La última falacia

La última falacia es afirmar que hay una diferencia abismal entre el esfuerzo y los sacrificios que está haciendo el sector privado para superar la crisis y reducir su endeudamiento, y el continuado despilfarro del sector público, que se resistiría a reducir sus privilegios, a eliminar prácticas corruptas y a seguir gastando sin límite, como demostraría el aumento «incontrolado» de la deuda pública.

Ni los autodenominados liberales, ni los izquierdistas de todos los colores, ni los antisistema, están dispuestos a aceptar que el gobierno de Rajoy ha hecho profundas reformas, está saneando el sector público y ha ayudado a que el sector privado haya dispuesto de un nivel de renta disponible suficiente para mantener, en términos nominales, no reales, el nivel de consumo privado en estos años de crisis. Aceptarlo sería reconocer que la austeridad, incluyendo el aumento de los impuestos, como principio conductor de la política económica, está funcionando. El discurso de la izquierda es que la renta disponible se ha reducido a mínimos insostenibles. Muchos liberales mantienen que todo es apariencia, que el Gobierno ha enderezado la situación subiendo los impuestos, sin haber hecho ningún esfuerzo para reducir el gasto público. Para ambos, el aumento de la deuda pública es un ejemplo de que la catástrofe se acerca. Los autodenominados liberales se equivocan, los izquierdistas y antisistema mienten y ambos parecen no ser capaces de sumar y restar.

Lo primero, los datos. El 31 de diciembre de 2011, la deuda pública, contabilizada de acuerdo con las normas europeas (Protocolo de Déficit Excesivo) alcanzaba 736.000 millones de euros. A finales de 2013 alcanzará, presumiblemente, 965.000 millones, un aumento de 229.000 millones de euros en dos años. Una cifra que no parece cuadrar con la contabilidad oficial, que registra un déficit del 6,9% del PIB en 2012 y el 6,5% (esperemos) en 2013. Esos porcentajes se traducen en 71.000 millones de euros en 2012 y 67.000 millones en 2013. En total, 138.000 millones de euros. ¿Cómo se explica el resto? ¿Cómo se explican los otros 91.000 millones de mayor deuda pública?

El gobierno de Rajoy se enfrentaba en 2012 a un déficit oficial de 100.000 millones de euros en 2011 (teniendo en cuenta alrededor de 10.000 millones dedicados a capitalizar el FROB), al que hubo que sumar 25.000 millones de gasto público adicional para pagar retrasos a proveedores (de los 35.000 millones gastados hasta ahora), y otro gasto excepcional de alrededor de 50.000 millones para financiar el FROB en 2012 (41.300 millones del MEDE y alrededor de 9.000 millones del mercado) para recapitalizar las cajas nacionalizadas; una operación que debería haberse hecho entre 2008 y 2011. En dos años, el gobierno de Rajoy ha pasado –eliminando los gastos de recapitalización del gobierno de Rodríguez Zapatero–, de un déficit de 92.000 millones en 2011 a otro de 67.000 millones en 2013, ha pagado deudas con proveedores de 35.000 millones y ha capitalizado las cajas con otros 50.000 millones. Los pagos a los proveedores es una operación extraordinaria, no repetible, que reconoce déficits públicos no declarados, producidos en gran parte antes de 2012, aunque quizá alrededor de 10.000 millones se ocultaron entre 2012 y 2013.

Un ajuste en las cuentas públicas de este calibre, sin devaluaciones ni quitas de deuda, es un hito en la historia de la hacienda pública española. Le pese a quien le pese, este hecho aparecerá en los manuales de historia como la «Reforma Montoro». Lo extraordinario del ajuste no termina aquí. Hay que añadir que el déficit del 6,5% del PIB de 2013 se logrará a pesar de una caída del 3% del PIB, en términos reales, entre 2012 y 2013. Esa reducción del PIB se traduce en una pérdida de recaudación superior a los 40.000 millones de euros entre 2012 y 2013. Dicho de otro modo, con un PIB que no se hubiera reducido en ese 3%, el déficit público podría haber sido del 4,9% en 2012 y del 4,5% en 2013. Eso explica que un pequeño crecimiento del PIB en 2014 –sea de un 0,5%, o un 1%– y de más del 1,5% en 2015, permitirá alcanzar los objetivos de déficit en 2014 y 2015. En 2014, manteniendo el actual sistema tributario y de cotizaciones sociales, un crecimiento del 1% del PIB podría traducirse en un aumento de al menos 8.000 millones de euros de recaudación, una disminución de 6.000 millones para el pago de los intereses y una reducción de 5.000 millones en desempleo.

En cualquier caso, un 6,5% del PIB de déficit público es una cifra altísima, negociada con las autoridades europeas con otro objetivo adicional, que hubiera algún margen para transferir mayores recursos financieros al sector privado, básicamente pensiones y prestaciones por desempleo. Cuando estalló la crisis, las empresas y las familias estaban mucho más endeudadas que las Administraciones Públicas. Ese hecho ha añadido una gran complejidad al proceso de saneamiento fiscal y económico. Hoy, la preocupación es el déficit público y la deuda pública, porque las familias y las empresas están reduciendo aceleradamente su endeudamiento. Pero esta reducción ha sido, en parte, posible porque, vía endeudamiento público, se han transferido recursos a familias, empresas y bancos, para ayudar a cada colectivo en sus necesidades más perentorias. Un total de 85.000 millones de euros de deuda extraordinaria de 2012 y 2013 han sido transferencias a empresas y bancos. Y las familias –muchas de las cuales viven entre la pobreza y la precariedad– han recibido, vía mayores pensiones públicas, 28.000 millones de euros por encima de lo recaudado por cotizaciones sociales entre 2012 y 2013. Y quedan sin cuantificar las transferencias de subsidios de desempleo –por encima del máximo de dos años previsto por la ley– para los parados con cargas familiares. En una situación tan límite como la que ha vivido, y, en parte, sigue viviendo, la economía española, creer que se puede diferenciar radicalmente entre el sector público y el sector privado, es una falacia. Una operación de saneamiento de esa magnitud ha requerido un gran aumento de impuestos –que apenas han recaudado más que antes de la subida, por la caída de la actividad–, una reducción del gasto en «consumo público» –que es como se denomina contablemente al gasto de funcionamiento de las tres Administraciones–, de 33.000 millones de euros, y unas transferencias de recursos de más de 110.000 millones de euros a las familias, las empresas y las cajas nacionalizadas. La deuda pública refleja el coste de esta operación de saneamiento de lo público y lo privado. Pero a partir de 2014, tras alcanzar el 100% del PIB, debería empezar a reducirse. Mientras, familias y empresas podrán continuar su desapalancamiento sin transferencias extraordinarias del sector público.

Alberto Recarte, economista.

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