Impresionantes mansiones en la selva, indígenas con cadenas de oro y diamantes, bodas espectaculares amenizadas por famosos grupos musicales mexicanos; terratenientes que fueron forzados a vender sus haciendas a sus enriquecidos caporales; campesinos defendiendo cultivos de amapola; tesoros arqueológicos atrapados en zonas dominadas por criminales, ejércitos privados que juntos superan al poder del Estado, cientos de aeropistas clandestinas y la segunda mayor flota de aviones privados de Latinoamérica: son solo algunas de las muchas historias de la transformación provocada por el crimen organizado en Guatemala en menos de 20 años.
El Gobierno guatemalteco acaba de ser prácticamente derrumbado por un movimiento cívico que tomó las calles para asegurar se cumplieran las resoluciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este momento puede definirse como una batalla entre poderes mafiosos y la sociedad civil guatemalteca. En un escenario como este la pregunta más importante es si lo que está ocurriendo son las señales del desenlace de un conflicto o, por el contrario, son solo el anuncio de una crisis mayor.
En Guatemala en medio siglo han desaparecido 59 partidos, entre ellos la Democracia Cristiana, el Partido Revolucionario y el Movimiento Nacional de Liberación, que surgieron en los años cincuenta. El fin de estas fuerzas dio paso a una fragmentación crónica del sistema. Hay ahora 28 partidos, la mayoría coaliciones temporales alrededor de un caudillo. En los últimos 30 años ningún partido ha gobernado dos veces y siempre hay tantos partidos nuevos como candidatos aparecen. La fragmentación ocurrió por abandono y autodestrucción. No ha habido una polarización política ideológica que derivara en competencia y fiscalización mutua.
Guatemala es el país de más baja recaudación fiscal de Latinoamérica y posee un empresariado que se ha resistido ferozmente a cualquier reforma tributaria, lo cual ha generado un Estado estructuralmente débil. Esto y la inexistencia de un sistema político de competencia ha favorecido el crecimiento exponencial de la corrupción y del crimen. Conforme a una investigación de la CICIG, las campañas se han financiado con un 50% de apoyo de los empresarios, un 25% de contratistas corruptos que aspiran a lograr obras del Gobierno y un 25% de caudillos locales que pertenecen al crimen organizado: los poderes económicos formales y los poderes corrupto-criminales se dividen el país en partes iguales.
Al inicio de su Gobierno el presidente Pérez Molina propuso la legalización de la producción, el comercio y el consumo de las drogas, dejando de lado la mano dura contra el crimen que ofreció en campaña. Es difícil creer que el general cambió tras una reflexión intelectual. A diferencia de lo que hizo Uruguay con la marihuana en un contexto de Estado y ciudadanía fuertes, la posición de Pérez respondió a un acomodo pragmático ante el poder económico, político y territorial que el crimen organizado tiene en su país. La propuesta de legalizar fue para establecer el dejar hacer, dejar pasar.
Una posición pragmática frente al crimen lleva inevitablemente a una severa trastocación de los valores que hacen posible un Estado de derecho. Si se es pragmático con los criminales, al final será lo mismo con respecto a la corrupción propia. La conducta mafiosa del presidente y sus allegados parte de creencias como “así es en todas partes”. Cuando no se combaten las conductas criminales hacia abajo, terminan progresando hacia arriba. Por ello hay ahora una Guatemala mafiosa que abarca al crimen organizado, al sector corrupto de la clase política y a parte del empresariado.
La situación que ahora vive Guatemala puede compararse con la de Colombia cuando el narcotráfico penetró o cooptó instituciones del Estado, compró a gran parte de la clase política y llegó a tener tantos recursos como los grandes capitales del país. Cuando las élites reaccionaron, las redes criminales y de corrupción habían crecido tanto que la lucha por desalojarlas derivó en una sangrienta confrontación armada. Toda actividad económica genera nuevas clases sociales: una economía corrupta y criminal genera desde nuevos ricos hasta proletarios. Guatemala vive un momento similar de ruptura con las estructuras sociales, económicas y políticas mafiosas que crecieron al no combatirlas. Es difícil saber si lo que viene será violento o pacífico; lo que está claro es que apenas comienza y que no será fácil.
Joaquín Villalobos fue guerrillero salvadoreño. Es consultor para la resolución de conflictos internacionales.