La senda del déficit

Esta semana las Cortes comenzarán a discutir la nueva senda fiscal aprobada por el Gobierno. Las previsiones de los principales organismos económicos han puesto de manifiesto que el objetivo de déficit del 2,2% para 2018 que comunicó el anterior Gobierno a Bruselas era incompatible con sus propios Presupuestos Generales. De hecho, la mayoría de las previsiones sitúan el déficit de 2018 en un 2,7%. Sobre ese mayor nivel de déficit de partida en 2018, el Gobierno propone para 2019 un ajuste estructural del 0,4% que permitirá reducir el déficit hasta el 1,8% en 2019. Esto supone una elevación de los objetivos de déficit de cinco décimas para 2018 y para 2019. Es decir, 2,7% frente a 2,2% y 1,8% frente a 1,3%, respectivamente.

Nadie, salvo el PP y Ciudadanos, otorgaba credibilidad al escenario propuesto por el anterior Gobierno. Los regalos fiscales de los últimos meses, concedidos para lograr el voto favorable de Ciudadanos a los Presupuestos (en línea con su habitual contradicción: reducir el déficit y bajar impuestos), así como la actualización del poder adquisitivo de las pensiones, tras meses de resistencia del PP a las movilizaciones de los pensionistas, hacían inviable el cumplimiento de los objetivos.

La estrategia propuesta por el nuevo Gobierno es más realista y consistente: al tiempo que permite mejorar la posición fiscal y reducir la carga de la deuda, garantiza con mayor solvencia la estabilidad fiscal a largo plazo al proponer un incremento creíble de ingresos y gastos que hace compatible un mayor espacio fiscal a las comunidades autónomas y la Seguridad Social. Se gastará más, sí, pero también se ingresará más —esa es la ecuación básica de la credibilidad— y el déficit estructural mejorará sustancialmente permitiendo una mejor posición fiscal a medio y largo plazo.

Lo que no resulta convincente es pretender reducir el déficit bajando una y otra vez los impuestos. Planteamientos de esta naturaleza son incompatibles con el acercamiento a los estándares sociales avanzados de otros países europeos.

Los vientos de cola que han impulsado la economía española durante los últimos años han sido utilizados por el PP para satisfacer el discurso neoliberal de más mercado, menos Estado, menos impuestos, menos gasto. El PP en el Gobierno renunció a una mejora estructural de las cuentas públicas habida cuenta de que la mayor parte de la mejora fiscal se ha producido gracias al ciclo, transformando el crecimiento económico en rebajas de impuestos —hasta 15.000 millones menos— mientras los servicios públicos se mantenían infradotados tras los recortes de 2012 y 2013. En resumen: un desastre —bien respaldado por Ciudadanos— fruto de una ideología irracionalmente enemiga de lo público y cautiva de sus intereses electorales.

La estrategia fiscal apuntada por el Gobierno es una moderada aproximación a quienes sosteníamos que es posible cumplir con solvencia los objetivos planteados por Bruselas y revertir al tiempo los peores efectos de la crisis y los recortes. La nueva senda fiscal facilitará ambas cosas, reforzando nuestra credibilidad frente a Bruselas. Sin embargo, aprovechando su preeminencia en el Senado, el PP y Ciudadanos ya han anunciado su voto en contra, aunque sea a costa de no asumir las consecuencias de sus propios actos.

Si no fuera aprobada la nueva senda de consolidación, España se vería obligada a realizar ajustes adicionales por valor de 6.000 millones, lo que supondría un ajuste total de prácticamente la misma magnitud que los recortes que se produjeron en 2013, en lo más profundo de la crisis. Las comunidades autónomas —incluidas las gobernadas por el PP— tendrán menos espacio fiscal para poder afianzar la recuperación y hacerla inclusiva, y las pensiones se verán nuevamente comprometidas. Nada de esto parece importar al PP y a Ciudadanos, quienes, con el rechazo al nuevo planteamiento, harán suya la infausta frase de su ministro de Hacienda preferido cuando, en 2010, dijo aquello de “que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”. Un ejercicio de irresponsabilidad no solo con el futuro económico de España, sino con las propias consecuencias de sus actos.

Pareciera que el nuevo PP y el viejo Ciudadanos se instalan en el “cuanto peor, mejor”, esperando revertir sus expectativas electorales a costa de los intereses generales.

Jorge Fabra Utray es economista, doctor en Derecho y presidente de Economistas Frente a la Crisis. Firman también este artículo Purificación Esteso Ruiz, economista, ex interventora general del Estado, y Antonio González González, economista y exsecretario general de Empleo.

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