Hace ya bastantes años, cuando cursaba mis estudios de Economía, me impresionó mucho una de las clases del profesor Fuentes Quintana. En ella explicó las características de los Presupuestos en un régimen democrático, su significación y valor como compromiso público respecto a la política económica y los principios que debían dirigir su formación, aprobación, ejecución y control. Pero lo que auténticamente me impresionó fue cómo mi maestro resaltó la soledad de todo ministro de Hacienda que se decidiese por el equilibrio entre gastos e ingresos, es decir, que aplicase la conocida receta del «santo temor al déficit» del ministro D. José de Echegaray. Se encontraría solo a la hora de preparar un Presupuesto riguroso, pues sus colegas de Gobierno, su partido y sus posibles aliados parlamentarios se mostrarían reticentes con las limitaciones de gasto que supondría tal equilibrio. La oposición pediría más gastos públicos para atender a su electorado y los analistas considerarían poco verosímiles sus predicciones sobre la situación económica cuando no coincidiesen con las que ya ellos hubieran formulado. Incluso podrían aparecer revueltas populares contra los Presupuestos.
Recordé aquella lejana lección el pasado 23 de octubre, cuando el ministro de Hacienda se enfrentó a la Cámara y a la opinión de casi todos los analistas para defender unos Presupuestos de gran dureza respecto al gasto, pero que prometían el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales sobre déficit público. Aunque arropado por la mayoría de sus compañeros de gabinete, el ministro parecía estar solo ante las duras críticas de los restantes grupos políticos con la excepción casi única de su propio partido. También estaba solo frente a los analistas, los organismos internacionales y a la mayoría de los medios de comunicación, que auguraban el incumplimiento de nuestras obligaciones internacionales en 2012 y 2013 y que de paso pedían mayores gastos públicos para el crecimiento o para mantener, decían, el Estado de bienestar. Poco más o menos, la historia que hacía tantos años me habían anticipado.
Quizá no sea tan difícil que España cumpla sus obligaciones respecto al déficit en este año y en el próximo. Como lo que he llamado en otra ocasión hipótesis Montoro -es decir, que los ingresos públicos para 2012 alcancen las cifras previstas- parece que resultará cierta, es posible que se llegue al déficit comprometido para este año, aunque con desvío de algunas décimas sobre el 6,3% acordado. Ese desvío no resultaría excesivo teniendo en cuenta que el déficit de 2011 ha sido finalmente de un 9,4% del PIB y que bajar desde esa cota hasta el 6,3 representa un esfuerzo de más de tres puntos de porcentaje en un solo año, una hazaña nunca vista en los países desarrollados. Las dudas que aún persisten se refieren a las Comunidades Autónomas, donde los datos actuales pronostican cumplimiento pero los de finales del año podrían deparar alguna sorpresa desagradable. Pero, sobre todo, a la Seguridad Social, cuyos ingresos están siendo seriamente afectados por la reducción de afiliados y cuyos gastos crecen con rapidez debido a la fuerte presión de las pensiones. En cuanto al cumplimiento en 2013, las discrepancias derivan de la evolución que siga nuestra economía en ese ejercicio. Analistas y organismos pronostican que la economía española seguirá cayendo en 2013 con más fuerza todavía que en el año actual, a tasas de entre un -1,0 y un -1,7%. De cumplirse, los ingresos públicos, una vez pasados los efectos de la última subida del IVA, también caerían con fuerza ante tan importante descenso del PIB.
Sin embargo, es muy posible que tales pronósticos no se cumplan. En primer término, porque los datos de crecimiento real del PIB en el tercer trimestre de 2012, siendo negativos (-0,3%), son mejores de lo esperado. El Banco de España sugiere que la tasa del tercer trimestre, menor que la del segundo (-0,4), se debe al anticipo del consumo privado ante la entrada en vigor de los aumentos del IVA a principios de septiembre. Pero ese dato hace que la producción tuviese que reducirse en un 1,4% en el cuarto trimestre respecto al tercero para que 2012 se cerrase con una caída del PIB respecto al año anterior del 1,5%, que fue el pronóstico que avanzó el Gobierno. La previsión gubernamental para 2013 es la de un descenso del PIB en términos reales del -0,5% mientras, como ya se ha dicho, los analistas prevén una reducción de más del doble o triple de esa tasa. He expuesto en ocasión anterior desde estas mismas páginas las razones que podrían avalar la previsión gubernamental. Entre otras, que las tasas de crecimiento entre trimestres del llamado «indicador sintético de actividad» elaborado por el Ministerio de Economía, que combina un amplio conjunto de indicadores y que permite anticipar -aunque, desde luego, con las reservas propias de toda previsión- lo que podría ocurrir con el PIB, muestran valores ya positivos en el segundo trimestre de 2013, es decir, anuncian un próximo cambio de tendencia.
Pero sin duda, las previsiones anteriores resultarían mucho más verosímiles si el BCE actuase decididamente en defensa de nuestra deuda, lo que quizá nos llevase a una prima de riesgo próxima a los 200 puntos básicos situando los tipos de interés en el entorno del 3,5%. Como la reforma financiera está muy avanzada, como existirá una menor demanda de fondos por parte del sector público al haberse reducido fuertemente su déficit y como, además, los tipos de interés quedarían prácticamente estabilizados, la financiación de familias y empresas podría fluir con fuerza y la coyuntura cambiar claramente en la segunda mitad de 2013.
Sin embargo, para que el BCE intervenga abiertamente parece que resulta necesario solicitar al menos un rescate virtual. Ese rescate virtual consistiría en una mera línea de crédito a nuestro país y no en la entrega directa de los fondos. Su solicitud preocupa al Gobierno porque no se conocen con certeza las nuevas condiciones que tendríamos que cumplir ni tampoco si nuestros socios estarían por concederlo abiertamente. Se viene diciendo que esas nuevas condiciones consistirían en la jubilación a los 67 años desde ahora mismo, en la reforma del sistema de pensiones y en cambios sustanciales en la estructura del Estado, comunidades y municipios para evitar la repetición de los déficits en el futuro, pero no hay que descartar otras varias aun no conocidas.
A reservas de que Europa se aclare definitivamente y de esas otras ignoradas condiciones, no parecen excesivas las que acaban de enumerarse porque en cualquier caso tendríamos que aplicarlas para preservar nuestro equilibrio presupuestario en los próximos años debido al rápido envejecimiento de nuestra población y al desastre sin paliativos de la actual organización del sector público. Necesitamos del apoyo del BCE para reducir los tipos de interés, mejorar nuestra financiación e impulsar definitivamente el cambio de coyuntura que ya se intuye. Y entonces quizá el ministro de Hacienda no estuviese ya tan solo en la defensa de los Presupuestos.
Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.