La lucha contra el cambio climático es inaplazable. Las recientes inundaciones en Alemania o los incendios en Grecia, Australia y California nos recuerdan la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento del planeta. Este es el objetivo de la cumbre que reúne estas semanas en Glasgow a los principales dirigentes del mundo. La necesidad de descarbonizar nuestra economía es evidente; el problema es que no es gratis.
Desde la Revolución Industrial el sistema productivo se ha basado en la quema de combustibles fósiles que generan CO2. La electricidad que usamos en nuestras casas y la que utiliza la industria se produce todavía en buena parte mediante la combustión de gas, carbón o petróleo. También el combustible que empleamos para mover coches, aviones y barcos. Para salvar el planeta, tenemos que sustituir la fuente de energía que lo ha hecho funcionar durante el último par de siglos.
Un cambio de esta magnitud en nuestro modelo económico no puede hacerse a la ligera y sin planificar. La crisis de los chalecos amarillos en Francia, donde cientos de miles de personas se echaron a las calles para protestar por la subida del precio de los combustibles, nos recuerda que la transición ecológica debe ser sostenible medioambientalmente, pero también económica y socialmente. La sociedad tiene que compartir el objetivo de luchar contra el cambio climático, pero también compartir los medios que vamos a utilizar.
Para lograr la sostenibilidad medioambiental es fundamental ponerle un precio al CO2; se trata de conseguir que contaminar salga cada vez más caro y el mercado se mueva hacía tecnologías limpias. Este mecanismo ya existe: el mercado europeo de derechos de emisión de CO2, que sirve para que las empresas que necesitan emitir más toneladas de CO2 compren sus derechos a las empresas que pueden reducir sus emisiones de forma más económica. Así, reducimos emisiones de la forma más eficiente. Actualmente no todos los sectores están incluidos en este mercado y, por lo tanto, algunos no pagan por sus emisiones. Por ello, debemos ampliarlo para que incluya progresivamente todas las actividades que emiten CO2.
La Unión Europea ha tomado la valiente decisión de liderar al mundo en la lucha contra el cambio climático, pero no puede hacerlo sola. Solo produce el 6,4% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Por eso, necesitamos involucrar al resto de países (y la ausencia de los líderes de China y Rusia en Glasgow es una mala señal). La herramienta para lograr que incluso los más reticentes a reducir emisiones cumplan con su parte es un mecanismo de ajuste en frontera al carbono que asegure que los productos que se hacen en otros países y se consumen en la UE paguen por sus emisiones como si se hubiesen producido aquí. Europa es una potencia comercial y debemos usar ese poder para incentivar que nuestros socios comerciales también luchen contra el cambio climático. Además, necesitamos una inversión decidida en energías renovables, que son las que permitirán mover el mundo sin emitir gases de efecto invernadero. Actualmente, las renovables tienen el inconveniente de que solo están disponibles cuando hay sol o viento; por eso, debemos desarrollar tecnologías de almacenamiento de energía a gran escala para que esas renovables puedan cubrir nuestras necesidades energéticas durante todo el día.
En paralelo, debemos apostar por tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono, que permitiría reducir el CO2 que ya se encuentra en la atmósfera. Del mismo modo, tenemos que invertir en el desarrollo de combustibles limpios, como el hidrógeno verde. A la ciencia no le faltan ideas para la lucha contra el cambio climático; les toca actuar al sector público y privado para contribuir a materializarlas.
Pero no solo es un problema de sostenibilidad medioambiental. La sostenibilidad social y económica también son indispensables si queremos conseguir que la sociedad abrace la lucha contra el cambio climático. Desafortunadamente, la mayoría de los líderes políticos se niegan a reconocer que la lucha contra el cambio climático no es gratis, y actúan sin planificar. El ejemplo más reciente lo hemos visto con la gestión que está haciendo el Gobierno de la crisis de la energía. La subida de la luz es una advertencia de lo que puede venir y nos ofrece tres lecciones para afrontar la transición energética.
En primer lugar, los objetivos y el ritmo de esta transición tienen que ser realistas. El Gobierno ha optado por un modelo de generación de energía 100% renovable sin tener en cuenta que la tecnología actual no permite fiarlo todo a ese tipo de fuentes: como ya hemos señalado, cuando no hay viento ni sol no hay más remedio que apoyarse en otras tecnologías. Por eso, eliminar a la vez las centrales nucleares y las térmicas y de ciclo combinado (que funcionan con gas, carbón y petróleo) es inviable en el corto plazo si queremos evitar que se dispare el precio de la luz. Debemos considerar la energía nuclear como una tecnología que ayuda a la transición ecológica porque, aunque genera residuos, no emite CO2, y ese es nuestro objetivo más urgente.
En segundo lugar, tenemos que ayudar a la industria a hacer la transición verde para evitar la destrucción de empleos y tejido productivo. Las empresas necesitarán apoyo para que sus procesos productivos sean menos contaminantes. Sin embargo, estas ayudas no deben generar distorsiones dentro del mercado europeo. Por eso, la Comisión Europea debe evitar que los países más ricos financien a sus empresas para mejorar su competitividad tomando como pretexto la transición ecológica.
En tercer lugar, el coste de la transición no puede caer sobre los más vulnerables. En los últimos meses, millones de españoles están sufriendo el estrés de enfrentarse a una factura de la luz disparada cuando aún no habían terminado de recuperarse económicamente del golpe que ha supuesto la pandemia. Los ciudadanos deben recibir ayuda para afrontar la transición energética de la misma manera que la que se ha aplicado en Ontario, Canadá.
Allí, todas las familias reciben un cheque para compensar los impuestos sobre los combustibles fósiles. Una familia de cuatro miembros recibe un cheque de 600 dólares canadienses al año. Si esta familia vive además en un medio rural, recibe un 10% extra. Esta medida ayuda a los más vulnerables: es igual para todos, pero el consumo no lo es. Así, una familia vulnerable que consume poca energía y gasta por ejemplo 500 dólares, recibe más de lo que paga; una familia con una mejor posición económica que decide viajar más y contaminar más, paga 1.000 y solo le devuelven 600. En España hay que hacer algo similar: dar una cantidad de dinero a todas las familias, devolviendo lo recaudado en el mercado europeo de derechos de emisión de CO2.
Sólo una transición ordenada y sensata permitirá que luchemos eficazmente contra el cambio climático. Las medidas improvisadas y cortoplacistas no resuelven los problemas. Las decisiones del Gobierno no sólo no han logrado bajar el precio de la luz, sino que han provocado que se paren inversiones en renovables y que se reabran centrales de carbón, que contaminan mucho más. Es decir, ahora mismo tenemos lo peor de los dos mundos: ni ayudamos a los consumidores en su factura ni luchamos contra el cambio climático.
Por eso, pensando en el futuro, la puesta en marcha de medidas estructurales serias, socialmente sensibles y económicamente viables es la mejor garantía de éxito. Durante los últimos treinta años, países como Alemania, Suecia y Francia han aumentado significativamente su PIB per cápita al mismo tiempo que rebajaban sus emisiones de CO2 por persona. El compromiso para reducir emisiones es compatible con un crecimiento económico robusto si somos capaces de reconocer las dificultades de la transición y buscamos la forma sensata de llevarla a cabo. Nuestro planeta y nuestras vidas dependen de ello.
Luis Garicano es jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento europeo y vicepresidente y portavoz económico de Renew Europe.