La tercera nacionalización

Por Luis De Sebastián, catedrático de Economía de ESADE (EL PERIÓDICO, 06/05/06):

Por tercera vez en 70 años, Bolivia ha nacionalizado sus recursos energéticos. Esta vez el quid de la cuestión está en que las empresas extranjeras que operan en Bolivia deben entregar el gas y el petróleo que saquen del subsuelo a la compañía pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB). Esta venderá los productos en los mercados interno e internacional a los precios que quiera poner y pueda obtener respectivamente. En compensación, YPFB entregará a las compañías extranjeras un 18%.
Pero ¿un 18% de qué? ¿De los beneficios (o utilidades, como dicen en América Latina)? ¿De los ingresos netos o brutos? ¿Antes de impuestos o después de impuestos? ¿Libres de impuestos? Y ¿cómo se compensará a las empresas por la inversión realizada en suelo boliviano? Ninguna de ellas ha estado un tiempo suficientemente largo en el país como para poder argumentar que ya se les ha compensado con sus ingresos.
Para dilucidar estas y otras cuestiones más finas habrá que leer la letra pequeña (y la grande) de los nuevos contratos que las empresas tienen que firmar antes de 180 días, para ver cómo quedan y decidir si les interesa seguir en Bolivia o plegar velas y buscar otros campos petrolíferos en tierras más amigables.
En las dos anteriores ocasiones, Bolivia tomó la propiedad de las empresas petroleras que operaban en el país, que eran de nacionalidad norteamericana. Esta vez la propiedad era mayoritariamente europea (inglesa, francesa, italiana y belga), con predominio de la hispanoargentina Repsol-YPF, que controlaba la tercera parte de la producción, además de la empresa brasileña Petrobras.
Esta última circunstancia añade una nueva dimensión a la nacionalización, porque parece insinuar un enfrentamiento entre dos versiones de la nueva izquierda latinoamericana: la moderada promercado del presidente brasileño, Lula, que no quita el ojo de los mercados financieros, y la populista hostil al capital extranjero (como lo definía el Financial Times) del boliviano Evo Morales y del venezolano Hugo Chávez. Brasil es pieza clave en este entuerto, porque es el principal comprador del gas natural y de sus exportaciones en general (el 40% van al gigante suramericano). Petrobras ya lleva invertidos 1.600 millones de dólares en el gas boliviano desde finales de los años 90. Además, el mes pasado, el presidente Morales expulsó al fabricante de acero brasileño del grupo EBX, alegando una ruptura de la legislación medioambiental. Es de esperar que en la cumbre de Iguazú se hayan aclarado estos problemas.

¿QUÉ influencia ha podido tener la reunión de La Habana en esta decisión? Posiblemente ya estaba tomada antes de que Morales fuera a La Habana, donde sin duda su hospedador, Fidel Castro, se la habrá aplaudido. Y es probable que Chávez lo animara a dar este paso, aunque Chávez no parece estar enfrentado con las petroleras norteamericanas que operan en su suelo, ni desde luego con el presidente Lula. Todo parece indicar que sus amigos han empujado a Morales a un terreno en el que, por ahora, se encuentra solo. Ni Castro ni Chávez le pueden ayudar a enfrentar los problemas internacionales que se pueden derivar de esta medida.
Para Bolivia, la nacionalización será una gran cosa si resulta ser el punto de partida para una trayectoria de desarrollo, eficiente, justa y solidaria. La posición fiscal de Bolivia ha mejorado estos últimos años, aunque todavía en el 2005 va a tener un pequeño déficit. El país sigue dependiendo de la ayuda externa de gobiernos extranjeros, sobre todo europeos, que ahora quizá estarán menos dispuestos a concederla. En el 2005, el G-7 anunció una progresiva condonación de la deuda por valor de 2.000 millones de dólares para reducir las presiones fiscales sobre el Gobierno. Algunas de estas iniciativas pueden verse afectadas por el tratamiento dado a las empresas de estos países.
Pero la nacionalización sería una mala noticia si acabara alejando del país a la inversión extranjera y fomentando la corrupción en la Administración pública, de manera que los petrodólares aterricen en las cuentas de bancos extranjeros de los nuevos supuestos defensores de las poblaciones indígenas.
No nos toca a nosotros, sin embargo, analizar ni ponderar los riesgos que corre el Estado boliviano y su presidente Morales por haberse enfrentado a poderosas multinacionales, que además pertenecen a gobiernos de países que siempre han mirado con cierta simpatía la lucha de los bolivianos por la justicia y la dignidad. Se tratan de sus recursos, de su territorio y de su pueblo. Solo nos toca procurar que esos riesgos no se agranden por falsos motivos.

COMO españoles orgullosos de nuestras flamantes multinacionales nos sentimos quizá ofendidos por la arbitrariedad de la nacionalización de una empresa española. (¿Está Morales lanzando una nueva guerra de la independencia?) No conviene exagerar, porque estaríamos olvidando viejos ideales, de cuando éramos un país objetivo de las multinacionales, a las que el régimen de la dictadura nunca opuso resistencia ni se atrevió a nacionalizar nada, a no ser algunas empresas que quebraron, a pesar de que en las aulas y los foros se defendía la necesidad de tomar en nuestras manos el destino de la economía nacional.
En el caso de Bolivia todavía hay un margen para hacer compatibles, en una medida razonable, los intereses del pueblo boliviano, que es muy pobre, y necesita de todos sus recursos para salir de su postración, con los de las empresas extranjeras, que han invertido en lo que suponían un país amigo y respetuoso de los principios de la economía de mercado. Siempre que se reconozca y se respete por parte de todos la obligación del Gobierno boliviano hacia su pueblo.