La sucia deslealtad del separatismo

En agosto de 1977, Miquel Roca, de la Minoría vasco-catalana, presentó un «texto conciliatorio» del artículo 2º, que fue adoptado por la Ponencia como texto en primera lectura. Decía así: «La Constitución reconoce y la Monarquía garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España, la unidad del Estado y la solidaridad entre sus pueblos». Otro de los ponentes, Miguel Herrero de Miñón, reconocería muchos años después haber sido el muñidor de dicha fórmula y Manuel Fraga dejó constancia de su total rechazo.

El presidente Suárez decidió convocar de urgencia al comité ejecutivo de la UCD. Nada más planteada la cuestión, intervine para advertir que el reconocimiento de la existencia de nacionalidades daría al nacionalismo separatista un gran impulso hacia la secesión. Ciertamente pensaba más en el nacionalismo vasco que en el catalanismo de Jordi Pujol y Miquel Roca. Recordé el principio de las nacionalidades («Toda nacionalidad tiene derecho a convertirse en Estado»), acuñado en el siglo XIX por el italiano Mazzini. Aunque sólo se atribuyera a las nacionalidades el derecho a la autonomía, su reconocimiento constitucional podía resultar letal para la unidad nacional. En mi memoria quedó grabada la felicitación que recibí, en privado, por parte de Leopoldo Calvo Sotelo.

Agotado el turno de intervenciones, Suárez descubrió todas sus cartas. Los catalanistas habían anunciado que si no se aceptaba su propuesta votarían en contra de la futura Constitución. Sin Cataluña, el proceso democrático podía naufragar. Se trataba, por tanto, de una trascendental cuestión de Estado. La balanza se inclinó de su lado y obtuvo un respaldo unánime. Me siento corresponsable, por tanto, de esta decisión, haciendo de la necesidad virtud. A pesar de ello el asunto todavía daría mucho que hablar. La Ponencia alumbró un nuevo texto. El fundamento de la Constitución no era otro que la unidad de España. Durante el trámite parlamentario, el artículo 2º «blindó» aún más la unidad nacional de manera inequívoca: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

El derecho a la autodeterminación quedaba así radicalmente proscrito. Además, no habría diferencias entre nacionalidades y regiones, salvo las derivadas de hechos diferenciales como la lengua, la foralidad histórica y la insularidad. Todas ellas se convertiría en Comunidades Autónomas. (Una de mis aportaciones al texto constitucional fue la sugerencia que formulé a los ponentes centristas para sustituir la expresión Territorios Autónomos, denominación inicial en los borradores del Título VIII y que desprendía un cierto tufillo colonial, por la de Comunidades Autónomas. Les recordé que los centristas navarros solíamos calificar a Navarra como Comunidad foral o histórica).

El artículo 2º es uno de los pilares esenciales del pacto constitucional. Roca y Pujol se erigieron en esforzados paladines. El primero definió a España como una «nación de naciones», «una personalidad superior», dotada de una «personalidad integradora». Afirmó que Cataluña es una nación, pero dicha condición era plenamente compatible con la idea de España como «nación, expresión libre de todos los ciudadanos españoles». Jordi Pujol proclamó su lealtad al pacto: «Pensamos que la Constitución persigue un Estado equilibrado, un Estado fuerte, no en el sentido autoritario de la palabra, sino en el de la eficacia y en el de la capacidad de servicio; un Estado al servicio de sus ciudadanos, de su seguridad y del bienestar físico y moral de sus ciudadanos, del orden y de la justicia. Muchas veces en España se ha fracasado… Nosotros esta vez no queremos fracasar». Y se comprometió «desde nuestra perspectiva catalana, desde la cual a veces hemos fracasado doblemente, por nuestra condición de españoles» a dar su apoyo a la Constitución, que «nos va a permitir un país en el cual la democracia, el reconocimiento de las identidades colectivas, la justicia y la equidad sean una realidad».

Cataluña refrendó la Constitución con una mayoría arrolladora. Cataluña es hoy una de las comunidades con mayor grado de autonomía de Europa. En 1715, fueron abolidas sus instituciones históricas, pero no se le privó de su independencia nacional porque no se pierde lo que no se tiene. Trescientos años después, Cataluña no es una comunidad oprimida, ni esquilmada por España. El autogobierno catalán se ejerce por una Generalidad renovada y democrática. Los ciudadanos de Cataluña viven en democracia, disfrutan de los mismos derechos y libertades que el resto de los españoles y forman parte de Europa a través de un Estado en cuya gobernación participan sin discriminación alguna.

El pacto constitucional de 1978 está a punto de saltar por los aires. La suicida deslealtad los actuales dirigentes convergentes ha quebrantado la palabra dada. El seny catalán no puede amparar el peligroso deslizamiento de Cataluña hacia un nuevo fracaso colectivo.

Jaime Ignacio del Burgo, esdiputado por el PP.

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