La Transición y sus desmemorias

La extinción física del presidente Suárez ha desatado una súbita implosión de remembranzas. Buena parte de la sociedad española buscaba una ocasión como esta para respirar de nuevo en la nostalgia y las lecciones de las dificultades de la Transición. Y fueron ciertamente enormes —en lo económico y social, incluso en lo psicológico— para la superación del peso de la historia y de los miedos cruzados que, paradójicamente, hicieron posible su éxito determinando su resultado: el golpismo y la insurrección no eran meros fantasmas, sino amenazas reales.

La ingente literatura que ahora reescribe aquel periodo ha cristalizado en mitos, y estos en desmemoria, de modo que la ensoñación retrospectiva del tiempo de la Transición ha llegado a subrogarse respecto de lo que realmente fue. Esto es sensible especialmente en las amonestaciones a los “políticos de hoy” para que “imiten a Suárez”. Pero a menudo en la historia la distorsión del presentismo traslada a épocas pretéritas las categorías del presente.

Irónicamente, y contra toda apariencia (puesto que se procedía de un régimen dictatorial), el marco institucional era entonces más sencillo y manejable que el establecido a partir de la Constitución. Había una sola TVE, controlada por el Gobierno. La prensa más influyente (a su cabeza, EL PAÍS) mostraba gran capacidad para la conformación del ánimo y las percepciones colectivas, contribuyendo al auroral prestigio de la política y los políticos. Después de 40 años, el paisaje de opinión ya no podría reducirse a una selecta camarilla de capitanes mediáticos. En aquella época, un escaso número de líderes políticos podían adoptar decisiones constitucionales, en reuniones cerradas apenas sin publicidad ni debate. Hoy la capacidad de reacción de mil contrapoderes y resistencias —pasando por la calle y las redes— se ha capilarizado.

Pero sobre todo, el cuadro del decision-making process era entonces más flexible. No existían autonomías ni Ayuntamientos democráticos que pudiesen imponer su oposición y sus recursos judiciales contra las medidas que les afectaran. La partitura de la transición fue orquestada por decreto o por decreto ley. El procedimiento legislativo era mucho menos denso y complejo que el actual; por ello, el poder del Gobierno era mucho mayor del que dispone actualmente.

Asombraría ahora constatar cómo la disolución del Movimiento Nacional y el Sindicato Vertical, la legalización de los partidos (incluyendo el Viernes Santo del PCE); la regulación de la huelga y las relaciones laborales (Real Decreto 17/77 ¡que continúa en vigor!); el restablecimiento del Consejo General Vasco y de la Generalidad de Cataluña ¡todo se hizo por decreto! También la supresión del Tribunal del Orden Público y la creación de la Audiencia Nacional ¡incluso la regulación del régimen electoral, cuyas bases pervivieron en la Ley Orgánica de 1985! se hicieron por decreto ley, directamente, pillando cada vez por sorpresa a casi toda España.

Se esculpieron así, sin fárragos obstativos, hitos históricos que hoy requerirían el tremendo iter procedimental de las leyes orgánicas (algunas de esas leyes continúan aun hoy pendientes, como la ley de huelga, la reforma electoral, o la de la justicia y el proceso penal…) con infinidad de trámites previos en órganos que entonces no existían (CGPJ, Consejo Fiscal, CES, o el propio Consejo de Estado, entonces con muy diferente caracterización).

Cierto, un hombre audaz y decidido podía entonces gobernar de manera muy distinta a como podría hacerlo hoy. Sigue siendo cierto que gobernar es cambiar, e incluso rectificar. Pactar requiere mucho olfato y coraje personal. Pero escuchar y acordar es ahora una tarea mucho más exigente que hace 40 años. Y relanzar la malherida democracia exige hoy, como entonces, interlocutores valientes para abordar retos de altura. Nada pervive “permanente” o “inalterable”, que es como se proclamaban los “Principios Fundamentales del Movimiento Nacional” de la dictadura franquista. Ninguna civilización tiene asegurada su supervivencia para siempre; ninguna conquista democrática está asegurada. Todas están permanentemente amenazadas: por el paso del tiempo y las transformaciones sociales, pero también por la regurgitación de la reacción y las contraofensivas de los enemigos del cambio.

El mejor homenaje que podríamos brindar a aquellos protagonistas, a cuya cabeza estaba Adolfo Suárez, sería atreverse a cambiar y abrir un nuevo ciclo de profundas reformas constitucionales, difíciles como puedan ser, y justamente por serlo. El edificio puesto en pie a finales de los setenta rechina por todas las costuras: Corona, Parlamento, Gobierno, Estado Autonómico, Poder Judicial y Tribunal Constitucional… Todas sus piezas están expuestas hace tiempo a un deterioro muy severo.

Una nueva sociedad impone ahora nuevos riesgos. Atreverse tiene costes. Los habrá que se apresuren a denostar con la misma crueldad de incomprensión con la que criticaron a Adolfo. Una nueva urdimbre generacional debe, de nuevo, hacer frente a un cambio, un ciclo constitucional que aprenda de las experiencias y haga valer nuestras procedencias diversas para relanzar la idea de las constituyentes de entonces. A menudo, la ensoñación de la memoria encubre la “desmemoria” no solo individual, sino también colectiva.

Juan F. López Aguilar es catedrático de Derecho Constitucional y presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo.

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