Durante todos estos meses de crisis y conflictos, se han escuchado numerosos lamentos por “la falta de diálogo” y el “fracaso de la política”, así como apelaciones a “soluciones políticas” y a la “política con mayúscula”. Algún opinador en este diario ha llegado a decir que “poner en marcha el aparato institucional en defensa de la legalidad vigente no deja de ser una manifestación de impotencia política”. Cabe argumentar exactamente lo contrario: poner en marcha las apelaciones a “la política” muestra la debilidad del aparato institucional y la legalidad vigentes.
Se ha evocado, por ejemplo, el contraste entre el actual conflicto de Cataluña y la negociación entre el presidente del Gobierno Adolfo Suárez y el presidente catalán en el exilio Josep Tarradellas, que llevó al restablecimiento provisional de la Generalidad. No debería ser necesario recordar que esas y otras negociaciones de la Transición se desarrollaron en ausencia de todo marco legal, cuando las leyes franquistas ya no se aplicaban y aún no había otras nuevas, ni siquiera una Constitución. Más de 40 años después, uno podría esperar que hubiera habido más progreso en la institucionalización de la democracia española para no tener que echar de menos aquellos tiempos. Pero parece que continuamos en una transición perpetua, inacabable.
Las instituciones políticas y la vigencia del derecho sirven para la resolución ordenada de los conflictos, la toma efectiva de decisiones vinculantes y la motivación de comportamientos predecibles. Pero en España parece, en cambio, como si la competencia, las amenazas y los intercambios de favores entre dirigentes de partidos y facciones políticas continuaran dominando. El problema es que las instituciones políticas han sufrido de poca legitimidad desde tiempo inmemorial. No todo lo legal es, por el hecho de existir, legítimo. La legitimidad es un resultado de la aceptación y el reconocimiento de las reglas del juego por quienes se espera que actúen de acuerdo con ellas. Y es cuando este reconocimiento falla cuando se apela a “la política”.
Esto significa que, más o menos como siempre en los últimos 200 años, nos hemos quedado a mitad de camino. Por un lado, las instituciones y las leyes son suficientemente fuertes para que los gobernantes puedan intentar imponerlas como único y exclusivo mecanismo legítimo de resolución de conflictos. Pero no son suficientemente aceptadas para que puedan canalizar efectivamente todas las interacciones sobre los asuntos públicos, lo cual sobredimensiona “la política” entendida como amaños fuera de las instituciones y al margen de la ley.
La cuestión emerge con especial claridad cuando algunos denuncian “la judicialización de la política”, como si fuera algo malo, en vez de la politización de la justicia que se deriva de los mecanismos partidistas de selección de los altos cargos judiciales. El camino fecundo sería la despolitización de la justicia para que así se pudiera establecer una confortante judicialización de los conflictos políticos. Lo ideal sería, pues, no más “política”, sino menos, y más instituciones legitimadas.
Ya el maestro Juan J. Linz vio en la débil modernización de España una explicación “del papel tan importante de la política en nuestra sociedad”. Una vistosa consecuencia ha sido el prestigio social y la alta reverencia de que han disfrutado los políticos, en contraste con otros países de Europa occidental. Hace casi cien años Ortega y Gasset ya esbozó un análisis del engreimiento político que sigue siendo válido para la situación actual: “En España, el hombre político que ha sido gobernante o está en propincuidad de serlo —decía Ortega—, cualquier mequetrefe que durante veinticuatro horas ha asentado sus nalgas en una poltrona ministerial queda para el resto de su vida socialmente consagrado. No solo tiene influencia política, sino que al entrar en un baile privado o sentarse en una mesa convivial [o emitir un mensajito, diríamos hoy] parece que es alguien… No es que posea el exministro español más fuerza social que el francés, sino que, por ausencia de otras fuerzas parejas, queda monstruosamente destacado”.
Hoy, como ayer, el protagonismo de los políticos y sus declaraciones, estrategias, maniobras y cambalaches indica que lo que sigue fallando en España no es “la política”. De esa continúa habiendo mucha, demasiada, con el agravante de que, hoy en día, muchas acciones políticas no son más que postureo y gesticulación más o menos simbólica. Lo que sigue fallando son las instituciones propias de una democracia madura que nunca se ha llegado a completar.
Josep M. Colomer es economista y politólogo.