La unidad como muralla moral frente a la barbarie

A veces resulta necesario explicar lo evidente; y también a veces, esa necesidad se hace imprescindible cuando lo evidente afecta a elementos esenciales de nuestra convivencia que, en consecuencia, deberían constituir parte del acerbo común de los ciudadanos y, por ello mismo, de sus representantes políticos.

Es una sensación que he tenido desde que, hace unas semanas, muy cerca de nosotros, en París, viví en directo el clamor de millones de ciudadanos que, tras un brutal atentado, salieron a las calles a proclamar su decisión de, todos juntos, hacer frente al terrorismo y también su voluntad de defender su sistema de libertades y derechos.

No hubo voz discrepante. Sentí que lo que aquella tarde les unía y lo que hacía de aquella manifestación una expresión de ciudadanía era más fuerte, más hondo, más importante que las diferencias de método o de estrategia que pudiesen tener entre ellos.

No era una sensación nueva. La había vivido ya aquí mismo, en Madrid, el 12 de marzo de 2004, cuando, junto a millones de ciudadanos, participé en la manifestación de respuesta al atentado atroz que, el día anterior, nos había arrebatado a 192 personas y había dejado con secuelas a más de 1.800.

Atocha, El Pozo del Tío Raimundo, Santa Eugenia, habían sido los lugares de la tragedia, arrastrando en su sino a ciudadanos de otras poblaciones: Guadalajara, Alcalá, Torrejón, San Fernando, Coslada. Allí se unieron para siempre hombres y mujeres, ancianos y niños, trabajadores y estudiantes, jubilados y amas de casa, españoles de siempre y nuevos españoles de los que ya poblaban nuestros pueblos y ciudades.

En su nombre, toda España salió a la calle. Lo hicimos, también como en París, bajo una pancarta finalmente unitaria. Lo hicimos juntos, aunque muchos exigíamos conocer la verdad. Salimos para expresar nuestro horror, nuestra indignación y nuestro dolor compartidos; pero también para conjurarnos en un compromiso colectivo de resistir al terror, de no ceder a sus exigencias, de mantener y defender la Constitución como símbolo de una forma de vida y como garantía de un sistema de derechos y libertades.

París me hizo revivir Madrid y, con ello, revisar los más de cuarenta años durante los que España ha vivido un acoso incesante y cruel de distintos grupos y organizaciones terroristas, nacionales y extranjeros. Recordé que son más de 1.250 los ciudadanos que han muerto víctimas del terror. Recordé, también, la soledad, durante años, de las víctimas, pero también la toma de conciencia creciente de que había que romper el silencio y el homenaje masivo a Martín Barrios, a Ortega Lara, a Miguel Ángel Blanco, a Tomás y Valiente…

Recordé, sobre todo, que ya a mitad de los 80, los partidos políticos democráticos decidieron aparcar sus diferencias y tratar de ofrecer una respuesta común y compartida al chantaje terrorista con los acuerdos de Ajuria Enea y de Madrid, y, más tarde, con el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Con ellos, convinimos en renunciar al uso partidista del terrorismo; sostuvimos que la lucha contra el terrorismo debía desarrollarse desde el respeto escrupuloso a la ley y con el mantenimiento estricto de las libertades; y coincidimos en que el camino del éxito en esa lucha estaba marcado por la eficacia policial, la acción de la Justicia, la cooperación internacional, la atención a las víctimas y la movilización de toda la sociedad.

Recordé que, en el origen de todos ellos, estuvo siempre el Partido Socialista, que los promovió desde el Gobierno y desde la oposición y que los defendió incluso en los momentos de dificultad y hasta de ruptura por los que pasaron.

Y recordé que, en ese marco y con esa convicción, el Estado democrático logró, bajo la dirección de un Gobierno socialista, el fin operativo de ETA y el triunfo de la ley y el derecho.

Ésta fue la razón por la que, al regreso de París, propuse al presidente del Gobierno, y éste aceptó de inmediato, un nuevo acuerdo para hacer frente, en forma específica, al terrorismo yihadista.

Es un terrorismo nuevo: en su organización, en su ubicación, en su difusión, en su puesta en escena, en su operatividad, en las formas de captación y entrenamiento de sus militantes, en la brutalidad de sus acciones, en el número de sus víctimas…

Los atentados de Nueva York, Madrid, Londres y París; las ejecuciones de rehenes por parte del llamado Estado Islámico; los asesinatos masivos que lleva a cabo Boko Haram en Nigeria; los atentados casi diarios en el Magreb, África central, Siria, Irak, Pakistán y otros países asiáticos demuestran la capacidad de barbarie de que es capaz el terrorismo yihadista, y del que hace blanco no sólo a las sociedades occidentales, sino también a aquellas en las que vive, donde tiene su sede originaria, donde recluta preferentemente a sus activistas, donde quiere suprimir todo resto de cultura, donde persigue a quienes, profesando la religión o creencias que ellos pregonan, no participan de sus acciones criminales.

Nadie está a salvo. Y nosotros, tampoco. Es un ataque universal que no conoce fronteras, que toma a la Humanidad como enemigo y contra el que la unidad de acción internacional será nuestra defensa más efectiva.

Pero es, también, una amenaza constante en nuestro propio país, donde su presencia se inició en 1985, donde produjo los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y donde ahora, casi a diario, se conocen células y tramas y se detienen activistas por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

No quiero detenerme en el contenido del acuerdo que, hace unas semanas, alcanzamos para actualizar nuestro Código Penal con el fin de que pueda servir eficazmente para sancionar a quienes, en esta nueva modalidad terrorista, realizan actos y mantienen conductas cuya sanción penal ofrecía hasta ahora algunas limitaciones.

Sí quiero, por coherencia, recordar que el acuerdo recoge una discrepancia, que se mantiene y que no es menor para los socialistas. Nos oponemos firmemente a la prisión permanente revisable para todo tipo de delitos. También para los terroristas. Creemos que no es útil, creemos que tenemos un sistema de penas suficiente, creemos que ofrece rasgos que la pueden hacer inconstitucional.

ASÍ LO hemos dicho al discutir la reforma del Código Penal y así lo hemos hecho en la propuesta y negociación de este acuerdo. Tanto lo hemos hecho que nuestra posición contraria a la prisión permanente ha sido reconocida por las partes que suscriben el acuerdo, figura en su texto y también lo hace con nuestro compromiso de suprimirla cuando dispongamos de la mayoría suficiente sin que, por ello, ni este acuerdo, ni la unidad en la lucha contra el terrorismo se vean afectados.

Sabemos que la respuesta al terrorismo no se centra fundamentalmente en el Código Penal, y por eso el acuerdo también se extiende a facilitar los elementos procesales de prueba de comportamientos terroristas, a dotar con suficientes recursos materiales y humanos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Administración de Justicia, a comprometernos a combatir las formas de radicalismo e intolerancia, especialmente la xenófoba, a promover la acción de la Unión Europea para la prevención, persecución y castigo al terrorismo y a mantener vivo el reconocimiento y apoyo a todas las víctimas del terrorismo.

La virtud principal de lo que hemos hecho reside, con todo, en la razón que ha promovido este acuerdo: la voluntad de que todas las decisiones relevantes en la lucha contra el terrorismo sean la expresión de la unidad de los demócratas y así se proyecten a los ciudadanos. Creo, sinceramente, que se sentirán más confortados y también más seguros.

En este clima es en el que decía, al principio de estas líneas, que hay que explicar lo evidente. Porque en estas semanas se ha defendido que la unidad de los partidos frente al terrorismo es una tradición histórica que estuvo bien, pero que ya no es necesaria porque, en los nuevos tiempos, el terrorismo, como amenaza real, ya sólo preocupa al 1% de los ciudadanos.

Y lo que hay que explicar es que, en los nuevos tiempos, como en los antiguos, la unidad de los demócratas y de los partidos democráticos no es un instrumento operativo en la lucha antiterrorista sino una muralla moral que nos da fuerza colectiva, que anima y respalda a fuerzas de seguridad, fiscales y jueces, y que supone un mensaje inequívoco de la voluntad irreductible de una sociedad como la nuestra de no rendirse frente al terror, frente a la violencia, frente a la amenaza contra su vida, su convivencia, sus libertades, sus valores y su forma de vida. Y esto siempre ha sido necesario y lo sigue siendo hoy. Y merece la pena comprometerse con ello.

Pedro Sánchez es secretario general del PSOE.

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