Hemos llegado al punto crítico del juicio del 11-M. La entrega del informe final de los peritos sobre las pruebas realizadas durante más de tres meses, a partir de los restos de los explosivos, supone el cenit del único intento consistente de determinar de forma científica cuál fue el arma del crimen desde que se cometieron los atentados. Ese resumen de 222 folios distribuido el miércoles marca, de hecho, la cota máxima hasta la que ha sido capaz de llegar nuestro Estado de Derecho para respaldar con elementos objetivos, en este aspecto crucial de lo sucedido, la sentencia que habrá de dictar el tribunal. Y el balance no puede ser más escandalosamente frustrante.
Resulta que después de la detonación de 12 artefactos -dos de ellos de forma controlada por los Tedax- con cerca de 200 kilos de explosivos en total, después de que los 192 fallecidos y casi dos millares de heridos de diversa consideración fueran víctimas de sus impactos, después de que más de una docena de vagones de decenas de metros de largo cada uno quedaran reventados o seriamente deformados, después de que amplias extensiones de muchos metros cuadrados en las vías, andenes y alrededores de las cuatro estaciones recibieran las impregnaciones de la deflagración, la única conclusión en la que -de forma expresa o implícita- coinciden los ocho peritos es que no se puede establecer de manera fehaciente qué es lo que estalló en los trenes... por falta de muestras suficientes.
La próxima vez que el alcalde de Madrid o cualquier dirigente del PSOE digan que la instrucción de este sumario fue «minuciosa» o «ejemplar» lo dibujaremos con orejas de burro y no se las quitaremos hasta que rectifique. Es más, independientemente de cuál sea la sentencia -en la que necesariamente el tribunal tendrá que suplir con intuiciones subjetivas esta falta de base probatoria- y tanto si se deduce testimonio como si no contra algunos de los responsables de este fiasco, nuestra democracia tiene desde hoy una asignatura pendiente: investigar a los investigadores. Concretamente, al jefe de los Tedax Sánchez Manzano, a su superior directo Cuadro Jaén, a la cúpula de la Policía Científica, al juez Del Olmo y a la fiscal Olga Sánchez. Además de -por razones distintas- al turbio coronel Hernando, responsable de la UCO.
Podrá tratarse de una investigación judicial, parlamentaria o administrativa, pero la dignidad nacional no puede permitir que queden sin contestar preguntas tan elementales como por qué no se recogieron muchas más muestras en los focos de las explosiones -es inaudito que no haya ni una sola procedente de las dos que se realizaron de manera controlada-, por qué no se redactaron los informes de los análisis supuestamente efectuados el propio 11-M por los Tedax, por qué no se entregaron a la Policía Científica los restos disponibles, por qué no se conservaron el agua y la acetona utilizados como disolventes de los componentes del explosivo analizado y por qué -interrogante monumental que el ciudadano medio formula entre atónito y consternado- se ordenó desguazar los vagones impregnados de restos de explosivo cuando aún no se había identificado cuál era su nombre y apellido.
Puesto que altos responsables policiales han incumplido una y otra vez la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la complacencia del instructor y la fiscal, sólo la comprobación de que ello se debió a un cúmulo de negligencias dignas de severas sanciones disciplinarias permitirá descartar otras motivaciones de carácter abiertamente delictivo.
Y es que el balance de la pericia, que -como ahora veremos- no se limita a concluir que no se sabe cuál fue el explosivo empleado, nos empuja sin remedio hacia tres desafíos a cual más vertiginoso: el de determinar la autoría de los atentados cuando el vínculo esencial de todos los imputados en este proceso con la masacre era esa Goma 2 ECO que, supuestamente, los asturianos entregaron a los islamistas; el de averiguar quién colocó las pruebas falsas destinadas a orientar la investigación en esa única dirección; y el de establecer quién escondió, manipuló o destruyó las pruebas verdaderas para evitar que se abrieran otras vías de pesquisa.
A modo de introducción a sus conclusiones diferenciadas los ocho peritos han entregado al tribunal la constatación de forma prolija y minuciosa -esta vez sí- de los resultados técnicos de todas sus pruebas analíticas. Y es en esa literatura estrictamente científica donde resalta, por encima de todo lo demás, la aparición reiterada de dos componentes que no forman parte de la única variedad de dinamita que se almacenaba en Mina Conchita en cantidad suficiente como para cometer los atentados: el dinitrotolueno (DNT) y la nitroglicerina.
Las divergencias surgen en la interpretación de esa presencia, pues mientras tres de los cuatro peritos designados por las acusaciones y las defensas se inclinan -en algún caso de forma rotunda- por argumentar que lo que estalló en los trenes fue Titadyn, o sea el explosivo utilizado habitualmente por ETA, los dos representantes de la Policía Científica se aferran a la tesis de una «contaminación», inicialmente atribuida a un defecto de fábrica y, una vez descartado éste, vinculada ahora a la «porosidad» de las bolsas en las que se guardaban las muestras.
El contraste entre las sucesivas declaraciones que los peritos realicen ante el tribunal y la audición de sus debates en los vídeos grabados en el laboratorio pueden resultar extraordinariamente ilustrativos. Basten como anticipo los apuntes de uno de los peritos independientes sobre la dispar actitud del jefe de la pericia, el policía Alfonso Vega, que «admitió con notable reticencia» el «hecho objetivo» de la aparición de la nitroglicerina en el resto de la estación de El Pozo, «mientras que acepta la hipótesis de la contaminación, hecho no probado, con absoluta convicción». Vega también es acusado por este perito de negarse a aportar -primero «con evasivas», después «tajantemente»- las cromatografías realizadas por él mismo al día siguiente del 11-M para poder así determinar por qué entonces no aparecieron ni el DNT ni la nitroglicerina. ¿O es que sí aparecieron?
El mero hecho de que desde la detección de estos elementos, ajenos a la Goma 2 ECO, todos los esfuerzos tanto de los peritos policiales como de los medios de comunicación que se prestan a servir de altavoces a la estrategia gubernamental, hayan ido encaminados a buscar como sea una explicación alternativa a la más elemental y obvia -es decir, que el DNT y la nitroglicerina formaban parte de la composición del explosivo que estalló en los trenes- pone en evidencia todo el sesgo de la investigación. Primero se estableció una teoría políticamente conveniente; luego se llenó el banquillo de los acusados con «sospechosos habituales» que dieran el perfil del islamista feroz y con confidentes policiales de los que se emplean como héroes o villanos, según convenga; y, a partir de ahí, el resto de la instrucción ha consistido en encajar en ese molde las sorpresas de la realidad -fruto a menudo de nuestras investigaciones periodísticas-, aunque fuera a martillazos.
El problema es que en este caso los golpes sobre esa fragua de Vulcano con luz y taquígrafos en que, para desgracia de la Policía y la Fiscalía, se ha convertido la pericia de los explosivos, están resultando tan ruidosos, groseros y faltos de tino que han terminado provocando una mezcla de indignación y jolgorio entre la comunidad científica. La apoteosis de todo ello es la teoría que este tal Vega y su subordinado exponen con un par de narices -hay que echarle, desde luego, valor-, según la cual partículas de DNT y nitroglicerina, procedentes de otros explosivos almacenados en el mismo lugar, primero se evaporaron en la atmósfera del laboratorio de los Tedax, luego quedaron sometidas a un proceso de condensación y por fin migraron hasta el interior de las bolsas en las que se guardaban los restos del 11-M, aprovechando la «porosidad» del polietileno.
Para que los jueces acepten esta descripción de las dependencias policiales como el cuarto de los juguetes del Cascanueces, en el que cuando las luces se apagan y las personas se van a la cama los objetos inertes cobran vida y emprenden la guerra por su cuenta, primero tendrán que empezar por perderse el respeto a sí mismos. ¿O es que lo que ocurría allí es que algunas moléculas de dinitrotolueno eran amigas de otras tantas de nitroglicol y estos últimos análisis les sorprendieron el día que se habían quedado a dormir en su casa? ¿O sucedió tal vez que, estando una molécula de nitroglicerina loca por los huesos de un cacho de pedazo de trozo de nitrato amónico, aprovechó la relajación nocturna del señor Polietileno para colarse de puntillas a través de su garita hasta el interior de la muestra M-1 donde la esperaba su amante?
En este contexto, en el que para mantener en pie el castillo de naipes de la versión oficial ha sido preciso recurrir al delirio de una hipótesis tan extravagante -¿por qué no suponer que los demás componentes que sí forman parte de la Goma 2 ECO también han llegado al interior de las bolsas por el mismo procedimiento, como si fueran oleadas de sin papeles en plena temporada de pateras de forma que ahora corresponda determinar si proceden de Senegal o de Guinea-Conakry, si se escaparon de un sumario por atraco o de una incautación a una banda terrorista?-, resulta extraordinariamente significativa la literalidad de la redacción del informe separado que firman los agentes de la Guardia Civil identificados como Z-43731-T y F-37053-V.
La mera circunstancia de que, a diferencia de lo ocurrido en los informes preliminares, estos representantes de la Benemérita no hayan suscrito el mismo texto que los peritos de la Policía ya tiene un valor referencial enorme. Máxime cuando en estos momentos ambos cuerpos están unificados bajo un único mando político y al servicio de un Gobierno cuyo presidente ya dio por aclarado el caso en diciembre del propio 2004. La sombra de la obediencia debida se proyecta pues -no podía ser de otra manera- sobre sus tres folios de conclusiones, en los que, sin embargo, estos agentes han tenido la habilidad de trufar importantes mensajes dirigidos a ese buen entendedor al que pocas palabras le bastan.
Lo más notorio es su dispar forma de referirse a la presencia de trazas de DNT y nitroglicerina en los restos de explosivo intacto que conservaban los Tedax -Leganés, mochila de Vallecas, Mocejón- y a la aparición de estos dos elementos en el resultado de la analítica de las muestras obtenidas en los focos de los trenes. En el primer caso, la Guardia Civil dice expresamente que «estos componentes minoritarios son ajenos a la propia composición del explosivo». En el segundo caso afirma que «en todas las muestras tomadas de los focos de explosión se detecta dinitrotolueno como componente explosivo». Y equipara su presencia, mediante el adverbio «igualmente», con la del nitroglicol o los nitratos.
En este punto esencial su opinión implícita queda, pues, mucho más próxima a la de los tres peritos independientes que se inclinan por que lo que estalló muy bien pudo ser Titadyn, ya que incluye el DNT y la nitroglicerina entre sus «componentes explosivos».
Respecto a la teoría de la suite del Cascanueces -traviesas partículas volanderas se infiltran donde no deben a través de descuidadas bolsas porosas-, los verdes se cubren ante los azules con un par de capotazos de solidaridad, subrayando «la falta de idoneidad» del sistema de almacenaje de los Tedax e incorporando la reflexión de que, en el caso de la nitroglicerina impregnada en el polvo de extintor de la estación de El Pozo, «la bolsa contenedora en la que se recibe no proporciona certeza» -es a lo más que llegan- «de que los componentes detectados procedan del foco o de una adsorción durante el almacenamiento».
Pero hay otro matiz importantísimo y es que, al referirse a esta disyuntiva y a enigmas tales como que en los restos de explosivo intacto se hayan detectado ahora elementos no constatados hace tres años o que en algunas muestras procedentes de Mocejón aparezca DNT y en otras no, la Guardia Civil no habla en ningún momento de «contaminación» y emplea, en cambio, en hasta siete ocasiones la palabra «alteración». ¿Y cuál es para estos técnicos el ejemplo más flagrante de «alteración»? Pues el lavado con agua y acetona que han sufrido las muestras de los restos de los focos. Es decir, una intervención física y deliberada de una mano humana. ¡Qué feliz hallazgo semántico! Que nadie me alinee a partir de ahora con ninguna teoría de la conspiración, porque en este mismo momento abrazo la muy benemérita doctrina de la «alteración» del 11-M.
La conclusión diferenciada de este informe de la Guardia Civil es, por último, devastadora para los planteamientos acusatorios de doña Olga Vale Ya. No, señora fiscal, en los trenes no «estalló Goma 2 ECO y vale ya», porque hasta la fuerza de seguridad más especializada en la lucha contra el terrorismo acaba de dictaminar que, al cabo de tres años de catastrófica instrucción, «con criterio científico es imposible conocer ni el número ni la naturaleza de los explosivos utilizados en los focos».
El dilema para el tribunal va a ser dramático pues, a falta de esta crucial evidencia, va a tener que decidir en gran medida a bulto -a partir de indicios contradictorios de muy inferior rango- sobre la condena o absolución de la mayor parte de los imputados. Con tal escenario en perspectiva, la queja por escrito de los musulmanes que han iniciado la huelga de hambre, denunciando que por motivos políticos la maquinaria mediática gubernamental lleva varios meses transformando su presunción de inocencia en presunción de culpabilidad, no deja de tener un bien documentado fundamento.
Respecto a su actitud, nosotros diremos lo mismo que dijimos en relación con De Juana Chaos: que ningún poder del Estado debe hacer la más mínima concesión a ningún justiciable que trate de obtenerla mediante medidas de presión, sean cuales sean las consecuencias de dicha firmeza. Veremos si quienes entonces pusieron todo su énfasis en el carácter preventivo del recluso, en lo desproporcionado de la petición fiscal respecto a lo que podía probarse contra él y, sobre todo, en la obligación humanitaria de velar por «el valor supremo de la vida», son ahora igual de coherentes.
Pedro J. Ramírez, director de El Mundo.