La última barrera

Cataluña no tiene una justicia propia e independiente porque en su momento un magistrado del Tribunal Constitucional ejerció su función con plena autonomía de criterio y tumbó con su voto una reforma estatutaria que con el tiempo habría impedido juzgar el procés en una sala del Supremo. Manuel Aragón Reyes había sido elegido a propuesta del Gabinete de Zapatero, pero su firmeza en la defensa de la soberanía nacional y de la separación de poderes alteró la correlación de fuerzas que había previsto el Gobierno. Eran los tiempos del llamado Proceso de Paz con ETA y de la doctrina del fiscal general Pumpido sobre la necesidad de que los jueces manchasen sus togas con el «polvo del camino», pero el catedrático cordobés no quiso empañar el prestigio de su trayectoria aviniéndose a doblegar sus principios. Una falaz campaña de los nacionalistas señaló a aquella sentencia como el origen del posterior conflicto que agitaron ellos mismos. Pero lo cierto es que la integridad del sistema judicial se salvó gracias al veredicto en el que Aragón desempeñó un papel tan decisivo como poco agradecido.

El Alto Tribunal -un organismo jurídico al margen de la estructura del poder judicial- y el CGPJ, determinante en los nombramientos de jueces y en la composición del Supremo, vuelven a perfilarse como elementos medulares en la salvaguarda de unas bases constitucionales que cuestionan sin excepción todos los posibles aliados de Pedro Sánchez. Con un anclaje constitucionalista tan débil como este PSOE tan poco fiable, la legislatura en ciernes amenaza, si no un claro proceso destituyente, sí una ofensiva contra el «régimen del 78» encubierta en reformas colaterales y leyes habilitantes que en la práctica supongan, como en la época zapaterista, una deconstrucción de apariencia suave. El programa rupturista de los socios elegidos por el presidente necesitará encontrar un marco legislativo que satisfaga al menos en parte sus aspiraciones y ofrezca al independentismo insurrecto una pista de aterrizaje. Sin esas contrapartidas, explícitas o tácitas, el aspirante a la investidura no logrará reunir apoyos suficientes ni aunar tantas y tan heterogéneas voluntades.

Ante este panorama, el órgano de gobierno judicial y sobre todo el TC se convierten en instancias estratégicas. De ellos dependerá en último término que Sánchez pueda cumplir sus promesas, tanto para ensanchar los límites de la legislación territorial como para procurar a los líderes separatistas condenados un alivio de penas. En ese sentido, la ruptura de la unanimidad en el recurso contra la prisión preventiva de Junqueras ofrece una primera pista sobre la dirección previsible de los futuros problemas. Ya resultó sorprendente que un jurista de la autoridad de Manuel Marchena aceptara incluir el intelectualmente inaceptable concepto de la «ensoñación» del procés en su sentencia. Ahora, el voto particular de tres magistrados «progresistas» prefigura un aval doctrinal para la apelación del recluso ante la Corte europea, tal vez innecesario cuando la simple foto de la negociación del Gobierno con ERC constituye el mejor argumento posible de la defensa en la medida que supone una verdadera absolución política de la revuelta.

Existe un precedente inquietante en la revocación de la «doctrina Parot» que permitió excarcelar a muchos presos de ETA: la participación en la resolución de Estrasburgo de un antiguo alto cargo socialista español da pábulo a la sospecha de que pudo tratarse de una cláusula no expresa, una suerte de detonación retardada de una oculta componenda, un ajuste fino para satisfacer sin mancharse las manos la más espinosa de las condiciones del fin de la violencia. Empiezan a atisbarse indicios de otra estratagema en la que aquellas palabras del presidente al líder de Esquerra -«no te preocupes»- podrían adquirir mayor relevancia que la del contexto de un simple diálogo sin trascendencia.

A mediados de 2021, aproximadamente en el ecuador de la nueva legislatura, caduca en el TC el mandato de cuatro magistrados, entre ellos el actual presidente, elegidos a propuesta del Congreso. La renovación de ese tercio será la clave que podría facilitar o impedir a Sánchez el desarrollo de una agenda en la que el sesgo revisionista de sus aliados tratará de tomar cuerpo. La posición del PP resulta crítica al respecto, dado que su concurso es imprescindible en la mayoría cualificada que exigen los nombramientos. Recae sobre los populares la responsabilidad histórica de una alteración crucial del statu quo interno, que puede peligrar si los dos partidos dinásticos se reparten las designaciones mediante el habitual método de chalaneo. Ese delicadísimo proceso requerirá más que nunca un auténtico consenso en el que ningún candidato reciba de forma mecánica el visto bueno; se necesitarán cuatro aragones, constitucionalistas intachables, de probada independencia de pensamiento y sin más hipotecas ni lealtades que la pura observancia del Derecho. Y si no hay acuerdo, el PP debe hacer valer el bloqueo que permite la continuidad automática de los actuales miembros. Es la arquitectura misma del sistema lo que se pondrá en juego.

Porque en caso contrario, las togas no se mancharán de polvo, sino de barro. Y porque es altamente probable que esos doce hombres y mujeres acaben formando la última barrera de protección del vigente modelo de Estado.

Ignacio Camacho

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