La única salida

Uno de los mejores capítulos de la cuenta de resultados de la Constitución de 1978 y del sistema electoral establecido a su amparo es el de la alternancia en el poder. El pasado 15 de junio (día de san Landelino, por una feliz coincidencia) se han cumplido 46 años desde las primeras elecciones generales de la democracia, y las sucesivas convocatorias electorales han permitido ya en varias ocasiones la completa renovación del gobierno. Además, esos cambios han sido compatibles con una cierta estabilidad gubernamental durante la mayor parte del tiempo.

Pero las virtudes benéficas de la alternancia política no se limitan al cambio de las personas y de los programas de gobierno. Hay ocasiones, sobre todo en los sistemas parlamentarios, en las que conviene que se produzcan cambios en la propia estructura de las fuerzas políticas y también en el planteamiento, en el tono y en el estilo de los debates. Tras el estruendo de la campaña electoral y la tensión del escrutinio y la proclamación de los resultados, viene ese silencio expectante que es propio de lo que se llama el estado de gracia del vencedor. Es el silencio que acompaña al director de orquesta en los dos segundos que siguen a su subida al podio. Qué importante será que, llegado el momento, los primeros acordes transmitan ya un mensaje de armonía, muy distinto del que ahora predomina en la arena política.

Pero, para que eso sea posible, se tiene que producir una transformación en la correlación de las fuerzas políticas y sólo el cuerpo electoral puede efectuarla. En los últimos años, la política española se ha caracterizado por una influencia desproporcionada de las 'franjas lunáticas', por decirlo con la terminología de los países de habla inglesa. En una de sus conversaciones con el doctor Watson, Sherlock Holmes decía que la aparición de un incidente grotesco en uno de sus casos le ponía en estado de alerta, porque tras lo simplemente extraño o extravagante siempre aparecía algo peor. Así ha ocurrido recientemente en España, donde actitudes de un radicalismo grotesco se han acabado traduciendo en normas legislativas de consecuencias muy negativas para el bien común.

Qué duda cabe de que las franjas extremas que, a uno y otro lado del espectro político, reciben el apoyo de los ciudadanos en las urnas han de estar en las instituciones con plenitud de derechos. Por supuesto que sí. Cuestión distinta es que convenga que accedan al gobierno de la nación, o que constituyan parte decisiva del apoyo parlamentario con que el gobierno cuenta en el Congreso de los Diputados. Esa es la situación que se ha dado en los últimos años, con consecuencias que no se han visto sólo en la acción de gobierno, sino también en el conjunto del sistema político español. En efecto, el predominio de los extremos trae consigo la desertización del centro político y la reducción al mínimo del consenso entre los dos grandes partidos.

En este sentido, quizás el ejemplo más importante sea el del consenso en materia territorial, recogido por primera vez en el Título VIII de la Constitución de 1978 y renovado y ampliado luego en los pactos autonómicos de 1981 y 1992. Pues bien, el consenso territorial se deterioró gravemente en el llamado pacto del Tinell en 2003 y no ha vuelto a recomponerse desde entonces, ni parece que pueda serlo mientras que partidos nacionalistas extremosos conserven la influencia que hoy tienen sobre el gobierno de la nación. Otro ejemplo es el de la educación. Ciertamente, el pleno consenso en materia educativa resulta muy difícil, pero un acercamiento de posiciones que acabara con los vaivenes legislativos en la materia sería quizá posible en una atmósfera menos eléctricamente cargada.

¿Qué salida tiene esta situación que privilegia la influencia de las posiciones políticas extremas? Por desgracia, el principal partido de la coalición gobernante está decididamente comprometido con el actual modelo. No es el caso del primer partido de la oposición, que apuesta por su propio ser y por su propio programa. En estos momentos aparece como la única salida de la actual situación, que consistiría no solo en un nuevo gobierno, sino en la traslación de toda la política española hacia coordenadas de moderación. Sin embargo, para que esta salida sea posible, es necesario un resultado electoral que aleje al PP de la atracción gravitatoria de la franja extrema situada a su derecha y que salvaguarde dos elementos institucionales de importancia capital para la estabilidad y la cohesión de la sociedad española: el Estado de las Autonomías y la Unión Europea.

Como he escrito en estas mismas páginas, un Estado autonómico exitoso es el peor enemigo del independentismo, y toda recentralización indiscriminada no pasaría de ser una estéril quimera. Y España debe seguir, como ha estado siempre, en la corriente principal de la Unión Europea. El gobierno que salga de las elecciones generales de este domingo debería retomar la presidencia española del Consejo de la UE con un imperturbable «decíamos ayer». Afortunadamente, y en términos orteguianos, España ya no es el problema, pero Europa sigue siendo la solución de muchos de los problemas de España.

Toda convocatoria electoral es importante, pero la de este 23 de julio lo es especialmente. No se trata sólo de cambiar de gobierno, sino de sacar la vida política española del pantano de la discordia, la extravagancia y la estridencia. Quienes puedan hacer posible en las urnas esa única salida de la que aquí se ha hablado, deberían reflexionar antes de hacer experimentos con su voto. Eugenio D'Ors, en frase muy repetida en otros tiempos, decía que los experimentos se hacían con gaseosa y no con champán. Tampoco con cava, añadiríamos hoy. Sigamos, pues, el consejo de don Eugenio. Nos va mucho en ello.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín es jurista.

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