Desde las posiciones de la izquierda se dice que el proceso de salida del franquismo y el establecimiento de la democracia en España, conocido como «la Transición», no trajo la verdadera democracia, imponiendo su visión sesgada de lo que llaman «el Régimen del 78» y considerando que en el período 1975/1983 persistió el fascismo en nuestra patria, lo que justificaría aplicar a tal período de tiempo la totalitaria Ley de Memoria Democrática pese a que desde 1978 esté vigente la Constitución.
Lo cierto es que a pesar de esas afirmaciones el proceso a que nos referimos fue un hito en nuestra historia, pues por primera vez se lograba un cambio pacífico de régimen político con acuerdo entre la práctica totalidad de las fuerzas políticas, como un ejemplo de reconciliación nacional.
Efectivamente, al proceso se sumaron los partidos de izquierdas que tras la muerte de Franco habían constituido la llamada «Platajunta», de carácter rupturista y beligerante, que abandonaron para unirse al proceso de la Transición al considerar que este era el único viable para lograr la pacífica instauración de la democracia.
En tal sentido es de destacar el compromiso con el proceso de Transición de líderes de la izquierda, como Felipe González, Enrique Tierno Galván, y el propio Santiago Carrillo.
La Transición fue diseñada jurídica y políticamente por Torcuato Fernández-Miranda por encargo del Rey Juan Carlos, por mucho que Adolfo Suárez Illana afirme en un post de su blog, que:
«El Rey –entonces Príncipe– y Adolfo Suárez diseñan en Segovia en los años 68 y 69 todo el proceso de la Transición con una precisión de detalles que sorprendería a más de uno que se ha pasado la vida hablando de la proverbial capacidad del Rey y Suárez para improvisar… Los dos sabían perfectamente lo que querían hacer, el problema era si serían capaces… y lo fueron».
La verdad es que en esos años la preocupación de Don Juan Carlos no era todavía su papel tras la muerte de Franco, sino sus dudas sobre su juramento de las leyes fundamentales y la reacción ante ello de Don Juan, ante su designación de heredero por Franco, dudas que también disiparía Torcuato al decirle que si juraba aquellas leyes estaría jurando su procedimiento de modificación, anticipando la fórmula magistral contenida en la ley para la reforma política, redactada por Torcuato y resumida en su «de la ley a la ley».
Efectivamente Franco designó a Don Juan Carlos como su sucesor a título de Rey, al amparo de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, una de las «leyes fundamentales» del franquismo, en julio del año 1969. Y las preocupaciones de Don Juan Carlos ante dicha designación eran:
- No cometer «perjurio» al jurar las «leyes fundamentales» teniendo para el futuro el deseo de instaurar una democracia.
- La reacción de Don Juan, su padre, que siempre mantuvo una posición beligerantemente antifranquista y no aceptaba, inicialmente, el proyecto de reforma.
Frente a la primera de estas cuestiones ya hemos explicado el consejo de Torcuato a Don Juan Carlos.
En relación con la segunda cuestión, soy testigo privilegiado del cambio de postura de Don Juan, que en una cacería de faisanes en la finca La Acequilla, en Azuqueca de Henares, organizada por uno de mis cuñados, el propio Don Juan me dijo: «Qué pena no haber conocido a tu padre nada más morir Franco, las cosas entre nosotros hubiesen sido más fáciles, la Monarquía le debe mucho».
Al final Don Juan asumió que su papel tenía que ser de colaboración con su hijo el Rey, abandonando sus posiciones maximalistas, abrazando el proceso de transición.
Todo ello fue posible gracias al compromiso y comportamiento de un importante grupo de personas de derechas e izquierdas, como mi padre Torcuato, Suárez, Felipe o Carrillo, como ya hemos apuntado, que, además, establecieron el perdón mutuo al pasado mediante la Ley de Amnistía de 1977 que también es criticada por la izquierda, como ha hecho Bolaños al decir que «la concordia empezó con la Constitución» ya que la Ley de Amnistía de 1977 alcanza a las izquierdas y las derechas por sus actos anteriores a la misma, y hoy se pretende, por la izquierda, mediante la Ley de Memoria Democrática, excluir del perdón a las derechas en una actitud revanchista y sesgada en relación con nuestra historia.
Y todo responde al deseo de esas izquierdas de reescribir la historia, ganar la Guerra Civil que perdieron en los campos de batalla y establecer en España una república bolchevique de corte soviético, al estilo de lo pretendido por Largo Caballero, impulsor de la revolución contra la República de 1934, ensalzado por Sánchez en el 43 Congreso Confederal de UGT celebrado en mayo de 2021, recordando a ese asesino, del que dijo:
«Quiero recordar a una persona fundamental en la historia del PSOE, Largo Caballero, que actuó como hoy queremos actuar nosotros».
En definitiva, para acabar con nuestra democracia, dando gusto a sus socios parlamentarios, a Sánchez sólo le faltaría dar un golpe de Estado como el de Largo Caballero de 1934.
Así asaltaría el cielo con los comunistas, separatistas y terroristas que le mantienen en Moncloa.
Y en ese camino al muladar está ya transitando Sánchez con su traición al derogar el delito de sedición para beneficiar a los golpistas separatistas catalanes. Y ya prepara la dulcificación del delito de malversación para favorecer a Griñán.
Sánchez, en esto, se ha convertido en aventajado discípulo de Robespierre –el amo del terror hasta que ese terror acabó con él– que decía que «la traición deja de ser un defecto para convertirse en una virtud cuando te permite mantener el poder».
Jesús Fernandez-Miranda es abogado.