En este mes hace veinticuatro años que los intransigentes soviéticos, deseosos de detener la naciente transición democrática del país, detuvieron a Mijail Gorbachev y declararon la ley marcial. Millones de manifestantes reaccionaron invadiendo las calles de Moscú y otras ciudades de toda la Unión Soviética. Elementos decisivos del Ejército se negaron a aceptar el golpe y éste no tardó en desplomarse, seguido pronto por la Unión Soviética.
Aunque las condiciones económicas eran terribles en los últimos meses de la URSS, la población veía las libertades que estaban llegando y, a diferencia de lo que sucede actualmente, estaba dispuesta a defenderlas. De hecho, en los primeros años de la transición democrática que siguieron, la mayoría de los votantes poscomunistas no sucumbieron a la tentación de elegir a extremistas que prometían poner fin a los tiempos difíciles que estaban padeciendo, sino que eligieron al candidato más idóneo a su alcance.
Los rusos rechazaron, por ejemplo, a Vladimir Zhirinovsky, un payaso nacionalista y antisemita del estilo de Donald Trump, en favor de Boris Yeltsin, que afrontó los tanques durante el fracasado golpe de 1991 y reconoció que el futuro de su país pasaba por la democracia y Occidente. En Rumania, el poeta extremista Corneliu Vadim Tudor perdió a favor de una sucesión de pragmáticos corruptos, comenzando por Ion Iliescu, que había encabezado el derrocamiento del último dirigente comunista del país, Nicolás Ceauşescu.
Desde entonces, el mundo ha dado un vuelco. Al resultar más fácil la vida, al quedar satisfechas en gran medida las esperanzas materiales de la población, los votantes han apoyado cada vez más a los neoautócratas que prometen “proteger” al pueblo de esta o aquella amenaza. El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, encabeza, naturalmente, ese grupo, pero tampoco hay que olvidar al Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, y al Presidente de la República Checa, Miloš Zeman, y ese tendencia se extiende allende los países ex comunistas para incluir, por ejemplo, al Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan.
El filósofo francés Jean-François Revel vio que el ascenso de las dictaduras violentas en el siglo XX se debía a una “tentación totalitaria.” Lo que estamos presenciando actualmente es algo un poco menos siniestro –llamémoslo “tentación autoritaria”–, pero se trata de una amenaza en aumento no sólo para la democracia, sino también para la estabilidad mundial. Al fin y al cabo, lo único que los autócratas actuales tienen en común con sus predecesores totalitarios es el desprecio por el Estado de derecho, tanto nacional como internacionalmente.
Una causa de ese cambio hacia el autoritarismo es la de que muchos países ya no consideran a los Estados Unidos un faro de democracia y un modelo de estabilidad y prosperidad digno de emulación. La afirmación de Putin de que la democratización es en realidad un complot americano “para conseguir ventajas unilaterales" resuena en muchas sociedades a raíz de la desastrosa invasión del Iraq y las revelaciones sobre el espionaje de ciudadanos y dirigentes de todo el mundo por parte de la Agencia de Seguridad Nacional.
Pero, antes incluso de esa evolución de los acontecimientos, los vencedores de la Guerra Fría –y, en particular, los EE.UU.– estaban exhibiendo una jactancia que probablemente se enajenó a muchos. Cuando incluso los aliados son tratados con falta de respeto –recuérdese el infame grito de George W. Bush de “¡Eh, tú, Blair!”, como si el entonces Primer Ministro de Gran Bretaña Tony Blair fuera un vaquero–, la gente se pregunta, naturalmente, si también se considera sometido a su país.
Los dictadores “blandos” en ascenso –los que el periodista Bobby Ghosh llama demócratas autoritarios– han recurrido a esas sensaciones de incomodidad y alienación para atraerse a votantes. Sus partidarios no quieren ser oprimidos, sino que desean estabilidad y soberanía nacional, que sus dirigentes les brindan en parte limitando la oposición.
En vista del alcance de los medios de comunicación de masas y redes sociales actuales, basta con poner la mira en pocas personas para intimidar al resto de la sociedad a fin de que se ajusten a la visión del dirigente. De modo, que, en lugar de crear gulags, los neoautoritarios promueven causas penales. Los acusados comprenden desde los oponentes políticos y los críticos en Rusia –como, por ejemplo, el oligarca Mijail Jodorkovsky y el abogado anticorrupción Alexei Navalny–, pasando por los periodistas independientes en la Turquía de Erdoğan.
Los ciudadanos parecen convencidos. Al menos el 70 por ciento de los rusos convienen con Putin en que esa clase de “democracia dirigida" es superior a la caótica versión practicada en Occidente. Casi la mitad de los ciudadanos de Hungría consideran innecesario formar parte de la Unión Europea, de cuyos valores liberales se burla Orbán. Y más del 70 por ciento de los turcos tienen una opinión negativa de los EE.UU., a los que Erdoğan acusa del ascenso de los medios de comunicación social (la “peor amenaza” que afronta Turquía actualmente: peor incluso, al parecer, que los mortíferos ataques del Estado islámico en las ciudades turcas).
Cuando en 1989 cayó el Muro de Berlín, la gente no entendía la vinculación entre capitalismo y democracia. Muchos querían un estilo de vida occidental, con acceso a las clases de empleos y bienes disponibles en los EE.UU., pero no parecían reconocer que el acceso a dicho estilo de vida requiere una libertada económica y personal cada vez mayor: la clase de libertad precisamente que sustenta las sociedades democráticas.
Si en la situación actual las potencias occidentales intentaran señalárselo a los ciudadanos de Rusia, Hungría o Turquía, probablemente alimentarían un resentimiento aún mayor. La mejor opción sería influir en los dirigentes de los países. Si los Putin, Erdoğan y Orbán del mundo quieren seguir beneficiándose económicamente del sistema internacional abierto, no pueden, simplemente, inventar sus propias reglas.
Se puede ver el poder de ese planteamiento en Rusia, donde las sanciones occidentales, impuestas a raíz de la anexión de Crimea por Putin, son el factor principal que limita la incursión de los rebeldes prorrusos en la Ucrania oriental. Las medidas adoptadas por Putin a fin de reclamar la categoría de “gran potencia” para Rusia pueden encontrar apoyo en su pueblo, pero éste probablemente mermará, si los rusos afrontan la perspectiva de perder todas las comodidades debidas a la economía relativamente abierta que su país ha tenido durante más de dos decenios.
En un momento en el que a los rusos se les deniegan cada vez más los pasaportes para viajar fuera del país, los tentados por el autoritarismo harían bien en recordar la elemental afirmación hecha por John F. Kennedy en su discurso de 1963 en Berlín. “La libertad representa muchas dificultades y la democracia no es perfecta”, dijo Kennedy, “pero nunca hemos tenido que construir un muro para mantener dentro a nuestra población”.
Nina L. Khrushcheva is a dean at The New School in New York, and a senior fellow at the World Policy Institute, where she directs the Russia Project. She previously taught at Columbia University’s School of International and Public Affairs, and is the author of Imagining Nabokov: Russia Between Art and Politics and The Lost Khrushchev: A Journey into the Gulag of the Russian Mind. Traducido del inglés por Carlos Manzano.