La sorprendente semana en la que el PSOE pidió el voto para Rajoy

Comprendo que se froten los ojos, pero ustedes no sufren ninguna alucinación. Por los ríos fluye leche y de los cielos llueve pan. El mismo presidente que en lugar de cerrar las heridas del 11-M, estimulando los consensos y la búsqueda de la verdad, aprovechó los efectos electorales de lo ocurrido para introducir factores de división en la vida española; el mismo presidente que en su primera legislatura fue capaz de entablar una negociación política con ETA y otorgar un nuevo Estatuto a Cataluña de espaldas al PP; el mismo presidente que comenzó ésta su segunda legislatura desdeñando los llamamientos a unos nuevos Pactos de la Moncloa para afrontar la crisis económica desde la unidad y la colaboración, acaba de impulsar una importante reforma de la Constitución pactando con su gran rival a dos meses de las elecciones. Aleluya.

Es cierto que a la fuerza ahorcan y que ésta no es la gran iniciativa reconstituyente que precisa España. No, no es que Zapatero haya desempolvado durante una noche de insomnio el informe que encargó hace siete años al Consejo de Estado y mantiene desde entonces encerrado en un cajón bajo otras tantas llaves. Por eso la reforma ni define las competencias intransferibles del Estado, ni cierra el mapa autonómico, ni pone patas arriba el yermo del Senado, ni elimina esa Transitoria Cuarta que sigue haciendo de Navarra algo bizcochable para el nacionalismo vasco. Aunque todo ese Jardín de las Delicias de la regeneración pendiente parece desde ahora menos quimérico, lo acordado se circunscribe a algo aparentemente mucho más prosaico como el equilibrio presupuestario y la estigmatización del déficit. Y ya digo que tampoco esa inesperada flor de agosto ha brotado por generación espontánea.

En la más que correcta presentación del siempre digno portavoz del PSOE José Antonio Alonso faltó el martes haber puesto la verdad por delante. En realidad quien debió hacerlo fue Zapatero en persona pues se trataba de reconocer ni más ni menos que mientras gran parte de los españoles consumía despreocupadamente sus vacaciones, el Reino de España ha perdido la guerra de la autosuficiencia financiera y el armisticio incluye duras condiciones por parte de quienes nos han rescatado de la bancarrota. Aquel día en que todos se congratulaban de que el BCE -o sea la entidad emisora de la zona euro- hubiera empezado a comprar deuda española, como si fuera lo más natural del mundo que tus socios le den a la máquina de imprimir billetes para que tú tengas con qué pagar a policías, médicos, maestros y bomberos, sólo Aznar abrió de golpe el grifo del agua hirviendo: «Hoy hemos descendido a los infiernos y a partir de ahora la política consistirá en gestionar las calderas de Pedro Botero», le comentó a un amigo común.

Sonará todo lo dantesco y tremendista que se quiera pero los hechos han corroborado de inmediato ese diagnóstico. Y como la vicepresidenta in pectore Soraya Sáenz de Buena Esperanza no podía sacarle los colores a quien en ese momento era ya su socio legislativo sin merma de sus modales, el relato de lo ocurrido quedó subsumido en los brochazos gruesos de Llamazares contra la «dictadura de los mercados» y en el llamamiento a la rebelión de Rosa Díez, haciéndose por una vez la tonta desde su cómoda irrelevancia parlamentaria.

Omitiendo el estado de excepción financiera en el que continuaremos instalados hasta que no estemos en condiciones de volver a caminar sin muletas por los parqués en los que se negocia la deuda soberana, todo lo sucedido esta semana parece el fruto de una locura colectiva, el sueño de un par de noches de verano envuelto entre la bruma de las más extrañas libaciones. Y corremos el riesgo de confundir el delito con la pena: lo verdaderamente humillante no es que tengamos que reformar nuestra Constitución con la «agosticidad y alevosía» denunciadas por el Demóstenes de IU, sino que tengamos que acudir diariamente a la beneficencia europea para poder seguir comiendo y pagando nuestras deudas, toda vez que ya no hay ningún tendero que nos fíe sin usura.

¿A qué viene, pues, el repique de campanas, los clarines y timbales que hoy suenan en la plaza, si además resulta que los términos de la reforma constitucional son lo suficientemente vagos y su aplicación tan dilatada en el tiempo como para que pueda quedarse en un mero brindis al sol sin efecto directo alguno sobre la lidia de las alimañas que aún habrán de salir de los chiqueros de aquí al 20-N? Pues porque el diestro se ha situado al fin ante el tendido correcto y por una vez ofrece su montera en la buena dirección.

Una cosa es que Zapatero haya tenido que reformar la Constitución a causa de una imposición y otra distinta que lo que le impusieran fuera hacer exactamente eso. Él mismo lo ha vendido como «el mal menor», aludiendo a que cumplir las exigencias concretas que han podido transmitirle las instancias europeas hubiera sido más dañino desde la óptica de una política de izquierdas. Yo lo interpreto en cambio como la confirmación del no hay mal que por bien no venga, pues al huir una vez más de las reclamadas reformas que harían competitivo el mercado laboral -contrato único con 20 de días de indemnización por despido, contador a cero en la negociación de convenios empresa por empresa-, Zapatero ha buscado asilo en el templo del consenso, acogiéndose a sagrado en un pacto de Estado con el PP.

Como los malos deportistas que sueltan la patada o el manotazo de la frustración cuando ya han perdido el control de la jugada, Rubalcaba dijo ante la Ejecutiva del PSOE que «él no lo hubiera hecho así», pero, claro, no adjuntó su alternativa. Me da que, al igual que con esa fórmula mágica que dice tener para la creación de empleo, nunca veremos germinar la flor de su secreto. Descartado el salto hacia el abismo con la piedra del default colgada al cuello, todo indica que hubiera preferido la Guatemala de nuevos ajustes duros, que él habría atribuido en exclusiva a Zapatero, a esta Guatepeor que, en definitiva, implica que el PSOE en su conjunto hace suyos los pilares esenciales del programa electoral del PP.

La discutible sacralización constitucional del déficit cero supone admitir que Rajoy tenía razón cuando advirtió que el gasto público se había disparado en 2008 y 2009 más allá de lo prudente, cuando pidió en mayo de 2010 el ajuste urgente que Zapatero se negó a practicar hasta que se lo impusieron sus socios en Bruselas y cuando poco después propuso ante la hilaridad de Rubalcaba la reforma que deprisa y corriendo se implementa ahora. Incluso, por encima de todo ello, la medida adoptada supone admitir que dentro de la moneda única no caben las políticas expansivas del sector público que hasta ahora han sido propias de la izquierda y toca resignarse a la disciplina fiscal con que siempre se ha identificado la derecha. Para eso España no necesita un nuevo faraón sino un registrador de la propiedad con manguitos de contable.

En la práctica, cada diputado socialista que ha votado anteayer por la reforma constitucional de Rajoy ha venido a pedir el voto para él en las urnas del 20-N. Desde que la mayoría de los procuradores franquistas apoyara en 1976 la ley que liquidaba la democracia orgánica, no se había visto un haraquiri igual.

¿Por qué ha desencadenado Zapatero esta reacción química tan abrasiva para su propio partido? Puede alegarse que es más digno para él marcharse a su casita de chocolate de León tras consumar una reforma de la Carta Magna que habiendo dado el mayor tajo de la historia a los derechos adquiridos de los trabajadores -«Eso que lo haga Mariano», habría dicho para sí- o que se ha encontrado con el escenario perfecto para pasarle la factura a Rubalcaba por el golpe de los coroneles que tras el 22-M le privó de la anhelada despedida democrática que hubiera supuesto dejar el futuro del PSOE en manos de sus militantes a través de las primarias.

Algo hay de todo ello pero antes que nada yo veo este paso de Zapatero como la culminación de un ciclo de rectificaciones que empezó por la lucha antiterrorista, continuó con la política económica y ha terminado en la de su concepción del funcionamiento del Estado autonómico, que es donde está el valor cualitativo de la reforma. Es una suerte que a lo largo de estos años Jano Bifronte haya tomado nota de sus muchas horas de conversación con Zapatero y tenga la buena costumbre de pasármelas de vez en cuando. De ahí que en mi Carta del pasado 31 de julio -no se había disparado la prima de riesgo, no había intervenido el BCE, nadie hablaba de la Constitución- constara la que en opinión del presidente era la primera de las tres grandes «asignaturas pendientes» de nuestra democracia: «Una reforma del Estado autonómico que garantice la lealtad de las comunidades para que, por ejemplo, no puedan incumplir acuerdos del Consejo de Política Fiscal».

O sea que el mismo líder político que desencadenó el estropicio del Estatut con su compromiso de «aceptar lo que venga de Cataluña» se había dado cuenta al fin de que el Estado no puede seguir soportando ni la «deslealtad» de los nacionalistas que utilizan sus instituciones como plataformas desde las que erosionarlo ni la indisciplina financiera de los reyezuelos de taifas que construyen sus redes clientelares a costa del déficit común. Autonomías como Cataluña, Castilla-La Mancha o Valencia -por ponerlas de todos los colores- se habían convertido para España en la misma rémora de manirrotos que la Unión Monetaria ve en nosotros y el resto de los cerditos periféricos. Y si los mercados no se creían que se pudiera meter a esas comunidades en vereda era porque el Gobierno del Estado no disponía de elementos legales contundentes para ello.

Zapatero ha debido de pensar que la ocasión la pintan calva y, con reflejos políticos propios de sus mejores horas, ha ido más lejos incluso de lo que en ese terreno estaba pidiendo el PP: las autonomías no sólo tendrán que fijar un techo de gasto sino que deberán ceñirse al límite de déficit establecido mediante ley orgánica por el Congreso de los Diputados. Por muy honorable que sea, el gobiernillo que quiera pagar embajadas, circuitos de Fórmula 1 o cientos de liberados sindicales de más tendrá que recortar sus servicios básicos o subir los impuestos.

El cabreo cósmico de los nacionalistas, sus baladronadas retóricas, ese sacar los pies del tiesto de estos días, incluido el numerito de Duran haciéndose el estrecho en el pleno del viernes y desoyendo los requiebros de las sirenas del consenso, ha sido el mejor indicador de lo certero de este aspecto de la reforma constitucional. Sobre todo en la medida en que tanto aparato eléctrico viene en definitiva a iluminar la senda por la que los dos grandes partidos nacionales deberían perseverar durante la próxima legislatura sea cual sea la dimensión de la victoria del PP.

Eso es lo único que ahora mismo está en cuestión -mayoría absoluta sí o no- en la medida en que, como digo, el mensaje subliminal que queda después de lo ocurrido durante el agosto más vertiginoso de la democracia es que hasta el PSOE admite que ha llegado la hora del relevo en el poder para que Rajoy aplique los antídotos a sus equivocaciones. Legitimando esos antídotos -el espíritu de la reforma constitucional ampara tanto la valiente dieta Cospedal como los drásticos recortes que deberá hacer Rajoy- Zapatero está demostrando en sus postrimerías mayor altura de miras de la que le reconocen muchos españoles: sólo un 15,9% tiene hoy buena opinión de él.

Veremos en qué condiciones logra entregar el bastón de mando pues de aquí al 20-N aún puede subir mucho más la presión en la caldera; pero su relación actual con Rajoy, a mitad de camino entre la resignación, la generosidad y la empatía, empieza a recordar la que Suárez tuvo con González cuando echaban aquellos cigarrillos en un tresillo que aún sigue en La Moncloa. Y es que a veces el único triunfo al que puede aspirar un gobernante pasa necesariamente por allanar el camino a la victoria de su rival.

Por Pedro J. Ramírez, director de El Mundo.

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