el Gobierno anterior del PP. Una Ley que quiso dar respuesta al anhelo mayoritario de padres y profesores, reflejado en encuestas del CIS, de que en el sistema educativo español hubiera más calidad, más exigencia, más autoridad del profesor y mejor convivencia en las aulas. Frente a este deseo mayoritario, los promotores de la LOGSE no han sido capaces de desembarazarse de los principios de esta ley nefasta, incluso ahora cuando los efectos de la misma se aprecian no sólo en el sistema educativo sino también en el acceso al mundo laboral y profesional de muchos jóvenes que en la educación obligatoria no han adquirido ni la preparación adecuada ni las normas de comportamiento imprescindibles para la convivencia social.

Los autoproclamados herederos de la Institución Libre de Enseñanza no se atreven, en los gobiernos regionales donde el PSOE participa, a promover sin complejos la iniciativa social en la educación y en demasiadas ocasiones se inspiran, por el contrario, en un fundamentalismo de la enseñanza pública que jamás defendió Francisco Giner de los Ríos.

La nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) y su desarrollo han conseguido la difícil hazaña de no contentar a casi nadie, han supuesto, en la práctica, perder tres años en acometer la mejora de la calidad de la educación, han disminuido la exigencia y han rebajado la autoridad del profesor, con la posibilidad de revocación de las decisiones sobre disciplina del director por el consejo escolar y con la grotesca regulación de la huelga estudiantil (o sea, con la legalización de los novillos). Se garantiza menos el derecho de elección de los padres en los nuevos desarrollos urbanos y se impone a los colegios concertados un comisario kontrolenko municipal.

Fuera de las seis comunidades autónomas gobernadas por el PP -que acordaron con Mariano Rajoy y Ana Pastor un desarrollo común de la LOE, tanto en planes de estudios como en otros aspectos básicos de dicha Ley- se abre un mundo de diversidad difícil de explicar mas allá de nuestras fronteras y muy perjudicial para el derecho constitucional de los ciudadanos de fijar libremente su residencia y de elegir con libertad la educación que desean para sus hijos. Desde comunidades autónomas que no permiten la escolarización en español en centros públicos o concertados hasta regiones donde el Gobierno autonómico socialista discrimina abiertamente a los centros concertados. Y todo esto con un Ministerio de Educación y Ciencia que carece de los recursos necesarios para impulsar políticas nacionales que fomenten eficazmente la calidad, la equidad y la cohesión en nuestro sistema educativo.

La educación en España es algo demasiado importante para dejarlo en manos de 17 comunidades autónomas. Si algún día se reforma nuestra Constitución deberá considerarse este asunto y buscar el consenso con el nacionalismo razonable para que todos los niños y jóvenes de España tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con equidad y en libertad, para favorecer la movilidad de las familias y para seguir los pasos de otras grandes naciones que, como he explicado con anterioridad, han iniciado ya la senda del futuro.

Luis Peral Guerra, senador por la Comunidad de Madrid y ex consejero de Educación.