Por Antonio Gutiérrz Vegara, del Observatorio de la Globalización, Universitat de Barcelona, Fundación Caja de Madrid (LA VANGUARDIA, 03/09/03):
Han muerto ya siete trabajadores en la explosión de la unidad de tanques de gasolina en la refinería de Puertollano, con lo que se elevan a 18 las víctimas mortales de los cuatro siniestros que se han registrado durante los últimos diez años en la planta que Repsol tiene en aquella población manchega.
Aunque los fallecidos eran empleados de las distintas contratas que prestan sus servicios a Repsol, el accidente no se ha producido en el transcurso de actividad laboral alguna que pudieran estar realizando estos trabajadores, sino por la acumulación de gases en un depósito que sólo debía almacenar fluidos. En esta ocasión fue la consecuencia de un fallo en la seguridad de las instalaciones y no de una deficiencia en las condiciones de trabajo, que no obstante son manifiestamente mejorables, tanto las de los subcontratados como las de los empleados de la compañía petrolera, que también han sido víctimas de accidentes anteriores.
Sobre ambas cuestiones, seguridad en la planta y condiciones laborales en las contratas, han venido insistiendo más que nadie los propios sindicatos mayoritarios en la empresa, CC.OO. y UGT. Sin ir más lejos, en el último informe sobre la seguridad que presentaron en julio del 2002 ya reclamaron la instalación de detectores atmosféricos en la zona de los tanques de gasolina, al igual que existen en el área donde se ubican las esferas que contienen butano. Respecto del empleo, fueron los citados sindicatos quienes lograron un acuerdo en septiembre del 2000 para la estabilidad laboral en las contratas, la regularización de sus retribuciones y la creación de un comité de seguridad intercontratas, entre otras mejoras. Es decir, han desplegado un trabajo sindical volcado por igual en la defensa de los intereses de los trabajadores tanto de la plantilla de Repsol como de las contratas, razón por la cual gozan también de una muy considerable representatividad entre estos últimos.
Sin embargo, los incidentes acaecidos durante una concentración posterior a la tragedia, cuando un grupo de operarios de las contratas abuchearon a los máximos dirigentes confederales de UGT y de CC.OO., además de dar la falsa e injusta impresión de que los sindicalistas se habían demorado en acudir a la factoría el día de los sucesos, han azuzado un peligroso enfrentamiento entre los distintos colectivos laborales tan infundado como contraproducente para todos, para los de Repsol y para los de las contratas. No es cierta la acusación, porque precisamente fueron dos afiliados a CC.OO. los que detectaron el escape de los gases y los primeros en dar la voz de alarma, evitando que la tragedia hubiese sido aún mayor. Y porque no habían pasado ni quince minutos desde la primera explosión cuando se personaron en la factoría los responsables locales y provinciales de los sindicatos representativos y estuvieron colaborando en la coordinación de las tareas de extinción del incendio y de atención a los afectados, día y noche sin descanso hasta que se apagaron las últimas llamas.
Por otra parte, CC.OO. y UGThan promovido distintas iniciativas a lo largo de los últimos años para actualizar la legislación laboral en relación con el trabajo en las contratas y mejorar tanto sus condiciones de empleo como la prevención de riesgos laborales, puesto que, con independencia de este dramático accidente de Puertollano, es cierto que el mayor índice de siniestralidad laboral se da entre los trabajadores subcontratados, generalmente con contratos precarios.
Ya en 1999, la federación de la construcción de CC.OO. presentó a las Cortes una iniciativa legislativa popular (ILP) para la regulación de las contratas –en este sector, el 60 por ciento de los trabajadores trabajan para contratas y subcontratas de grandes empresas y concentran el 92 por ciento de los accidentes laborales–. La UGT, por su parte, elevó igualmente al Parlamento otra ILP sobre temporalidad y seguridad en el trabajo el año pasado. Ambas fueron rechazadas con los votos del partido del Gobierno.
Precisamente el pasado mes de julio los agentes sociales alcanzaron un acuerdo muy alentador con elMinisterio de Trabajo para modificar la ley de Prevención de Riesgos Laborales a fin de reforzar su aplicación en las empresas. En ese marco, asumieron el compromiso de abordar específicamente el desarrollo de las nuevas medidas preventivas en el complejo mundo de las contratas y subcontratas. Esperemos que la renuencia que ha mantenido el PP hasta el momento cambie hacia una actitud más positiva que permita alcanzar pronto un buen acuerdo en la materia, porque es urgente y necesario acabar con discriminaciones laborales que encima ponen en peligro la vida de los trabajadores, en la petroquímica, en la construcción y en todas las actividades productivas en general.