Por Günter Verheugen, vicepresidente de la Comisión Europea (EL PAÍS, 23/03/06):
En los últimos tiempos la integración europea se está convirtiendo en pantalla de proyección de unos miedos y unas inseguridades que nada tienen que ver con ella. Muchas personas creen que los profundos y rápidos cambios que a todos afectan se deben a esa integración, a la que ven como el motor de la globalización, y no como lo que en realidad es: nuestra bahía en el mar proceloso de la globalización.
Surgen nuevas superpotencias económicas y tecnológicas como China e India. ¿Estamos bien preparados para afrontar este nuevo panorama global?
Estoy totalmente convencido de que este es el momento de que Europa entre en escena. Ningún Estado europeo puede, por sí solo, garantizar a sus ciudadanos un futuro de seguridad y bienestar. Pero juntos sí podemos. Europa no está condenada al declive. Somos capaces de salir adelante.
Europa debe competir en los campos en los que están sus fuerzas. No tiene sentido enzarzarse en combates donde no podemos ni queremos participar. No queremos desmantelar el nivel de bienestar social y de protección del medio ambiente que hemos logrado alcanzar. Nuestra meta sigue siendo un nivel de vida elevado. Entonces, sólo nos queda una respuesta: nuestra baza es la calidad. Debemos ser siempre mejores que los competidores. Debemos ser muy exigentes con la calidad de nuestros productos. Debemos estar en la vanguardia de la tecnología y a la cabeza de la innovación. Nuestra baza son nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevos productos que nos permitan sacar ventaja.
No menos importante para reforzar nuestra competitividad es el marco normativo. El Estado debe aportar las condiciones necesarias para que el mercado no sea el único criterio y para que el crecimiento económico general sirva para hacer realidad metas sociales comunes. El mercado no sirve para regularlo todo. Por eso, sería un grave error renunciar a dotar a la economía de mercado de un marco legislativo claro, previsible, fiable y respaldado por valores comunes. Una economía de mercado sin valores sociales caería rápidamente en el capitalismo sin escrúpulos.
En nuestros tiempos, una empresa más libre implica también una mayor responsabilidad de cada empresario. La marca distintiva de la empresa europea puede y debe ser su compromiso social más allá de lo que impone la normativa. Y no por falsa filantropía, sino por la idea básica de que la economía moderna tiene que controlarse a sí misma para no degenerar y poder triunfar a largo plazo.
Las grandes empresas suelen saber bastante bien cómo va a evolucionar su competitividad en los próximos años. Los cambios estructurales que minan el empleo en sectores o lugares de producción que ya no son rentables nunca se producen de repente.
Si observan que el empleo se ve amenazado, las empresas tienen la responsabilidad de buscar soluciones dentro de su mismo sector de actividad. Las empresas atentas al desarrollo tecnológico y conscientes de su propia competitividad han de apostar ahora más por la innovación y por la cualificación continua de su mano de obra. Por eso insisto también en que deben reflexionar más detenidamente sobre cómo el cambio estructural, en sus inicios, puede abordarse de manera que les aporte más competitividad, más impulso innovador y nuevos destinos para los trabajadores afectados.
Ya pasó la época del dirigismo, el control del Estado y la economía subvencionada. Tanto a escala nacional como europea, se impone una política favorable a la competencia que ofrezca a las empresas las mejores condiciones para crecer, prosperar, invertir y crear empleo. La nueva política industrial europea que propongo y la nueva política para las pequeñas y medianas empresas siguen estrictamente estos principios.
No son los políticos los que contratan a las personas en busca de empleo, sino las empresas. La política puede y debe contribuir a que puedan hacerlo. Queremos que las empresas europeas inviertan en Europa y creen puestos de trabajo en Europa. Este es el punto central de la estrategia revisada de Lisboa, es decir, de la cooperación europea para el crecimiento y el empleo.
Esta estrategia empieza a cuajar. Sobre la base de directrices consensuadas, ahora disponemos de 25 planes nacionales de reforma y un plan de acción comunitario. Por primera vez existe una política económica coordinada en Europa. Todavía no podemos esperar resultados cuantitativos, pero las naves ya han zarpado y avanzan con el mismo rumbo. 2005 fue el año del planteamiento estratégico. 2006 debe aportar resultados concretos.
Se trata ante todo de aprovechar plenamente el potencial del mercado interior europeo. Tenemos el mayor mercado interior del mundo, pero aún no está del todo desarrollado. Aún hay muchas disposiciones nacionales y prácticas proteccionistas que entorpecen la circulación de bienes y, en particular, de servicios en el mercado interior europeo. Queremos liberarnos de esos obstáculos.
En mi opinión, la liberalización del mercado europeo de los servicios es la tarea más importante y probablemente la más difícil. No se trata de establecer la libre prestación de servicios, que ya está desde hace años contemplada en el Tratado de la UE. Se trata más bien de hacerla efectiva y de aprovechar un enorme potencial de crecimiento y empleo. Se han alzado voces airadas en protesta contra la apertura del mercado de los servicios. La Comisión no pasará por alto las críticas justificadas. Vamos a cuidar de que la libre prestación de servicios no mine el bienestar social, la protección del medio ambiente ni la calidad. Pero, por otra parte, esa libertad facilitará la competencia y dará así dinamismo a la economía.
El pasado año, la Comisión emprendió su hasta ahora más amplia y completa iniciativa para eliminar la burocracia superflua y evitar la sobrerregulación. Queremos que se legisle mejor a escala europea y que no se vuelva a hacer sin un análisis exhaustivo de los costes para la economía. Por primera vez estamos revisando todo el acervo legislativo europeo desde la perspectiva de la competitividad. De este modo se logrará una clara reducción y simplificación de la legislación.
Si observamos la economía europea, veremos que son las pequeñas y medianas empresas, y no las multinacionales que todos conocemos, las que representan el mayor volumen de puestos de trabajo en la UE. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas (pyme) están padeciendo en toda la Unión Europea los mismos problemas: capital insuficiente, normas demasiado complicadas e inadecuadas para ellas, escasa capacidad de innovación, uso insuficiente de las modernas tecnologías de la información y la comunicación y dificultades de acceso a mercados distintos del mercado local tradicional. Tengo la impresión de que se habla mucho de las pyme, pero que tanto discurso no se plasma en políticas concretas. Pero esto va a cambiar. La nueva política en materia de pequeñas y medianas empresas que presenté hace pocos meses aborda todas estas cuestiones. Y los Estados miembros también lo hacen. La Comisión está aplicando el principio de "Think small first" (pensar primero a pequeña escala) en todos sus ámbitos de responsabilidad.
La primera gran tarea es avanzar hacia la sociedad del conocimiento. El problema es el enorme abismo que se abre entre la ambición y la realidad. Todos sabemos lo que hay que hacer y dónde hay que invertir más, pero los resultados son insuficientes. Al paso que vamos no lograremos alcanzar el objetivo de destinar en 2010 el 3 % del PIB a investigación y desarrollo. Los Estados miembros y la economía deben al fin convertir las bellas palabras en hechos.