Los que viven en Madrid perciben la grandeza del Estado hasta en clave arquitectónica. Los Nuevos Ministerios, el Ministerio de Agricultura en Atocha, el Banco de España… y eso quizá los lleve a visualizar el Estado como algo sólido. ¿Es así? No. Fuera de Madrid, el Estado es una entidad casi ausente, con competencias cada vez más limitadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (allí donde las hay, lo que no es el caso de Euskadi o Cataluña) y a la Agencia Tributaria, que tiene que competir en territorios como Cataluña, Euskadi o Galicia. Y es que el Estado -simplificando, Madrid- dormita ajeno al bullicio, como evitando que se extienda la desazón. Es como si la capital del Reino le hubiese puesto el aire acondicionado a la efemérides de septiembre. Pero las provincias andan a lo suyo (entre descaradas y endeudadas) en una escalada que hace unos días, ha llevado a la Consejera de una Comunidad Autónoma a declararse insumisa en el cumplimiento de la ley. Pero nadie le ha dicho nada, ni siquiera su jefe, que no la ha cesado incontinenti.
Abundando en la insignificancia, el Delegado del Gobierno es una figura cada vez con menos peso político. Lejos quedan los tiempos en que un escritor de la Real Academia Gallega ocupaba la delegación del gobierno en Santiago de Compostela. Hay otras pruebas a aportar. Tras un cambio normativo -aceptado por Aznar en su primera legislatura- a los presidentes de las autoridades portuarias "del Estado" ya no los nombra el Consejo de Ministros sino la Comunidad Autónoma de turno.
Fuera de Madrid, como firme reliquia, queda –con sus reales sentados en Barcelona- el empeño personal del ministro Montilla: la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (hoy integrada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). Qué torpeza no insistir en la descentralización de sedes del aparato del Estado, con lo que los sufridos ciudadanos de Madrid agradecerían la descongestión. ¿O es que no tendría más sentido que la Organización Mundial de Turismo -hoy en Capitán Haya- fijase su sede en Palma de Mallorca?
De todo esto se deriva la irrelevancia que inspira el Estado al ciudadano de fuera de Madrid, caldo de cultivo para la desafección que, unida a la mitología nacionalista, trae lo que trae. Y lo que trae, en el caso de Cataluña, es una hoja de ruta trazada por el sector independentista, unos meses, desde la constitución del nuevo Gobierno, para instar la secesión. Quizá la gente, al votar condene la apostura de pedir el apoyo a una lista para que el número 4 sea el presidente. También habrá quien se pregunte cómo es posible que la burguesía catalana -la base de Convergencia- termine votando a un comunista ecologista… Muy profundo tiene que ser el odio a lo español para que pase eso.
Mientras, me temo que el sector "unionista" no ha ido ni a la papelería a comprar su ‘hoja’. Es como si siempre se estuviese jugando a empatar el partido cuando es sabido que si se sale a empatar, lo normal es que, al final, el partido se pierda. Fíjense las prisas de las lideresas de los motores civiles de la independencia -la Assemblea Nacional Catalana y Omnium Cultural- apremiando a los aspirantes a la presidencia del Barça a comprometerse con la lista unitaria. Todos pasaron por el aro y pobre del que no lo hiciera. Menos mal que las elecciones las ha ganado alguien templado del que no se esperan disparates dolosos, a pesar de la presión secesionista sobre una entidad deportiva que es ´més que un club’.
Pero volvamos al partido. Hablando de empatar... ¿era necesario mover a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado ante los pitidos independentistas de la final de la Copa del Rey? La Abogacía del Estado y la Fiscalía están para actuar ante problemas jurídicos; ¿la cuestión catalana es un problema jurídico o realmente estamos ante un problema político? Político, al que las ‘fuerzas jurídicas’ no son indiferentes en la medida en que se pudiera ver comprometida la legalidad.
Lo que está pasando tiene que ver con la grieta que se ha abierto en las instituciones porque en los últimos meses hemos asistido a la caída de Jordi Pujol -el genuino padre del nacionalismo– al que en otras jurisdicciones, probablemente se le hubieran aplicado medidas cautelares algo más exigentes. Por cierto, la levedad de la Justicia en este caso junto con la activación de Fiscalía y Abogacía del Estado para el tema de la pitada equipara ambos procesos -lo cual no deja de ser sorprendente- y los sitúa a ojos de la opinión pública como "casos políticos".
Una cuestión molesta para todos, como parece indicar que no haya hoja de ruta clara para posicionarse políticamente ante una causa judicial de tal gravedad. En el Madrid estival, no se escucha protesta sonora ante la asimetría entre el trato condenatorio que se dio al defraudador Rato y la condescendencia con que se gestiona el caso del defraudador Pujol.
En la sociedad catalana hay auténticos héroes, a título personal, pero una sociedad no funciona a base de héroes (un entrenador de fútbol convertido, por mor de los laureles del Barça, en arco de bóveda de la causa) -exiguos, en cualquier caso- lo que lleva a concluir que la ambigüedad de los vivientes –empresarios e intelectuales- es mayoritaria.
Tengo un sobrino, castellano viejo y agricultor, pendiente de la producción del piñón -el oro de la zona- tras cuatro años desastrosos por culpa de un insecto, que me ha advertido que el ‘tema catalán’ ya le cansa, y se suma a un contingente creciente que se atreve a pronosticar –en su hastío- que un referéndum sobre la salida de Cataluña, en toda España, podría arrojar resultados paradójicos: con un no a la independencia en Cataluña y el sí en el resto del país. Y eso sí que no.
El desafío -ya a campo abierto- pide una réplica a la altura del mismo. Esta siesta táctica no cabe que se prolongue más. El jefe del gobierno debe llamar a Duran i Lleida, Iceta y Rivera y dar respuesta serena y bastante al ‘memorial de agravios’ y el pretendido maltrato a Cataluña. Sin olvidar -en estos vis-á-vis- que el Estado es hoy titular de la mayoría del stock de la deuda de Cataluña (vía el Fondo de Liquidez Autonómica, el Plan de Pagos a Proveedores y demás instrumentos normativos que se aprobaron en 2012) y que sin haber modificado formalmente la LOFCA le han dado la vuelta como un calcetín.
A quienes en Cataluña no quieren la independencia -y por tanto desean proseguir la unión con el resto de España- no se les puede dejar en un limbo, entre el activismo desaforado de unos (‘ya se encargará la Abogacía del Estado de pararles los pies’) y el silencio aparentemente tranquilo de los otros.
Y por fin, aunque en Europa esta obsesión identitaria -sin amparo legal- se conlleva como algo incómodo, habrá que interesarse en el cómo y cuándo el Consejo, la Comisión, el Parlamento Europeo, o todos ellos, van a trasladar -a quien les quiera oír- que la independencia los dejaría fuera de las instituciones por una buena temporada. ¿Qué ya lo han dicho? Que insistan, porque los del ‘Junts pel si‘ dicen que no.
Aquí no hay siesta táctica para nadie.
Luis Sánchez-Merlo ha sido Secretario General de la Presidencia del Gobierno (1981-1982)