Desde años vengo compartiendo correos con Miquel Iceta sobre libros y política. El pasado 8 de mayo le escribí lo siguiente: “Esa noticia que acabo de oír será una buena noticia para la reforma del Senado”. Cuando Iceta me respondió vino a decirme que poseía la voluntad reformista que tuvimos algunos antiguos presidentes del Senado, aunque ya entonces desconfiaba de la mayoría independentista del Parlament a la hora de elegirle senador de la Generalitat. Una semana después, los votos de los diputados independentistas han impedido que Iceta sea senador, buscando así evitar que un relevante representante del pueblo de Cataluña se convierta en el primer catalán presidente del Senado desde 1977.
Esa torpe actitud no es solo una imperdonable falta de “cortesía parlamentaria”, rompiendo una tradición inveterada de respetar los candidatos a los que tienen derecho los grupos. Es bastante peor: un abuso brutal de una mayoría parlamentaria para destruir los derechos que la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña otorgan a los representantes parlamentarios y a los grupos en que se integran. Visto en abstracto, la decisión del Parlament podría ser más legítima que la propuesta de un grupo parlamentario, pero en mi opinión, la realidad de lo sucedido no es más que otra extralimitación de las leyes y normas catalanas, en la senda de atropellos jurídicos que comenzó con las leyes de desconexión con España, de septiembre de 2017. El Tribunal Constitucional tendrá que resolver esa importantísima cuestión para nuestra democracia representativa.
Es incomprensible el veto de los independentistas a Iceta, y mucho más en el caso de ERC, pues desvela inútilmente que su política pacifista de acatamiento a las leyes no era sino una estúpida táctica con la que creían ganar electores, alcanzar la hegemonía en el espacio nacionalista catalán, y al mismo tiempo seguir engañando a los que llaman “representantes del Estado español”, sean dirigentes de los partidos o jueces del Supremo. Es una “estúpida” táctica, en el sentido que le dio Carlo M. Cipolla, en su genial folleto Allegro ma non troppo: “Una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio”. Esta ley, que Cipolla califica como la ley de oro de la estupidez, define el comportamiento de ERC con Iceta. Después de vetarle, el diputado Gabriel Rufián ha dicho que ERC tiene su “mano tendida” al PSOE, lo que viene a demostrar la verdad de esa ley de oro.
Además de que ERC se ha equivocado en los momentos históricamente más importantes, el veto a Iceta se explica por la inconsistencia y la frivolidad de sus decisiones, y en este caso, podríamos definirlo como complejo de inferioridad protocolaria ante un presidente del Senado catalán, que aparecería como una autoridad por delante de las autoridades autonómicas catalanas. Esa cuestión impidió que Joan Rigol fuese elegido presidente del Senado en 1996, pues tuvo apoyos de todos los grupos excepto el suyo, que lo vetó, y de eso soy testigo principal. Pero ahora la historia ha dado un vuelco: el filósofo barcelonés Manuel Cruz ha sido propuesto para presidir la Cámara alta.
Cuando escribí a Iceta ilusionado por la posibilidad de que él realizara la necesaria reforma constitucional del Senado, recordé el artículo que Rigol, entonces presidente del Parlament de Catalunya, y yo mismo, que volvía a ser portavoz del grupo socialista del Senado, escribimos en EL PAÍS, en 2000. Mi contribución estaba en mi convencimiento de que el éxito de la reforma estribaba en contar con el apoyo del catalanismo político, y el reconocimiento de sus reivindicaciones culturales y sociales que un Senado reformado podría satisfacer, recogiendo los hechos diferenciales que la Constitución reconoce en el artículo 2 —distinguiendo “nacionalidades y regiones”—, y en otros varios y dispersos artículos de nuestra Norma Fundamental.
También recordé lo mucho que aprendí de mi amigo Josep Subirats Piñana, senador socialista por Tarragona, leal colaborador de Josep Tarradellas durante la Guerra Civil, en los largos años de la clandestinidad y como presidente de la Generalitat en la Transición. Subirats siempre citaba una frase de Tarradellas: “Cataluña debe pesar en España”. Esa idea volvía a ser posible con Iceta en la presidencia del Senado.
Demasiadas veces, el debate político territorial es dañino para la tolerancia democrática porque ha sido expulsado de las instituciones parlamentarias. Es una paradoja absurda que el Senado sea una Cámara incluso cordial y que el debate autonómico que se haga fuera de sus muros sea tantas veces ofensivamente insufrible.
¿Por qué no soportan a Iceta presidente del Senado? Porque son reluctantes a que un catalán se ponga a la tarea pendiente de abrir un cauce de participación de Cataluña, y de las demás nacionalidades y regiones, en las tareas estatales que un Senado reformado establecería para todas ellas.
Juan José Laborda es miembro del Consejo de Estado. Fue senador en 1978 y presidente del Senado (1989-1996).