Me pregunto si en la relación entre los partidos y el Estado no ocurre algo parecido a la relación entre la Iglesia y el Estado. Como bien sabemos, cuanto más avanzada está una sociedad, menos papel tiene en ella la religión. En las sociedades tradicionales, la religión cumple al menos cuatro funciones: explicar el origen del mundo, dar un sentido a la existencia, proporcionar un conjunto de normas sobre lo que está bien y lo que está mal y ayudar al hombre a ir franqueando las distintas etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte.
En algunos países la religión todavía aspira a cumplir estas funciones. Ahí están el creacionismo y la sharia para probarlo. Pero en los países más civilizados, gracias a la separación Iglesia-Estado, la religión ha ido abandonando estas ambiciones y se conforma con ofrecer a sus fieles una visión del sentido de la vida y con acompañarlos a través de sus distintas etapas, dejando la explicación del origen del universo en manos de la ciencia y lo que se debe y no se debe hacer en las del derecho y la urbanidad. Cada cual es libre de pensar lo que quiera sobre la razón de su existencia y de casarse por el rito que prefiera, pero no puede impedir que se explique a los niños en las escuelas la teoría de la evolución ni obligar a nadie a lavarse las manos más o menos veces al día o a dejar de comer carne los viernes de Cuaresma.
De igual modo, en las sociedades con una democracia poco arraigada, muchas cosas dependen del partido al que se elige. Cuando el partido en el poder cambia, cambian también la ley de educación, la línea editorial de la televisión pública, el equilibrio entre la sanidad pública y privada y la orientación de órganos e instituciones que se supone que deben ser tan independientes como nuestro Tribunal Constitucional. Si el Gobierno dispone de una mayoría suficiente para ello, se siente con pleno derecho a modificar las leyes a su antojo: quien manda es él, no la ley. A nadie le parece mal que trate de favorecer a su partido y de perjudicar al adversario.
En cambio, en las sociedades políticamente más avanzadas, la convivencia se asienta sobre un espacio común en el que los partidos no pueden intervenir. Hay un juego de normas y de equilibrios institucionales que todos respetan, y si alguien trata de alterarlos se gana la inmediata repulsa de los demás. Los gobernantes han de utilizar el poder que se les concede para el bien de la comunidad, no el propio ni el del propio partido. Quien manda de verdad, quien rige los destinos de la sociedad, es la ley, no el gobernante de turno, que debe someterse a ella. El poder y la riqueza están separados, igual que la religión y el Estado. Entre los ciudadanos, la lealtad al sistema y a las normas que lo regulan está por encima de la lealtad a su partido —si son miembros de alguno— y a sus correligionarios. El mantenimiento de unas normas básicas de convivencia hace que el resultado de las elecciones no sea un asunto de vida o muerte para nadie, ni afecte a su capacidad de ganarse la vida honradamente.
¿Dónde está España, de acuerdo con este criterio? ¿Está la sociedad española suficientemente secularizada, desde el punto de vista político? Me temo que no, que estamos más cerca de las democracias poco arraigadas que de las democracias avanzadas. Aquí la separación partido-Estado es aún muy precaria. Aquí, la política se entiende como una guerra de trincheras en la que el que no está conmigo está contra mí, una discusión entre formas incompatibles del mundo, entre esencias ideológicas e identidades partidistas (en el sentido más literal de la expresión: la identidad de cada cual se funde con su adscripción partidista).
Aquí, cuando cambia el Gobierno no solo cambian los ministros y los secretarios de Estado, que sería lo normal, sino que cambian también todos los subsecretarios y los directores generales de la Administración central y muchos subdirectores generales y asesores. Cambian los embajadores, los agregados sectoriales de las embajadas, los presidentes y los consejeros de las empresas participadas por el Estado, aunque sean privadas, los directores de think tanks y centros de estudios. Cambia el equilibrio ideológico en el seno del Tribunal Constitucional y del Consejo del Poder Judicial. Cambian los responsables de instituciones independientes como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, arrasando espacios en los que no deberían tener cabida las ideologías. Aquí es como si cada equipo de fútbol, al jugar en su campo, pudiera nombrar al árbitro. Es cierto que no todos los partidos son iguales. Un ejemplo: en 2004, el Gobierno elaboró un estatuto para garantizar la independencia de la televisión pública, pero al llegar al poder en 2011 el nuevo Gobierno lo reformó para poder nombrar a quien quisiera y poner Televisión Española a su servicio.
En este clima, nada es visto con mayor desconfianza que ir por libre, pensar lo mismo que unos en unas cosas y lo mismo que los otros en otras. Los que se atreven a hacerlo son vistos con desconfianza por todos. Gustan las personas de una pieza. La transversalidad —menuda palabra, por cierto— está mal vista: los transversales son en realidad o unos tibios o unos chaqueteros, si no son ambas cosas a la vez. La conjura de los extremos que nos condujo a la Guerra Civil se ha convertido hoy en la conjura de los opuestos, que no quieren que nadie ande por ahí sin adscripción. El deporte nacional es averiguar si tal es de la cuerda de fulano o de zutano, clasificar, etiquetar. Si es de unos ya no puede ser de los otros.
En el fondo esta actitud huele a sacristía. Es una herencia de un pasado en el que el poder, como se podía leer en las monedas, se ejercía por la gracia de Dios. Aquí las ideas se profesan, se comulga con ellas. Fuera del partido —el que sea— no hay salvación. Las ideas propias son casi siempre una forma de herejía. La política es sectaria en el peor sentido del término: niega cualquier atisbo de razón al otro. “No cree en Dios, pero cree todavía en la gramática”, dijo Nietzsche, burlándose de no recuerdo quién. Según las encuestas, aquí ya no creemos mucho en Dios, pero seguimos defendiendo religiosamente a los nuestros.
Los partidos políticos son imprescindibles en toda democracia, y sin militantes no hay partido que se sostenga. Pero no es bueno que los partidos —igual que la religión— invadan esferas de la vida pública que no les corresponden. La justicia, la Administración, la educación no deben politizarse. Sin instituciones independientes, la democracia pierde calidad. Si alguna vez nos decidimos a reformar el sistema político, cosa cada vez más necesaria, este es uno de los aspectos que conviene abordar. En momentos como ahora en que todo vuelve a estar en cuestión, tener espacios públicos fuera del alcance de la lucha partidista proporciona estabilidad. Necesitamos una mayor separación partido-Estado.
Carles Casajuana, escritor y diplomático, fue embajador de España en el Reino Unido.