La sentencia del Madrid Arena

En la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012 se celebró en el pabellón Madrid Arena un evento en el que, a consecuencia, entre otras negligencias, de que, a pesar de que el aforo autorizado era de 10.620 asistentes, se permitió la entrada de 16.942, perecieron, por aplastamiento, cinco personas, resultando lesionadas otras 29.

La sentencia (S) de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial (AP) de Madrid de 29 de septiembre del presente año acaba de condenar a diversos responsables de dicho evento, entre otros a su promotor, Miguel Ángel Flores, por cinco delitos de homicidio impudente y por otros de 29 lesiones, también por imprudencia.

El servicio médico para el evento estaba a cargo de los doctores Simón Viñals y de su hijo, Carlos Viñals, siendo la absolución de estos dos médicos por la AP la parte más controvertida de la sentencia.

Una vez desencadenada la tragedia fueron trasladadas a dicho servicio médico las jóvenes Katia Esteban, Cristina Arce y Rocío Oña, reconociendo la sentencia, como Hecho Probado, la conducta imprudente de ambos médicos, en cuanto que a la primera de las muchachas ni siquiera la diagnosticaron y en cuanto que a las dos últimas “entendie[ron] equivocadamente que se encontraban fallecidas”, por lo que no efectuaron sobre ellas las medidas adecuadas de reanimación que podrían haberles salvado la vida: “En cuanto a la asistencia a Cristina Arce, Rocío Oña y Katia Esteban por parte de Simón Viñals y Carlos Viñals”, se puede leer también en la sentencia, “se considera probado que ambos acusados se desentendieron totalmente de la asistencia que debían prestar como responsables del servicio médico del evento a Katia Esteban y no realizaron un correcto diagnóstico de la parada cardiorrespiratoria en la que se encontraban ninguna de las tres jóvenes, ni les practicaron una adecuada reanimación cardiopulmonar para intentar que superaran dicho estado”.

No obstante esa conducta imprudente de ambos médicos, no obstante su posición de garantes de la vida y de la salud de las personas accidentadas que ingresaron en su servicio, la AP resuelve absolver a ambos médicos por los homicidios imprudentes por omisión de los que se les acusaba, porque, para condenarles, habría sido necesario demostrar «que la asistencia necesaria que los doctores Viñals hubieran debido prestar a las tres jóvenes, y no prestaron, habría evitado, con una probabilidad rayana en la certeza, el fallecimiento de las mismas».

Es cierto, como recuerda la SAP Madrid que, en algunas sentencias del Tribunal Supremo (TS) se establece, como principio general, que a un garante sólo se le puede imputar el resultado si se demuestra que la acción omitida que estaba obligado a ejecutar habría evitado dicho resultado “con una probabilidad rayana en la certeza”. Como también es cierto que cuando nuestra jurisprudencia se enfrenta a un caso concreto se olvida, esquizofrénicamente, de ese principio general y no tiene inconveniente en condenar por homicidios o lesiones imprudentes por omisión, aunque sea imposible determinar -como sucede en la mayoría de los casos- cuál habría sido el curso de la enfermedad si se hubiera actuado diligentemente. Y así, en las SSTS de 8 de junio y de 5 de julio de 1989, en la primera se le imputan al médico de guardia unas gravísimas lesiones imprudentes por omisión, a pesar de que se desconocía si el niño, que había sufrido una “contusión craneal severa”, se habría podido librar de las trágicas secuelas sobrevenidas si aquél hubiera ordenado a tiempo el tratamiento médico adecuado, mientras que en la segunda sentencia se condena al facultativo por un homicidio imprudente por omisión, no obstante ser imposible determinar si, en el caso de que el médico hubiera diagnosticado la peritonitis que sufría el enfermo, éste podría haber salvado la vida si se hubieran adoptado las medidas terapéuticas que prescribía la lex artis. Como, debido a la pena prevista, la mayoría de los supuestos de imprudencias médicas son juzgados en instancia por los Juzgados de lo Penal y, en apelación, por las Audiencias Provinciales, sin que quepa el recurso de casación ante el TS, también muchas sentencias de los tribunales inferiores prescinden, a la hora de juzgar, de la aplicación de ese fantasmagórico principio general.

Por sólo citar dos sentencias recientes de tribunales inferiores, en la SAP Gerona de 6 de abril de 2009, que se ocupa de un caso en el que en la paciente aparecen síntomas de una posible evisceración (“una salida al exterior de los órganos abdominales por la desunión de una herida operatoria”), el médico encargado de la vigilancia de la enferma a la que había efectuado la primera operación, omite, como exigía la lex artis, presentarse de urgencia en la clínica -tarda 12 horas en hacerlo- y omite, también imprudentemente, advertir a la enfermera de que, para reducir los peligros inherentes a una segunda e inevitable operación, debe “dejar de suministrar comida” a la paciente. Muchas horas después de presentarse los primeros síntomas de evisceración, el médico-garante procede a operar a la enferma, falleciendo ésta al “sufr[ir] una broncoaspiración masiva grave que le provoca la muerte”, estableciéndose en los Hechos Probados de la sentencia que, aunque el médico hubiera actuado conforme a los principios de la ciencia médica -es decir: aunque hubiera operado de urgencia y aunque hubiera ordenado que la enferma no ingiriera alimentos-, ésta, aunque con muchas menos posibilidades, también podría haber fallecido a consecuencia de una broncoaspiración. La AP Gerona condena al médico acusado por un homicidio imprudente, a pesar de que no puede acreditarse, “con una probabilidad rayana en la certeza”, que si se hubiera actuado conforme a la lex artis, la paciente habría sobrevivido, argumentándose esa condena por la SAP Gerona en que, “ante un supuesto de omisión imprudente como el que nos ocupa, no hay que preocuparse, como hacen los recurrentes, si las acciones omitidas hubieran evitado el resultado (se trata de una tarea abocada al fracaso que, por otra parte, trata de demostrar algo que no se ha dado en la realidad), sino únicamente si la omisión de aplicar una medida de precaución (en este caso concreto se omitieron dos) hizo posible que el foco de peligro incrementara efectiva y notablemente el riesgo permitido (ya que se habría mantenido dentro de éste, si se hubiera adoptado aquélla medida) y si, a su vez, ese foco de peligro (ya prohibido) causó efectivamente el resultado”.

Por su parte, y por citar una última sentencia, la 179/2013 del Juzgado de lo Penal núm. 1, de Huelva, condena a dos médicos por homicidio imprudente por omisión en un caso en el que, equivocadamente, pensaron que la paciente sufría una gastroenteritis, siendo así que padecía un proceso infeccioso que provocó su muerte. El Juzgado no puede asegurar -porque ello es imposible de demostrar- que la actuación conforme a la lex artis de ambos médicos hubiera podido impedir con seguridad el fallecimiento de la enferma: le basta para condenar a ambos médicos por esa muerte con que, si hubieran realizado las pruebas diagnosticas médicamente exigibles, ellas “hubieran dado más chance de alcanzar un diagnóstico precoz”, y con que, una vez alcanzado ese eventual diagnóstico correcto, con un tratamiento antibiótico “probablemente se habría podido evitar el proceso infeccioso del que derivó el resultado fatal”.

De todo lo expuesto se sigue que, ante una situación grave para la salud (peritonitis, infarto, parada cardiorrespiratoria), el tratamiento médico adecuado, por definición, nunca puede garantizar, “con una probabilidad rayana en la certeza”, la supervivencia del paciente, porque, aun con ese tratamiento, siempre existirán casos en los que esa peritonitis o ese infarto o esa parada cardiorrespiratoria, con más o menos probabilidades, desembocarán en la muerte del paciente por muchos esfuerzos que apliquen los médicos, de acuerdo con las reglas de la ciencia, para atender a los pacientes concretos. Por ello, de seguirse la tesis de la AP Madrid para absolver a los dos doctores Viñals, cualquier médico al cuidado de un paciente puede contemplar pasivamente cómo se desarrolla una enfermedad grave, sin hacer nada para atajarla, en la tranquilidad de que, si fallece el enfermo, ello no va a desencadenar responsabilidad penal alguna por homicidio imprudente por omisión. Frente a esta tesis de la AP Madrid hay que afirmar, como hace la citada SAP Gerona que el concreto foco de peligro -la enfermedad que sufre el paciente-, al no adoptarse las medidas terapéuticas que exigía la lex artis, se ha convertido en un foco de peligro por encima del riesgo permitido y que ese foco de peligro, prohibido ya, es el que ha causado efectivamente el resultado mortal: lo decisivo no es que, aun con el tratamiento adecuado también se podría haber producido el mismo resultado letal, sino que éste, si se hubiera actuado conforme a la lex artis se podría haber impedido, porque la finalidad del Derecho penal es evitar, en lo posible, lesiones de bienes jurídicos y esa posibilidad de evitar la lesión es mayor, naturalmente, si se aplican las medidas prescritas por la ciencia médica.

Cuando la AP Madrid afirma -para justificar la absolución de los médicos- que el homicidio imprudente es un delito de lesión -de causación de una muerte- y no de peligro -de peligro de que pueda producirse la muerte a consecuencia de la omisión de efectuar las maniobras de reanimación conformes con la diligencia debida-, se olvida que lo que en este caso ha producido el fallecimiento de las jóvenes es una parada cardiorrespiratoria no tratada adecuadamente, mientras que si, a pesar de haberse actuado de acuerdo con el deber médico, Katia, Rocío y Cristina hubieran fallecido también -lo que nunca puede descartarse- la causa de la muerte -esto es: también de una lesión- habría sido una parada cardiorrespiratoria tratada de acuerdo con la diligencia médica debida.

La absolución de los doctores Viñals por la AP Madrid se basa en una fundamentación que convierte a la lex artis -y, con ello, a la diligencia debida- en una mera norma declamatoria sin vigencia alguna, que puede despreciarse olímpicamente, porque, aunque no se observe, ello no desencadenará ninguna consecuencia penal, ya que el médico imprudente siempre podrá acogerse a la coartada de que, aunque hubiera adoptado las medidas terapéuticas adecuadas, ello no garantizaba, “con una probabilidad rayana en la certeza”, la curación del paciente.

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. El autor se ha ocupado ampliamente de la materia de este artículo en su libro Estudios sobre el delito de omisión (2013) y en su monografía El comportamiento alternativo conforme a Derecho que se publicará en el primer trimestre del próximo año.

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