La soberanía, esa antigualla

En el pobre debate político español se ha acuñado la palabra soberanismo para resumir las apetencias secesionistas de algunos territorios. No admitido por la Real Academia, el extraño neologismo entronca obviamente con la noción de soberanía que ha sido la viga maestra de la construcción del Estado moderno.

Como se sabe, pero no está de más recordar, su formulador más agudo fue Bodino, quien publicó su obra Six Livres de la République en el último tercio del siglo XVI (1576). Signo distintivo de la soberanía era -para este pensador- el hecho de que su titular carecía de superior hallándose tan solo sometido a las leyes fundamentales que no podía infringir. El fin del Estado será justamente el ejercicio del poder soberano orientado por el Derecho. Una idea revolucionaria pues, en su inocente apariencia, estaba liquidando la concepción medieval según la cual el poder servía para ejecutar los designios de Dios.

Este poder, indivisible y eterno, explicarían más tarde Hobbes y Rousseau, se fundamenta en el contrato social, en un acuerdo a favor de «una persona o una asamblea de personas» trabado entre individuos libres e iguales que confían el Gobierno a sus representantes, reflexión ésta de gran calado porque supone la neutralización de los estamentos y de la Iglesia. El humus que permitiría llegar nada menos que a las revoluciones americana y francesa está formándose lentamente.

La polémica acerca de si el titular de esa soberanía era el príncipe o el pueblo fue tan viva que cavó las trincheras desde las que se estuvieron disparando tiros durante buena parte del siglo XIX. No es extraño que, cansados de tanta sangre, algunos juristas aplicaran el bálsamo de sus sutilezas para desactivar tanto dramatismo. Uno de los más ilustres, Georg Jellinek, rebajó los humos de la tradicional soberanía para reducirla a una categoría histórica: el poder del Estado -aseguraba- se manifiesta en el hecho de estar sometido a sus propias leyes y no a las de ningún poder extraño, así como por disponer de órganos para determinar su voluntad. La polémica se enriquecería con copia de opinantes (Preuss, Hermann Heller, etc, antes Laband) y es nada menos que Kelsen quien, irreverente ante el hechizo del concepto, lo disuelve en el contexto de su teoría acerca de la validez del ordenamiento y de su configuración del derecho internacional que restringe la soberanía de los Estados podando unos excesos peligrosos que conducen al desarrollo del imperialismo y, con él, a la destrucción de amplias esferas de libertad.

Han pasado muchos años desde estas formulaciones y los acontecimientos no han hecho sino confirmar en Europa una tendencia que fuerza a explicar la soberanía de otra manera, porque hoy no puede ligarse sin más al Estado sino a una combinación que incluiría a éste y a la supranacionalidad europea. Lo que nos obliga a abandonar la idea tradicional para abrazar la de soberanía conjunta o compartida, apta para garantizar la diversidad de los niveles de Gobierno con la unidad de la acción política y de su medio de expresión más solemne que es la producción jurídica. Utz Schliesky ha desmenuzado en un denso estudio esta idea. El actual ejercicio de los poderes soberanos se ha desplazado así desde la individualidad de esos Estados a su actuación como miembros de una comunidad, razón por la cual se ha esfumado el poder único e indivisible para emerger otro de rasgos renovados basado en la existencia de un orden jurídico complejo e irisado pero dotado de los suficientes elementos para ser reconocido como un todo unitario, trabado por el Derecho y cimentado por el principio de lealtad de la Unión con los Estados y viceversa.

Me atrevería a utilizar la expresión de soberanía diluida para describir esta nueva situación jurídico-constitucional.

Convengamos, pues, en que la soberanía, entendida al modo tradicional, ha devenido una pieza herrumbrosa en el mundo europeo y global que se está construyendo. Enormemente reaccionaria por añadidura.

Porque es, por ejemplo, la culpable del fracaso de la Cumbre de Copenhague, que, si contra algo se ha estrellado, ha sido justamente contra la insolidaridad de las naciones dotadas de soberanía. Hoy, nadie que se halle en pleno uso de sus facultades mentales duda de la necesidad de contener los desvaríos que se cometen en este planeta desbocado, por lo que las políticas ambientales se han convertido en un objetivo esencial de toda sociedad civilizada. Y ello más allá o incluso al margen de la polémica sobre el cambio climático y de si están bien o mal fundadas las afirmaciones de tal o cual climatólogo: sencillamente porque nuestro despilfarro debe acabar, ya que miles de millones de habitantes del planeta no tienen por qué soportar el egoísmo que cultivamos con injurioso descaro las sociedades ricas. Todas ellas envueltas en la bandera desflecada de la soberanía.

Si miramos a Europa, la desintegración del mercado interior y la imposibilidad de articular una política económica común se deben asimismo al nacionalismo soberano de algunos Gobiernos.

Sería difícil explicar a un marciano -como ha notado Paul Kennedy- las razones por las cuales andamos los 7.000 millones de habitantes del planeta encuadrados en 192 Estados, muchos de ellos fallidos o simplemente desintegrados. Un mapa ridículo de naciones separadas, grandes o pequeñas, ricas o pobres, pacíficas o belicosas, cada una de ellas estimulando a sus ciudadanos a cantar, trémulas las gargantas, sus himnos, a enarbolar sus banderas añosas y a formar ejércitos bien nutridos de funcionarios. Lo estamos viendo estos días con la magna desgracia ocurrida en Haití. Causan estupor los miramientos con los que está desembarcando allí la ayuda norteamericana (la señora Clinton se ha deshecho en excusas al bajar del avión) y las acusaciones de imperialismo que he oído desde los bancos de una izquierda ridículamente antiamericana en el hemiciclo del Parlamento Europeo. Procede hablar con claridad: defender hoy la soberanía de Haití no es defender a una nación, es defender sin más las trapacerías y la ladronería que sus dirigentes llevan practicando allí impunemente desde hace años.

Un libro reciente, el de Caroline Fourest (La dernière utopie. Menaces sur l’universalisme, Grasset, 2009), ha puesto de manifiesto, además, cómo son precisamente circunstancias nacionales las que sirven para limitar aquí o allá la libertad religiosa o la de expresión convirtiéndose «la soberanía en la excusa permanente para practicar una visión restrictiva de los derechos del hombre». Una moda peligrosa -sigue explicando la señora Fourest- que se completa con la exaltación de la diversidad y esas diferencias que nos enriquecen cuando en realidad son coartadas para sacralizar desigualdades entre las personas y presentar como verdades inconcusas lo que no es sino un montón deforme de prejuicios. Pues una cosa es utilizar la diversidad para luchar contra la tentación de reducir el hombre de la Declaración universal al macho, blanco y heterosexual y otra bien distinta utilizarla para insistir en aquello que nos diferencia en lugar de hacerlo para subrayar lo que nos une.

Sólo en un país como España, en el que se desvaría recio y en el que se hallan extraviadas nociones elementales de la Teoría del Estado, ha podido acuñarse una palabra como el soberanismo para reivindicar experimentos políticos que ignoran el hecho de que la Historia, según dejó escrito Ortega, tiene de río el no saber andar hacia atrás. Lo extravagante es que quienes por tal senda caminan son tenidos en ambientes muy selectos por progresistas.

Francisco Sosa Wagner, catedrático y eurodiputado por UPyD. Su último libro es Juristas en la Segunda República, Marcial Pons, 2009.