Son tantas sus llamadas a la calma que nadie puede negar ya que los empresarios catalanes han entrado en pánico. El último en implorar una vuelta a la cordura ha sido el influyente Círculo de Economía. “Si la política catalana no reconduce de forma urgente esta deriva, los ciudadanos se verán abocados a sufrir sus consecuencias de forma directa e inmediata en forma de aumento del paro”, decía el Círculo el pasado lunes. “La alternativa es el caos”, añadía la entidad liderada por Juan José Bruguera, presidente de la inmobiliaria Colonial.
En los medios catalanes, el Círculo de Economía suele ser presentado como uno de los lobbys empresariales más reacios a las tácticas unilaterales de ERC, PDeCAT y la CUP. En la práctica, el Círculo es una de las muchas organizaciones, partidos y entidades públicas y privadas de todo tipo, desde el PSC al FC Barcelona o el Colegio de Abogados, que legitiman de forma sistemática el nacionalismo dándole carta de naturaleza a sus reivindicaciones y actuando como tapón de cualquier alternativa democrática al mismo. El frío financiero es atroz en Cataluña fuera de la calidez del útero nacionalista.
Sólo hace un año, el mismo Juan José Bruguera decía en El País no gustarle “las cuestiones unilaterales”. En la frase siguiente, el hombre fuerte de Colonial se ofrecía a pedirle a “la otra parte”, es decir al Gobierno central, que mejorara “el autogobierno de Cataluña”. La tradicional vela al diablo (el nacionalismo) que los empresarios catalanes llevan colocando al lado de la de Dios (la democracia) desde 1978. Es vox populi en Barcelona que muchos de los mismos empresarios que visitan los grandes despachos de abogados de la ciudad para gestionar el traslado de sus sedes sociales y fiscales a Madrid piden en la misma visita información sobre cómo donar grandes cantidades de dinero a la ANC y Òmnium Cultural.
Una estrategia cuyo éxito puede medirse con total precisión a día de hoy. 2.800 empresas fugadas, bajadas sensibles de las ventas en los comercios del centro de Barcelona, turismo a la baja (la facturación hotelera se ha reducido un 13%) o una caída en la matriculación de vehículos del 4,3% frente al aumento de un 4% en el resto del país. Esas son las cifras oficiales, aunque en privado se habla de porcentajes mucho mayores. El paro no tardará en llegar. Pero el independentismo, y con él una amplia mayoría de los pequeños y medianos empresarios catalanes, lo achacará al 155, a un hipotético y secular déficit de financiación o a la represión del 1-O. La vieja canción es ya conocida en Cataluña.
Puede que la virulencia de la fuga de empresas y de capitales, la ruptura social, la pérdida de influencia política, cultural y económica, el hundimiento de la marca Barcelona, el desplome de todos los indicadores económicos, el rechazo de la UE y la desafección del resto de los españoles haya cogido por sorpresa a los empresarios catalanes. Pero ninguno de ellos podrá alegar que no se podía prever la rapidez del derrumbe. Porque todo lo que está ocurriendo ahora en Cataluña ya había ocurrido antes. Concretamente en Canadá, en la región de Quebec, en 1976.
Los paralelismos son obvios. Quebec era por aquel entonces la región más potente económicamente de Canadá. Contaba con la ciudad más poblada del país (Montreal), con una lengua propia y con una cultura diferenciada consistente en una docena de platos regionales propios. Pero algo ocurrió en 1976. El Partido Quebequés ganó las elecciones regionales y prometió un referéndum de independencia a sus electores. A las 24 horas, los camiones blindados de transporte de dinero abarrotaban las autopistas en dirección a Toronto.
En 1980, cuatro años después de la victoria de los independentistas, se celebró el primero de los dos referéndums de independencia celebrados hasta el momento en Quebec. La secesión fue derrotada por un 59% de noes contra un 40% de síes. Pero el daño ya estaba hecho. 500.000 canadienses huyeron de la región junto a cientos de empresas y Toronto superó a Montreal como la ciudad más poblada de Canadá. El Banco de Montreal, La Caixa de Quebec, trasladó sus oficinas a Toronto. También lo hicieron otras cuatro de las siete principales entidades financieras del país. Sólo una permaneció en Montreal.
A día de hoy, Montreal es una ciudad de segunda, envejecida, sin sector financiero y culturalmente provinciana. La renta de un quebequés es aproximadamente 6.000 euros menor que la de un canadiense medio y el déficit de la región es muy superior al del resto del país. Cada vez que los tambores de guerra independentistas vuelven a oírse por la región, unos cuantos miles de ciudadanos quebequeses, generalmente clases medias y profesionales de alto nivel, se mudan a Alberta, Ontario o la Columbia Británica. El problema de Quebec ya no es sólo financiero, político y social, sino también demográfico: el independentismo ha hecho retroceder cincuenta años a la región.
Pero, a pesar de todas las evidencias, aproximadamente un 50% de los quebequeses continúan soñando con una independencia que les devuelva la gloria económica de la que disfrutaban antes de optar por la vía independentista. Dicho de otra manera. Los quebequeses confían en que el virus que les ha condenado a muerte sea la medicina que les devuelva a la vida.
A la larga lista de fantasías independentistas (Europa reconocerá la independencia catalana, las empresas más punteras del planeta abarrotarán los polígonos industriales de la Cataluña independiente, la república catalana se convertirá en el Israel europeo) se ha sumado recientemente una de las más delirantes de todas: las empresas volverán en cuanto el Gobierno ponga fin al 155.
No es eso lo que ha ocurrido en Quebec y si algo puede aprenderse de la experiencia canadiense es que las empresas que se fueron lo hicieron para no volver. Al traslado de sus sedes siguió la de sus equipos directivos, lo que conllevó la descapitalización de perfiles profesionales de alto nivel en Quebec. Y luego, a medio y largo plazo, el traslado de sus centros de trabajo.
Y esa es la razón de que el Gobierno de Carles Puigdemont se inventara una rebaja fiscal improvisada y sin estudio de impacto económico, obviamente multimillonario, para intentar frenar la fuga de empresas. Una idea que partió de Raúl Murcia, tuitero oficial de la Consejería de Vicepresidencia controlada por Oriol Junqueras.
La paradoja del independentismo es que si pierde las elecciones y con ellas la financiación necesaria para el control de los medios de comunicación catalanes, del sector cultural, de la policía y del sistema educativo, perderá también buena parte de su influencia y del atractivo entre aquellos que han medrado a su vera. Pero si gana las elecciones, hasta los más fieles de sus empresarios huirán en busca de prados más verdes.
Se saben virus pero se pretenden medicinay los empresarios catalanes han comprado ese absurdo… hasta ahora. Quizá algo cambie el 22 de diciembre. Aunque el precedente de Quebec invita a pensar que el destino de Cataluña ya está escrito, y no es halagüeño.
Cristian Campos, periodista.