De poco sirven ciertas afirmaciones abstractas (España es una democracia, un Estado de Derecho, un régimen parlamentario plenamente normalizado, etcétera) frente a una concreta acusación de tortura. Un Estado de Derecho no se caracteriza porque resulte físicamente imposible que sus fuerzas de seguridad se salten la ley, como parecen interpretar algunos, sino más bien porque en su interior laten dispositivos legales que posibilitan perseguir cualquier actividad criminal, también la realizada por las fuerzas del orden. Son tales dispositivos los que explican que la tortura y los abusos policiales se tornen menos probables en una democracia que en un régimen autoritario. Por ello, el sentido correcto de la línea argumental no es el que encontramos en el habitual «dado que somos un Estado de Derecho, no hay tortura», sino exactamente el inverso: «si no hay tortura, somos un Estado de Derecho». Sobra decir, por lo demás, que se trata de una cuestión de grado y no de clase.
La cuestión primera y primordial es por tanto si existe o no tortura en España, y en su caso en qué medida. Si hacemos caso al Gobierno, existirían tan sólo ciertos incidentes aislados de malos tratos, nada preocupante. Pero conviene prescribir aquí la misma medicina que aplicamos a los demás, porque a la hora de establecer si en cualquier país se tortura no nos guiamos nunca por lo que afirme el gobierno de tal país, sino por lo que dictaminan al respecto los diversos organismos internacionales encargados de ello. Y tales organismos nos dejan en muy mal lugar. Tanto organizaciones oficiales (nada menos que la ONU y la Unión Europea, en sendos informes sobre España) como no gubernamentales (Amnistía Internacional y Human Rights Watch, por ejemplo) arrojan sobre nuestro país una aciaga sombra de sospecha, y lo hacen continuadamente en el tiempo y con independencia del partido en el Gobierno. Por ello, afirmar hoy que en España no existe un problema con la tortura supone situarse inevitablemente del lado de la ignorancia y el desconocimiento: implica creer al acusado, nuestros sucesivos gobiernos, y desmentir a las muchas y variadas instituciones internacionales que vienen repitiendo su veredicto con inequívoca unanimidad.
Con respecto a la realidad de la tortura vivimos desde hace mucho inmersos en una situación que puede diagnosticarse de autismo nacional. No necesitamos matar al mensajero exterior que nos señala el problema, nos basta con no escucharle. Sus informes, sus recomendaciones y sus ensangrentadas verdades nos duran dos telediarios y una tertulia. Tras ello pasan de largo y se olvidan, como si hubieran arado en el mar, por decirlo con la hermosa expresión de Bolívar. ¿Por qué la tortura está lejos de hallarse en la agenda política española, siendo como es además un asunto en el que reina el más absoluto consenso en cuanto a su rechazo? ¿Por qué desde fuera los demás lo ven y nos lo dicen, pero desde dentro nosotros somos incapaces asumir siquiera la mera posibilidad de su existencia?
Existen varias razones, y ninguna es de poca enjundia. La principal es a mi juicio que la cuestión se identifica espontánea e inevitablemente con la lucha contra el terrorismo etarra. Y la absoluta preponderancia de esa inicial fusión perceptiva arroja ya desde el principio a la oscuridad de la no existencia otras dimensiones del problema. Lo que los informes señalan es que la mayoría de vejaciones y malos tratos se producen en las dependencias de diversas policías municipales, siendo sus víctimas predilectas los inmigrantes, las prostitutas y los desheredados que sobreviven en los márgenes del sistema. Al quedar esa clase de miseria moral que se ceba con los más pobres e indefensos subsumida en el apartado 'tortura', y en cuanto que la tortura la enfocamos desde el prisma del antiterrorismo, la capucha de los verdugos etarras nos vela en buena medida la posibilidad de tomar conciencia, compadecernos y actuar en consecuencia.
Pero resultaría grotesco cargar sobre ETA esa responsabilidad. ETA es responsable de sus propias miserias, que no son pocas, pero la responsabilidad de la respuesta a ETA es sólo nuestra. Con sus grandezas, que son enormes, pero también con sus indignidades, que también existen, y en muy diferente grado dependiendo del concreto cuerpo policial de que se trate, según recogen todos los informes. Reconocer una enfermedad es siempre el primer paso para poder erradicarla.
Un viejo dicho establece que la primera víctima de una guerra es la verdad. Estoy lejos de conceder a ETA que haya establecido guerra alguna. Tan sólo ha emponzoñado de terror y de desdicha la convivencia entre los propios vascos en una aventura sangrienta a la que ni ella misma parece saber poner fin sin que el dictamen generalizado de su propio pueblo sea de mezquindad y de oprobio. Pero esa violencia ciega que ha desatado sí puede haberse llevado por delante cierto margen de nuestra capacidad de afrontar la verdad o, lo que es peor, de nuestra voluntad de querer afrontarla. Ya es hora de asumir que la ONU, la UE y otras instituciones de reconocido prestigio sencillamente no se equivocan. Existen ciertas violencias en nuestro Estado de Derecho que lo hacen ser menos 'de Derecho' de lo que debiera. Lo perentorio no es enterrar la cabeza y negar su existencia sino reconocer el mal y establecer mecanismos concretos para tornarlo imposible.
Jorge Urdánoz Ganuza, Doctor en Filosofía. Visiting Scholar en la Universidad de Columbia, Nueva York.