Junio va camino de convertirse en un mes fatídico para la Unión Europea. El 21 de junio, el Tribunal Constitucional alemán dictará sentencia respecto de la impugnación planteada a un programa de compra de bonos que es fundamental para la respuesta del Banco Central Europeo a la crisis de deuda del continente. Dos días después, los votantes británicos decidirán sobre la permanencia del RU en la UE. Ambas decisiones tendrán serias consecuencias para la estabilidad política y económica de la UE a largo plazo.
La demanda interpuesta ante el tribunal alemán es el menos espectacular de los dos hechos, pero apunta al núcleo de la interpretación que hace el BCE del Tratado de Maastricht. La parte demandante, que incluye a miembros del Bundestag, cuestionó la permisibilidad de que el Bundesbank participe en el programa de transacciones monetarias directas (TMD) del BCE, con el argumento de que infringe los artículos 123 y 125 del Tratado de la UE, que (en interpretación de los demandantes) prohíben a los gobiernos emitir moneda para financiar programas de rescate. En particular, los demandantes objetaron el compromiso ilimitado del BCE con la compra de títulos públicos de países en crisis (la famosa frase “hacer lo que sea necesario”, del presidente del BCE Mario Draghi).
Según el programa de TMD, los inversores que compren esos títulos ya no deberían preocuparse por un eventual impago, ya que antes de que se presente dicho riesgo, el BCE se ocupará de comprarles los títulos en peligro, usando para ello el Mecanismo Europeo de Estabilidad, un fondo capaz de entregar asistencia financiera rápida a todos los miembros de la eurozona. Esto implica que el riesgo de impago se transfiere de los bonistas a los contribuyentes de las economías sanas de la eurozona, que perderían en forma permanente los intereses de esos títulos públicos.
La cuestión que se le planteó al Tribunal Constitucional de Alemania es si ese arreglo, que ya recibió la bendición del Tribunal Europeo de Justicia, es compatible con la constitución alemana; en concreto, si las TMD atentan contra la autoridad presupuestaria del Bundestag. No es una cuestión que pueda decidir el TEJ.
Hay dos razones por las que es probable que el tribunal imponga condiciones a la participación del Bundesbank en el programa de TMD. Según se dice, el Bundesbank ya consultó al tribunal respecto del programa de flexibilización cuantitativa del BCE, y el tribunal pidió la exclusión efectiva de la cláusula de responsabilidad conjunta de los bancos centrales para las compras de títulos públicos en el marco de ese programa. Además, en su opinión preliminar el tribunal expresó sospechas de que el BCE puede estar excediéndose de su mandato.
Si el tribunal sigue esta línea de razonamiento y falla contra la participación del Bundesbank en el programa de TMD, la decisión causará un incremento del diferencial entre el interés que pagan los títulos de las economías sanas y las afectadas por la crisis, correspondiente al riesgo real para los inversores. Eso pondría fin a ciertas fantasías, pero también sería un paso más en la dirección de fortalecer la responsabilidad y llevar otra vez a la eurozona a una senda de cumplimiento de restricciones presupuestarias estrictas, sin las cuales ningún sistema económico puede sobrevivir.
La segunda decisión, en relación con la permanencia del RU en la UE, puede ser aún más trascendente. El referendo es una convulsión más en una larga historia de relaciones tormentosas entre el RU y el resto de Europa. El RU se unió a la Comunidad Económica Europea (antecesora de la UE) en 1973, en el tercer intento, después de que el presidente francés Charles de Gaulle vetara sus pedidos de ingreso en 1963 y 1967.
Pero la relación fue difícil desde el comienzo. La fuerte resistencia en Gran Bretaña a las condiciones de ingreso llevó a la convocatoria a un referendo sobre la pertenencia en 1975. La mayoría de los votantes del RU eligieron quedarse. Tras su llegada al poder en 1979, la primera ministra Margaret Thatcher aplacó a los escépticos negociando condiciones especiales para Gran Bretaña.
Pero la reciente crisis de la moneda común provocó un resurgir del euroescepticismo. Aunque tal vez la participación del RU en la financiación de la respuesta europea a la crisis solo haya sido marginal, los británicos están cada vez más temerosos de que un día el país y sus contribuyentes deban pagar rescates de países europeos meridionales y bancos de la UE.
Al mismo tiempo, la crisis de refugiados en Europa comenzó a alterar la calma británica. Con Thatcher, y con el primer ministro Edward Heath antes de ella, el RU había puesto restricciones a las migraciones desde países de la Commonwealth. Hoy, los británicos temen que el país esté en riesgo de afrontar una nueva ola migratoria desde la UE.
Es probable que los votantes indecisos preocupados por los riesgos del “Brexit” den el margen necesario para evitar la salida del RU de la UE. Pero aun así, el referendo expuso las serias falencias de la UE y la incapacidad de su dirigencia para presentar una estrategia creíble y convincente ante los desafíos a los que se enfrenta el continente.
Cualquiera sea el resultado de las dos decisiones de junio, una cosa está clara: la era de la confianza incondicional en la UE y sus instituciones ya terminó.
Hans-Werner Sinn, Professor of Economics and Public Finance at the University of Munich, was President of the Ifo Institute for Economic Research and serves on the German economy ministry’s Advisory Council. He is the author, most recently, of The Euro Trap: On Bursting Bubbles, Budgets, and Beliefs. Traducción: Esteban Flamini.