La Transición y el régimen del 78

Acabamos de celebrar los 40 años de las primeras elecciones democráticas de 1977, que permitieron crear las condiciones para la etapa más larga de libertad, estabilidad institucional y progreso que ha habido nunca en España. Sin embargo, esta afirmación no es compartida desde hace años por actores importantes de la vida social y política. No es que critiquen determinados aspectos o se opongan a una visión demasiado complaciente, sino que cuestionan de cabo a rabo la Transición y sus resultados.

Ahora mismo, las fuerzas separatistas siguen planificando una huida hacia delante, negándose a reconocer la legitimidad de la Constitución. Por otra parte, en el homenaje en el Congreso con Felipe VI se hizo notoria la discrepancia de Unidos Podemos que impugna lo que denomina el «régimen del 78». Pablo Iglesias, en otra caída suya en el adanismo, llegó a decir que «ya va siendo hora de que nuestro país rinda homenaje a los demócratas que se jugaron la vida por una sociedad mejor», como si nada se hubiera hecho hasta ahora e ignorando por completo la ley de memoria histórica del 2007.

La primera conclusión es que la dificultad para renovar un acuerdo de futuro sobre las bases de nuestra convivencia, el modelo de Estado, la organización territorial y la pluralidad española tiene como origen una lectura antagónica de lo que fue la Transición.

Cuando aquellos años deberían de entrar ya en el terreno de la historia, nos los hemos encontrado en el centro mismo de la confrontación entre partidos. Los materiales históricos se han convertido en materiales políticos arrojadizos de uso cotidiano. Hasta los años 90 existía una visión en muchos casos idealizada del paso de la dictadura a la democracia, pero sobre todo había una ausencia de análisis histórico.

El PP de José María Aznar levantó entonces la bandera de la «segunda Transición» con el objetivo de articular una alternativa que acabara con 14 años de gobiernos socialistas. Pero ese concepto no se consolidó porque la alternancia en el gobierno es lo lógico en las democracias consolidadas como la que España pretendía ser. En cambio, lo que sí penetró en una parte importante de la derecha como discurso es una apropiación del significado de la Transición en el sentido de que esas raíces históricas marcaban los límites de la propia evolución del sistema democrático. Ese intento de apropiación por parte la derecha fue acompañado, en sentido contrario, por el alejamiento político y sentimental del nacionalismo vasco y catalán de una etapa sobre la cual tanto CiU como el PNV edificaron sus proyectos hegemónicos de gobierno durante décadas en ambas comunidades.

A ello habría que añadir esa tendencia, siempre existente en una parte de la izquierda, de añorar lo-que-podía-haber-sido-y-no-fue en relación a supuestas renuncias o traiciones durante la Transición. Finalmente, el PSOE, como partido principal que fue a lo largo de muchos años, aún defendiendo una lectura positiva, no fue capaz de hacerse oír con la fuerza y convicción necesaria, y no combatió esos relatos alternativos.

La polarización ideológica y la radicalización política de la última década tiene como uno de sus espacios de actuación privilegiados el debate sobre la Transición. Porque como ha explicado la historiadora Carmen Molinero, «para unos en aquel proceso se selló un pacto que debe ser inamovible, dado que en los aspectos más sensibles de la estructuración política se alcanzó el techo del consenso», mientras que «para otros es imprescindible otra Transición porque entonces no fue posible cambios más profundos en determinados aspectos».

Hace 10 años vimos como se enfrentaron, a propósito de la ley de memoria histórica, relatos antagónicos para justificar su oposición a la iniciativa del Gobierno de  Zapatero. En aquel momento, el PP no quiso dar respuesta a las causas justas pendientes de la guerra civil y la dictadura, como si la historia de España comenzara con la Constitución de 1978.

Por su parte, ERC calificó la ley de fraude y denunció el «pacto español de impunidad» que evita ajustar las cuentas con la dictadura, presentando la amnistía de 1977 como una maniobra de los franquistas para blindar sus crímenes. Desde entonces el tono de sus descalificaciones ha sido adoptado también por una parte de la izquierda española, como Unidos Podemos, que junto a los separatistas cargan al unísono contra la Transición, tergiversando incluso determinados hechos, para deslegitimar lo que despectivamente denominan el «régimen del 78».

Joaquim Coll, historiador.

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