La soberanía de la responsabilidad

Todo futuro que valga la pena solo puede nacer del ejercicio común de la responsabilidad. Es el momento de pensar en las próximas generaciones, en el futuro de nuestro proyecto como sociedad. Debemos ampliar la perspectiva, identificar y reconocer nuestros errores y dejar en herencia un nuevo horizonte a nuestros jóvenes. Una sociedad que niega las perspectivas de futuro –el trabajo– a más de la mitad de su juventud es, sin duda, una sociedad caduca e incapaz de regenerarse. Las hiperbólicas cifras de empresas y puestos de trabajo destruidos son la expresión dolorosa de un proceso degenerativo que requiere de tratamientos de alcance, profundos.

Vivimos una era global y globales son sus problemas y remedios. En sociedades complejas y desarrolladas como la nuestra es necesario que diferentes actores aporten nuevas perspectivas para el país y su gente. En este sentido es como debe entenderse la soberanía, y más en un momento en que se debate –en Europa, en nuestro entorno– la capacidad de los poderes públicos de ejercer las propias determinaciones en un contexto en que organismos supraestatales velan, o deberían hacerlo, por la consolidación de proyectos de alcance continental en que se han invertido elevadísimos esfuerzos políticos, económicos, humanos. Hablo, evidentemente, de Europa, que es hablar también de Catalunya y de España.

Somos soberanos de nuestras responsabilidades, porque hemos decidido libremente asumirlas. En el momento actual, nada nos puede hacer más soberanos de nuestras responsabilidades que el hecho de ejercerlas. Tenemos el derecho y el deber de reconducir nuestro proyecto común. Nos debe preocupar el presente porque nuestro objetivo es el futuro, un futuro mejor.

Padecemos una erosión de las legitimidades. El poder político está profundamente desacreditado y las instituciones representativas de la sociedad civil corremos el riesgo de sufrir la misma suerte si permitimos que esta crisis nos aleje definitivamente –nos desconecte– de todo aquello que representamos. Las organizaciones empresariales como Foment del Treball –que tengo el honor de presidir– estamos transformando nuestra realidad para hacer el mejor servicio, en particular, a la parte de la sociedad de la que somos repre-sentantes, y a la ciudadanía en general. Nuestra apelación a la unidad, al ejercicio común de las responsabilidades, comienza por nosotros mismos con la firme voluntad de colaborar en una unidad del mundo empresarial que fortalezca las empresas de Catalunya y beneficie a todo el país y a sus ciudadanos.

Como agentes sociales somos buenos conocedores de las fortalezas del sistema político e institucional que en Catalunya y en España hemos construido en los últimos 30 años, pero también de muchas de sus carencias. Así, sólo así me atrevo a apuntar algunas c onsi deraci ones ante la pérdida de compromiso en que, como sociedad, estamos instalados.

Necesitamos mantener total confianza en la Justicia, por lo que es necesaria una inequívoca aplicación del derecho ante los abusos cometidos. Es necesario que luchemos para desterrar la corrupción que ha actuado como elemento corrosivo para nuestro sistema democrático y ha mermado nuestra confianza en el proyecto social común.

En la esfera pública, es preciso contar con mecanismos efectivos de transparencia en la gestión de los intereses generales. De esta manera, por ejemplo, sería conveniente una normativa que regule las relaciones de las empresas o corporaciones con la Administración Pública, sus representantes y sus legisladores. Al mismo tiempo, también parece evidente la oportunidad, ya ineludible, de fijar claramente por ley un sistema transparente y realista de financiación de los partidos políticos.

Todo indica que, a día de hoy, nuestras Administraciones Públicas sufren un sobredimensionamiento que requiere un ajuste inmediato. Es necesaria la reducción y simplificación de los organismos de la Función Pública en el Estado y las autonomías, al mismo tiempo que la contención de sus costes estructurales.

En este contexto de dificultades para las finanzas públicas, en Foment del Treball nos preocupa particularmente el exceso de presión fiscal, que tiene sentido si asegura las bases de nuestra sociedad de bienestar como son la educación, la sanidad pública y el sistema de pensiones, que aportan seguridad y estabilidad a las familias.

La organización política y administrativa del Estado debe sustentarse sobre todo en la racionalidad y la eficiencia. Por lo que se refiere al modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, desde el respeto al principio de solidaridad interterritorial, no se debe continuar perjudicando las balanzas fiscales de las comunidades que más aportan. De este modo, en el caso de Catalunya, en Foment del Treball, defendemos la necesidad de un nuevo modelo de financiación que deje de perjudicar a su capacidad de crecimiento, a la prestación de servicios y que respete el denominado principio de ordinalidad.

Con todas estas reflexiones sólo quiero invitar a que todas las fuerzas políticas, sociales y cívicas hagamos un esfuerzo conjunto, un ejercicio común de responsabilidad para reconducir esta situación de crisis y sentar las bases de un futuro sólido para las nuevas generaciones. Se trata de un ejercicio de soberanía tangible, de reconstruir los fundamentos de la credibilidad y la confianza. La credibilidad y la confianza en nosotros mismos.

Joaquim Gay de Montellà, presidente de Foment del Treball.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *