Se suponía que la Organización Mundial de Comercio iba a reunirse esta semana para considerar una propuesta que ha venido languideciendo desde hace un año: una exención temporaria de la propiedad intelectual farmacéutica durante la pandemia que permita que los países pobres realicen muchas de las mismas pruebas, tratamientos y vacunas que los países ricos han tenido durante la pandemia. Sin embargo, en un cruel recordatorio de la urgencia del problema, la reunión de la OMC se pospuso, debido a la aparición de la variante Ómicron, detectada por científicos en Sudáfrica (aunque el lugar preciso donde se originó todavía es incierto).
Existe un consenso casi unánime de que vacunar al mundo entero es la única manera de terminar con la pandemia. Cuanto mayor la tasa de vacunación, menores las probabilidades de que el virus adquiera mutaciones peligrosas. Antes de convertirse rápidamente en la principal variante global, Delta fue detectada por primera vez en India, donde menos del 3% de la población había sido vacunada. Hoy, África tiene las tasas de vacunación más bajas del mundo: sólo el 7% de los africanos tiene un esquema de vacunación completo.
Hay una razón muy sencilla de por qué los países más pobres no tienen suficientes vacunas: no hay suficientes dosis para distribuir. Las donaciones no han resuelto el problema, porque ningún país tiene excedentes de vacunas para satisfacer los varios miles de millones de dosis que hacen falta. La filantropía tampoco cumplió con lo esperado. El mecanismo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX), un consorcio internacional que prometió enviar dos mil millones de dosis de vacunas a los países pobres para fines de 2021, ha enviado sólo el 25% de esa cifra.
El mundo no está produciendo la cantidad de vacunas que podría. Cada empresa en cada país que tenga la capacidad de fabricar vacunas debería estar haciéndolo. Sin embargo, después de pagarle a Moderna, Johnson & Johnson y Pfizer/BioNTech para desarrollar sus vacunas, los gobiernos norteamericano y alemán no están dispuestos a exigirles a estas empresas que compartan su tecnología con fabricantes en otros países.
A menos que estos gobiernos cambien de postura, las empresas seguirán explotando el lucrativo poder de monopolio que les otorgó el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMS (ADPIC), que se llevó a cabo cuando se formó la organización en 1995. Según la directora general de la OMS, Ngozi Okonjo-Iweala, la propuesta para una exención de ADPIC está “empantanada”. Si bien la cantidad de países ricos que se oponen a ella ha disminuido, todavía hay oposición suficiente para frustrar una solución.
Pero mientras la OMS titubea, Brasil ha tomado el asunto en sus propias manos, dándonos lo más cercano que tenemos a una salida de esta crisis. En abril, el senador brasileño Paulo Paim propuso un proyecto de ley que le permitiría al país evitar las barreras erigidas por ADPIC. La legislación aprovecha la oportunidad de que, como nos explicó el profesor de derecho comercial Frederick Abbott, “el Artículo 73 del acuerdo ADPIC, que se ocupa de la protección de los intereses de seguridad, ya ofrece a cada gobierno la autoridad para emprender cualquier acción que considere necesaria para hacer frente a la pandemia del COVID-19, inclusive la suspensión de los derechos de propiedad intelectual”.
Si esta opción ya está disponible, ¿por qué tantos países siguen esperando que la OMS les otorgue un permiso formal? La respuesta es que, desde la creación de la OMS, los países ricos han castigado a los países en desarrollo por hacer lo que están facultados para hacer según las propias reglas de la organización. Cuando Sudáfrica, Brasil, India y Tailandia intentaron desactivar los monopolios de drogas antirretrovirales inasequibles durante la crisis del VIH/SIDA, Estados Unidos y la Unión Europea los sometieron a juicio –a veces literalmente-. Esta historia ha creado un efecto paralizador.
La propuesta de exención actual, por lo tanto, funcionaría como una promesa de los niños grandes de no hostigar a los demás durante el recreo. La respuesta de Brasil representa otra opción: las víctimas del acoso pueden tomar el control de sus propias circunstancias. La nueva legislación contó con el apoyo de gran parte del espectro político, y fue aprobada tanto en la Cámara Baja como en el Senado brasileños con amplias mayorías. Entre otras cosas, el proyecto de ley intentaba establecer una cláusula permanente para desbaratar a los monopolios de PI en materia de tecnologías esenciales necesarias para hacer frente a las emergencias sanitarias (empezando por la pandemia del COVID-19). Y contemplaría la transferencia de conocimiento sobre vacunas –fabricar una suerte de manual de instrucciones- a fabricantes farmacéuticos alternativos.
En septiembre, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, convirtió el proyecto de ley en ley, no sin antes usar sus poderes de veto para eliminar o revisar cláusulas cruciales, entre ellas las que especifican cuándo y cómo la ley entraría en vigencia, y las que requieren que las empresas farmacéuticas compartan su conocimiento, datos y material biológico. Un mes después, el Senado brasileño recomendó acusar a Bolsonaro de “crímenes contra la humanidad” por causar una pérdida innecesaria de vidas en la pandemia. Pero los cargos no incluyeron su intervención en el proyecto de ley de PI –un acto que podría conducir a más pérdidas innecesarias de vidas.
La ley regresó al Senado, que puede anular los vetos de Bolsonaro. Pero el Senado no cumplió con su plazo para rectificar la legislación y no fijó uno nuevo. Ahora debe actuar con celeridad para eliminar la incertidumbre generada por los cambios de Bolsonaro, así como soportar la resistencia de las asociaciones de la industria farmacéutica de Estados Unidos y Europa, cuyos líderes intentaron derribar el proyecto de ley, amenazando inclusive con interrumpir los suministros de vacunas si Brasil seguía adelante.
Los legisladores brasileños deben enfocarse en el objetivo final. Han redactado una ley que desmantelaría los monopolios farmacéuticos que están bloqueando una solución a la pandemia. Aquí hay una lección para todos –tanto para los que le piden una exención a la OMS como para aquellos que están en contra-. Lo que resulte para Brasil resultará para los demás. En cuanto a los países más ricos del mundo y a las instituciones que los observan, todavía resta por verse cuánta credibilidad están dispuestos a sacrificar al servicio de permitir que las empresas farmacéuticas gocen de ganancias monopólicas durante un tiempo más.
Estamos librando una guerra en dos frentes: uno contra el COVID-19, el otro contra las compañías farmacéuticas cuyas ganancias dependen de precios altos y producción restringida. Tarde o temprano, nos daremos cuenta, como ya pasó en Brasil, de que no podemos prevalecer en el primer frente sin ganar en el segundo.
Joseph E. Stiglitz, a Nobel laureate in economics and University Professor at Columbia University, is a former chief economist of the World Bank (1997-2000), chair of the US President’s Council of Economic Advisers, and co-chair of the High-Level Commission on Carbon Prices. He is a member of the Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation and was lead author of the 1995 IPCC Climate Assessment. Achal Prabhala, a former fellow at the Shuttleworth Foundation, is a coordinator of the AccessIBSA project, which campaigns for access to medicines in India, Brazil, and South Africa.