Últimamente parece que hablar de televisión implica hablar básica y exclusivamente de dinero. Por un lado se cuentan los beneficios de las privadas, los que tienen y los que van a tener las nuevas, gracias a sus cotizaciones en bolsa y a sus cifras récord de ingresos publicitarios. Por el otro se valoran --en algunos casos de manera crítica-- las aportaciones que los gobiernos español y catalán han destinado a liquidar la deuda histórica acumulada de Radiotelevisión Española y de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Dinero que unos ganan y dinero que otros pierden, dicen los que critican.
Pero hablar de televisión no es solo hablar de dinero. Se sabe que en nuestro país, de promedio, cada ciudadano la consume durante casi cuatro horas diarias. Es un dato que debería concienciarnos de la auténtica dimensión, de la enorme influencia que este medio tiene en nuestras vidas. Por lo tanto, nuestra preocupación también tendría que ser la manera como la televisión contribuye a mejorar nuestro nivel cultural, orientar nuestro sistema de valores y cimentar el espíritu democrático. Más allá de las circunstancias económicas, nos debemos preguntar si las televisiones privadas asumen las responsabilidades básicas y cumplen con los compromisos mínimos exigibles. Y en cuanto a la TV pública, después de ponderar lo que nos cuesta, tendremos que juzgarla por lo que vale.
Si miramos a Europa, que debería ser nuestro referente geográfico y estratégico, nos invadiría una sensación de anormalidad y de distancia. Nuestra diferencia radica en que cuando la televisión llegó a nuestro país lo hizo bajo un régimen dictatorial que la utilizó como un instrumento de control y dominación y que impidió la existencia de cualquier debate sobre la función social que el nuevo medio habría de cumplir. Un debate que sí se produjo en la mayoría de países europeos y que tuvo como consecuencia la delimitación de las responsabilidades y las obligaciones de las televisiones públicas y, en contrapartida, el establecimiento de unos impuestos económicos específicos --el canon-- para sufragar los costos del nuevo invento. La ausencia de reflexión y debate inicial y la falta de libertad son el pecado original de nuestro sistema de televisión.
Hablando de lo que cuesta, si seguimos mirando a Europa, y en el caso de Televisió de Catalunya, que es el que mejor conozco, el dinero que cada ciudadano destina a su mantenimiento está en la franja media del conjunto de televisiones públicas europeas. Además, existe un contrato programa que se cumple y se aplica el máximo rigor empresarial a la gestión económica. Hablando de lo que vale, si TV-3 no existiera, la presencia del catalán en los medios audiovisuales sería prácticamente nula, ni existiría el potente imaginario colectivo que ha nacido del talento de los creadores que han trabajado en la cadena a lo largo de estos años.
Pero la función de servicio público que asume TV-3 no es menos importante. En un momento en que los emisores privados, buscando espacio de manera agresiva, reconocen abiertamente que sus clientes son los anunciantes, se hace más que necesaria la existencia de un emisor que trate al público como ciudadanos y no como simples consumidores y, por lo tanto, dedique también esfuerzo y recursos en dirigirse a sectores de la audiencia minoritarios y poco apreciados por los anunciantes, que trate al público infantil con el máximo respeto y atención y que considere la cultura como un objetivo. Probablemente no siempre se logra estar a la altura de nuestras obligaciones y nuestros compromisos, hacer televisión en estos tiempos y en este país no es fácil, pero intentamos competir de la manera más efectiva posible contra emisores mas potentes y con más recursos ofreciendo un producto digno. Eso, naturalmente, cuesta dinero, como también cuesta en el resto de Europa, y si cumplimos con nuestras obligaciones de televisión pública y nacional no será nunca un dinero perdido, sino un valor ganado.
Por cierto, siguiendo con lo del dinero, ¿quién dijo que las televisiones privadas no nos cuestan nada? Si se sufragan con la publicidad lo hacen, indirectamente, con nuestro dinero. Por esa razón, y por la importancia de la función social que cumplen, deberían asumir muchas mas responsabilidades públicas de las que actualmente tienen. Me pregunto por qué no tienen ninguna obligación para con las lenguas oficiales que no sean el castellano, por qué no asumen todas las responsabilidades para con la producción independiente, por qué no están reguladas por ningún organismo que impida la impunidad con la que transgreden en sus contenidos. Supongo que todas estas preguntas tienen la misma respuesta y nos remiten a nuestro pecado original.
A diferencia de Europa, en España la ausencia de un debate previo que contribuyera a definir el límite del servicio público liberó de cualquier responsabilidad y obligación a las televisiones privadas en su nacimiento. En la mayoría de países europeos cuando las privadas rompieron el monopolio de las públicas lo hicieron con unas severas contrapartidas que afectaron a sus beneficios económicos y a sus condiciones de producción. Sería aconsejable que, en este aspecto, no nos distanciáramos tanto de nuestro marco de referencia geográfico y estratégico.
Francesc Escribano, director de TV-3.