Mientras no alcancemos una organización territorial satisfactoria, la inestabilidad irá en aumento, algo siempre difícil de soportar, pero altamente arriesgado en tiempos de crisis. El factor nuevo es que ahora, como condición indispensable para superar la crisis, la UE presiona a favor de una reforma a fondo del Estado: en su actual organización no funciona ni es económicamente viable.
Han pasado 34 años y el nacionalismo vasco y el catalán siguen sin sentirse cómodos en un modelo que se creó para ellos. Pese a que la Constitución reconociera los llamados “derechos históricos de los territorios forales”, sobre cuya base el Estatuto elabora un concierto económico, queda bien patente el fracaso del Estado de las Autonomías en el País Vasco. A pesar de tamaña concesión, que en buena parte se debió al propósito de reconvertir a ETA, y que el llamado nacionalismo moderado haya gobernado durante decenios, promoviendo la lengua y una conciencia nacional hasta consolidar un grado de autonomía sin parangón incluso en los Estados federales, no ha dejado por ello de radicalizarse.
La desactivación, y ya cercana desaparición de ETA, lejos de haber resquebrajado el independentismo, lo ha fortalecido. Por la vía pacífica y democrática aumentan las probabilidades de conseguir la soberanía plena, aunque, por un lado, Francia no tolerará fácilmente un Euskadi independiente que reivindica un pedazo de su territorio y, por otro, una buena mitad de la población no puede convivir con un nacionalismo de raíz étnica.
Aunque habría cabido esperar que la crisis más bien frenaría esta tendencia, una parte en aumento de la población catalana también se inclina por un Estado propio. Pese al estropicio en que terminó la reforma del Estatuto, que ha favorecido de manera clara al independentismo, no fue, sin embargo, un intento tan descabellado como tantas veces se ha repetido, al venir impuesto por una renovada presión nacionalista en la sociedad catalana, por el Gobierno tripartito, que coaligaba autonomistas con independentistas, y por el afán de mostrar a los vascos lo mucho que se podría lograr por la vía constitucional.
No se olvide que el aumento de la presión nacionalista tiene que ver con las dificultades crecientes a las que se enfrenta el modelo industrial de Cataluña, que lleva tiempo resintiéndose de haber perdido la posición que desde mediados del siglo XIX había ocupado en la Península: ser cabeza y motor de la economía española. Los decenios de gobierno nacionalista tampoco han impedido que al final saliera reforzada un ala independentista que, al formar parte del Gobierno tripartito, ha ido ampliando aún más su base social; incluso en sectores del PSC se ha producido un viraje hacia un catalanismo que cada vez se confunde más con el nacionalismo.
Decenios de Estado de las Autonomías no han servido para reducir las dinámicas centrífugas, al contrario, la Constitución de 1978, por escandaloso que suene, ha propiciado en el fondo las tendencias secesionistas. Mal que nos pese, cabe establecer una correlación entre la pujanza que han adquirido los nacionalismos y el Estado de las Autonomías. Muy lejos de haber conseguido el objetivo principal de integrar el nacionalismo, vinculando a Cataluña y al País Vasco a una España plural, organizada de nueva planta, se ha expandido en regiones donde era inexistente, o mucho más débil, como Extremadura, Andalucía o Canarias.
Hay que librarse de la ofuscación de que el Estado de las Autonomías constituye la solución óptima, cuando en realidad, además de unos costos impagables, lleva en su entraña una dinámica centrífuga que a la larga lo hace inviable. Con todo, comprendo la reacción desaforada ante los que poníamos de relieve los déficits, ahora evidentes del Estado de las Autonomías: la crítica de la Constitución implica la de la transición “modélica”, que a su vez legitima el orden político establecido, la “monarquía parlamentaria”.
No sirve el Estado de las Autonomías, pero tampoco un Estado confederal, como el que abiertamente propuso el plan Ibarretxe, y más subrepticiamente se trasluce en el proyecto de Estatuto que salió del Parlamento de Cataluña. No habrá que insistir en que España no duraría mucho convertida en una confederación de Estados, pero tampoco si se mantuviese indefinidamente el Estado de las Autonomías, tal como de manera harto borrosa lo dibuja la Constitución, ya que por su propia dinámica desemboca en una confederación.
Como volver al viejo centralismo sería la peor de las soluciones, además de inalcanzable por medios democráticos, la disyuntiva que se plantea es dejar la Constitución tal como está, todo lo más con algunos retoques, lo que supondría seguir apoyando una dinámica que tiende a desembocar en una confederación, antesala de la independencia; o bien, decidirse por un Estado federal, como la mejor forma de reintroducir una dinámica centrípeta, manteniendo la pluralidad constitutiva de España.
Son muchas las razones que abonan a favor del Estado federal, aun a sabiendas de los muy distintos tipos que existen y de las dificultades por los que pasan algunos. Ahora bien, tan favorable como sería un Estado federal para salir del atolladero, tan improbable es que se pueda conseguir en la España actual. Las razones son muchas y muy variadas, pero cabría resumirlas en dos: la derecha no quiere desprenderse del Estado unitario que subyace en el de las Autonomías, ni catalanes ni vascos están dispuestos a renunciar a la tendencia confederal implícita en este modelo, que consideran la vía óptima para deslizarse de manera suave hacia la independencia.
En suma, en una España tan polarizada como la actual no parece factible una reforma constitucional de la envergadura que sería necesaria para erigir un Estado federal, incluso todo lo asimétrico que impusieran las Comunidades históricas. Metidos en este laberinto, de pronto la crisis pone en cuestión todo el andamiaje de las Administraciones, desde la municipal, la provincial, la autonómica a la central del Estado, y además son nuestros socios comunitarios los que nos exigen una reforma que en ningún caso puede llevarse a cabo con la urgencia que la situación requiere.
Si el Estado federal no parece factible, al menos, aprovechando la crisis, habría que reducir el Estado de las Autonomías a su mínima expresión. No son pocos los que aquejados de la vieja querencia centralista pretenden utilizar la situación para lograr este objetivo. ¡Qué gran oportunidad de aprovechar la necesidad de adelgazar al Estado para recentralizarlo! Lo malo es que este intento contaría con la oposición radical de Cataluña y el País Vasco, pero también de las otras comunidades que la clase política local y la administración autonómica que habría que desmontar defenderían con el mismo, o mayor furor.
Por grandes que sean las ganas y la crisis ofrezca la mejor coyuntura, no cabe, sin embargo, desarmar el Estado de las Autonomías, sin poner en cuestión las instituciones democráticas, o provocar que se escindan las autonomías históricas. Aunque para Rajoy sería un golpe casi definitivo, me temo que muchos de los suyos anhelen “el rescate” para implicar a las instituciones europeas e internacionales en una operación tan complicada y peligrosa como es la reforma del Estado. El descalabro del actual régimen ha adquirido tales dimensiones que los mismos que lo montaron y lo han apoyado hasta ahora, ya solo confían en que la vuelta de otros “cien mil hijos de San Luis” les saquen las castañas del fuego. El Estado de las Autonomías surgió con la democracia, pero su supresión podría suponer el fin de la democracia.
Ignacio Sotelo es catedrático de Sociología.