La Tercera Vía

Vivimos un año que de un modo u otro será memorable en las historias de España y de Cataluña: dentro de poco más de un mes se va a conmemorar el tercer centenario de la caída de Barcelona ante las tropas borbónicas, cruento episodio que puso fin a la Guerra de Sucesión en la Península (Mallorca tardaría casi un año más en rendirse). Es un episodio que los nacionalistas catalanes han convertido en simbólico de la pretendida victimización que Cataluña habría sufrido a manos del resto de España. No importa que haya muy poco de cierto en todo este simbolismo, y que la caída de Barcelona marcara el inicio del brillante crecimiento secular de la sociedad catalana, que la hizo situarse a la cabeza de España en tantos aspectos hasta mediados del siglo XX, y del que tanto y tan justamente se ufanan los hijos de esa tierra y los de España en general. Para un observador imparcial esa efeméride debiera ser celebrada con alegría y confraternidad, porque marcó el final de una guerra larga y fratricida, y porque dio lugar al renacimiento de Cataluña de entre las cenizas, como un ave fénix. Sin embargo, años de propaganda y distorsión la han convertido en una fecha señalada por la amargura, el resentimiento y la ambición de reabrir heridas que estuvieron secularmente cicatrizadas.

Para llevar al extremo la ceremonia del rencor, este año se plantea un referéndum o consulta sobre la independencia de Cataluña que no por haberse anunciado con antelación deja de traslucir unos modos poco compatibles con la convivencia y la conducta democráticas. Tratándose de un asunto de tanta trascendencia para Cataluña, para España entera, e incluso para Europa, y siendo en principio una consulta inconstitucional, parece de elemental procedimiento que la Generalitat hubiera tratado previamente de llegar a un acuerdo con el Gobierno de la nación para ver cómo podría alcanzarse un entendimiento en esta materia. Se podrá alegar que el actual Gobierno no parecía muy receptivo a la idea; pero eso no justifica saltarse las leyes a la torera. En política hay que tener paciencia y agotar todas las vías pacíficas; y, sobre todo, no perder las formas. Es evidente que la Generalitat no ha hecho nada de esto y, sobre todo, ha perdido las formas. Aparte de no haber expuesto y justificado su postura de manera convincente, ni recabado los apoyos exteriores e independientes que la hubieran avalado, no ha tenido la paciencia de esperar a unas elecciones generales que hubieran podido producir un Gobierno más comprensivo con sus planes de consulta. En lugar de esto, ha fijado unilateralmente una fecha (el próximo 9 de noviembre) y unas preguntas (bastante peculiares, dicho sea de paso), y ahora quiere negociar lo que ya ha decidido y proclamado a los cuatro vientos. No parece un ejemplo de modales democráticos. ¿Qué diría el Honorable Mas si el presidente Rajoy le comunicara que en el resto de España se había decidido hacer un referéndum para proponer la separación de Cataluña sin consultar a esta comunidad?

En realidad, el pretendido diálogo tiene mucho de chantaje; la palabra es fuerte, pero no veo equivalencia más suave que se ajuste bien a la situación. El Honorable viene a negociar un fait accompli, algo que parece contradictorio: si ya ha anunciado lo que va a hacer, ¿qué se negocia? Si hay negociación, no hay fait accompli, es decir, se discuten unas exigencias a cambio de aplazar o suspender la consulta: se negocia bajo amenaza. A esto se llama vulgarmente chantaje.

Entonces aparecen unos amigables componedores a dar sustancia a la negociación. Se trata de unos bienintencionados empresarios que se autodesignan «los del puente aéreo», (o pont aeri) y proponen una tercera vía: ni negativa cerrada por parte de Rajoy, ni consulta por parte de Mas. Se trataría de una solución intermedia: Rajoy, es decir, el Gobierno de España, tendría que hacer una serie de concesiones para que Mas desactivara su consulta y no volviera derrotado y con las manos vacías a Cataluña. Así, Mas salvaría la cara, no habría consulta (de momento), y todos contentos. ¿Todos contentos? Primero veamos qué concesiones proponen los del pont aeri.

Las más mencionadas son una serie de modificaciones de la Constitución que permitieran «otro encaje» de Cataluña en España, algo que parece déjà vu. La búsqueda de una fórmula para que los catalanes «encajen» y «se sientan cómodos» es un tema recurrente en la política española desde la Transición. Y cada fórmula que se encuentra -ha habido muchas- dura unos años, pocos, para luego volver a reclamarse otro ajuste y un nuevo acomodo. ¿Nos hemos olvidado ya de que el Estatut de 2006 iba a procurar definitivamente ese tan buscado acomodo? Eso por lo menos anunció en 2005 su gran paladín, el entonces presidente Rodríguez Zapatero, que en un discurso en las Cortes afirmó que «la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña robustecerá nuestra convivencia… España estará más unida porque estará mejor unida…». Hoy vemos lo robustecida que quedó la convivencia gracias al tercer Estatut, que ha sido fuente de conflictos antes, durante, y después de su promulgación. Las concesiones se remontan al segundo Estatut, de 1979, que era innecesario porque Cataluña era la única comunidad que vio su Estatuto de Autonomía aprobado durante la Segunda República. Desde entonces la Generalitat ha obtenido prácticamente todo lo que ha pedido. Cataluña es la comunidad que tiene más competencias transferidas, entre ellas las de educación, lingüísticas, medios de difusión, fiscales, etcétera. ¿Han solucionado las cesiones continuas el contencioso catalán? Todo lo contrario; indicaban debilidad y animaban a exigir más.

ENTRE los puntos que la Tercera Vía querría ver entronizados en la Constitución reformada hay dos particularmente peligrosos: el primero, la admisión de que Cataluña es una «nación»; y el segundo, la cesión total y definitiva de las competencias educativas y lingüísticas a la nueva nación. La cuestión de la nación lleva años dando lugar a agrios debates, que se reprodujeron con especial virulencia con motivo del vigente Estatut, de cuyo articulado se eliminó, aunque no del preámbulo. Es evidente que la admisión de que Cataluña es una nación es un paso muy importante hacia la independencia. Pero aún más peligrosa es la cuestión educativa y lingüística; los gobiernos nacionalistas, en violación de la Constitución, e incluso del propio Estatut vigente, han relegado el español a un papel totalmente secundario en la esfera pública y educativa. El catalán es una bella y sutil lengua que merece todos los respetos y la cooficialidad en las comunidades donde se utiliza ampliamente. Pero Cataluña siempre ha sido una comunidad bilingüe, la mayoría de cuya población tiene el español como lengua nativa y donde nunca hubo problemas del tipo que los políticos nacionalistas están creando artificialmente para levantar una barrera frente al resto de España. Es evidente que una mayoría de personas educadas exclusivamente en catalán, tendrán dificultad para expresarse y escribir correctamente en español, considerarán a los españoles como extraños, y suscribirán fácilmente el tan repetido slogan de que Catalonia is not Spain. Nada tiene de raro que, tras 30 años largos de monolingüismo catalán, el sentimiento separatista haya aumentado en Cataluña.

Pero no todo han de ser negativas. La consulta debiera poder celebrarse, naturalmente, dentro de términos constitucionales y racionales. Ello significaría, en primer lugar, que se llevara a cabo en toda España. En segundo lugar, que, siendo una cuestión de carácter constitucional, debiera resolverse por mayoría no simple, sino cualificada. Para tener efecto su resultado se debiera exigir el apoyo de, pongamos por ejemplo, el 55% del censo electoral y el 70% de los votantes (iguales proporciones debieran haberse exigido a los Estatutos de Autonomía). Y, por último, debiera aplazarse al menos un año, para dar tiempo a que el Gobierno nacional tuviera tiempo de crear una Oficina Informativa que contrarrestara en alguna medida el bombardeo propagandístico que lleva soportando la población catalana durante tantos años, y a que la Generalitat pudiera hacer lo propio en el resto de España. Un acuerdo de este tipo haría innecesarias las propuestas de la Tercera Vía, que tienen más peligro que la propia consulta.

Gabriel Tortella es economista e historiador.

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