La soberanía tecnológica de Europa exige algo más que competitividad

Como parte de su postura de confrontación hacia Europa, el presidente estadounidense, Donald Trump, podría acabar usando las tecnologías críticas como un arma. La Unión Europea debe apreciar la verdadera naturaleza de esta amenaza y superar su estrategia actual de competir con Estados Unidos como aliado económico. Para lograr una verdadera soberanía tecnológica, la UE debe ir más allá de su enfoque estrecho en la competitividad y la desregulación y adoptar una estrategia mucho más ambiciosa.

Tras aprobar en los últimos años varios proyectos de ley emblemáticos en materia tecnológica, la UE busca ahora impulsar la innovación y mejorar la competitividad. Basándose en el influyente informe de 2024 del expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, la Comisión Europea ha publicado recientemente la Brújula para la Competitividad -su hoja de ruta para aplicar las recomendaciones de Draghi.

La creciente preocupación de Europa por la competitividad se ve alimentada por su incapacidad para desafiar a los gigantes tecnológicos estadounidenses allí donde más cuenta: en el mercado. Como señala el informe de Draghi, la brecha de productividad entre Estados Unidos y la UE refleja, en gran medida, la debilidad relativa del sector tecnológico europeo. Las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de la Comisaria de Tecnología, Henna Virkkunen, sugieren que los responsables de las políticas se han tomado a pecho el mensaje de Draghi, haciendo de la competitividad el eje central de la política tecnológica de la UE.

Pero este enfoque singular es insuficiente y potencialmente contraproducente en un momento de agitación tecnológica y geopolítica. Si bien poner el foco en la competitividad podría reducir la influencia de las Grandes Tecnológicas en la economía y las instituciones democráticas de Europa, también podría afianzarla. La actual obsesión por la desregulación de los líderes europeos -potenciada por el informe de Draghi- hace que la formulación de políticas de la UE sea cada vez más vulnerable a las presiones de los poderosos intereses empresariales y corre el riesgo de legitimar políticas que son incompatibles con los valores europeos fundamentales.

Como resultado de ello, es más probable que las medidas desregulatorias de la Comisión Europea -incluida su reciente decisión de archivar los borradores de normas sobre IA y privacidad, y su próxima “simplificación” de la legislación tecnológica, incluido el RGPD- beneficien a los gigantes tecnológicos consolidados que a las startups y a las pequeñas y medianas empresas. Mientras tanto, el impulso apresurado y acrítico de Europa por la “competitividad en IA” amenaza con fortalecer el control cada vez mayor de las grandes tecnológicas sobre el conjunto de tecnologías de IA.

No es de extrañar que la agenda desregulatoria del informe de Draghi haya sido bien recibida en Silicon Valley, incluso por el propio Elon Musk. Pero las ambiciones de algunos líderes tecnológicos van mucho más allá de la reducción de la burocracia. El uso que Musk hace de X (antes Twitter) y de Starlink para interferir en elecciones nacionales y en la guerra de Ucrania, junto con los ataques descarados de la administración Trump a la regulación tecnológica de la UE, demuestran que la búsqueda de poder de las Grandes Tecnológicas plantea una seria amenaza para la soberanía europea.

La tarea más urgente de Europa, por tanto, es defender los derechos de sus ciudadanos, su soberanía y sus valores fundamentales frente a unos gigantes tecnológicos estadounidenses cada vez más hostiles y sus aliados en Washington. La profunda dependencia del continente de la infraestructura digital controlada por Estados Unidos -desde los semiconductores y la computación en la nube hasta los cables submarinos- no solo socava su competitividad al cerrar el paso a alternativas de producción propia, sino que también permite a los propietarios de esa infraestructura explotarla con fines lucrativos.

Y lo que es aún más alarmante, la dependencia tecnológica de Europa otorga a un puñado de empresas y al gobierno de Estados Unidos un poder desmesurado sobre su desarrollo tecnológico y su toma de decisiones democrática. Este poder podría utilizarse para sofocar el crecimiento del sector tecnológico europeo restringiendo el acceso a chips avanzados o supeditando el acceso a la computación en la nube a una regulación poco estricta de las empresas tecnológicas estadounidenses.

Proteger a Europa de este tipo de coacciones, en última instancia, aumentará su competitividad. Una aplicación estricta de la legislación en materia de competencia y de la Ley de Mercados Digitales, por ejemplo, podría frenar la influencia de las Grandes Tecnológicas y, al mismo tiempo, crear un espacio para que prosperen las nuevas empresas y los competidores europeos. Del mismo modo, la aplicación de la Ley de Servicios Digitales y de la Ley de Inteligencia Artificial protegerá a los ciudadanos de los contenidos nocivos y de los sistemas peligrosos de inteligencia artificial, permitiéndole a Europa ofrecer una alternativa genuina a los modelos de negocios basados en la vigilancia de Silicon Valley.

En este contexto, los esfuerzos por desarrollar alternativas europeas propias a la infraestructura digital de las Grandes Tecnológicas han ido cobrando impulso. Un ejemplo notable es la iniciativa denominada “Eurostack”, que debe considerarse un paso clave en la defensa de la capacidad de Europa de actuar con independencia. En un panorama geopolítico cada vez más volátil, la soberanía es algo más que competitividad: tiene que ver con la seguridad, la resiliencia y la autodeterminación. Por tanto, los responsables de las políticas europeos deben sopesar la competitividad frente a otros objetivos, a menudo más importantes. Una economía “competitiva” tiene poco valor si va en detrimento de la seguridad, de un entorno digital justo y seguro, de las libertades civiles y de los valores democráticos.

Afortunadamente, Europa no tiene que elegir. Si aborda sus dependencias tecnológicas, protege la gobernanza democrática y defiende los derechos fundamentales, puede fomentar el tipo de competitividad que realmente necesita.

Marietje Schaake, a former member of the European Parliament, is International Policy Director at Stanford University’s Cyber Policy Center, International Policy Fellow at Stanford’s Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, a member of the Executive Committee of the UN High-level Advisory Body on Artificial Intelligence, and Practice Lead for Emerging Technology Governance at the International Center for Future Generations. Max von Thun is Director of Europe and Transatlantic Partnerships at the Open Markets Institute.

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