El presidente del Gobierno compareció ante el Congreso de los Diputados el miércoles 31 de octubre para informar sobre el último Consejo Europeo, casi quince días después de celebrarse en Bruselas. El primer ministro británico, David Cameron, apenas si tardó setenta y dos horas en explicar a sus colegas de la Cámara de los Comunes las decisiones de la Cumbre, pues existe una convención de que esta comparecencia tenga lugar el lunes inmediatamente posterior a su celebración. Si Cameron compareció el lunes siguiente, la canciller Angela Merkel lo hizo el miércoles ante el Bundestag. En Italia, Mario Monti debe también comparecer ante la Cámara de Diputados antes y después de los Consejos Europeos, y en la actualidad se encuentra en tramitación un proyecto de ley —que entrará en vigor antes de finales de año— que refuerza esta obligación del Gobierno, vinculándole a tomar en consideración las propuestas aprobadas por el Parlamento.
El debate en el Pleno del Congreso ha tenido interés, pues ha servido para que el Gobierno explique su posición sobre asuntos de gran trascendencia para la economía como son la unión bancaria y el Pacto de Crecimiento y el Empleo. En opinión del señor Rajoy, así como de otros portavoces parlamentarios, como el señor Duran Lleida, este consejo ha sido de transición, un consejo puente entre el celebrado en junio y el que tendrá lugar en diciembre próximo. El Consejo Europeo ha reconocido el valor estratégico que para Europa tiene la unión bancaria. Así, se dio un decisivo paso adelante, pues se acordó dar luz verde al establecimiento de un sistema de supervisión único para los más de 6.300 bancos que actualmente operan en la eurozona. Esta importante medida se enmarca en la hoja de ruta diseñada conjuntamente por los presidentes del Consejo, la Comisión, el Eurogrupo y el Banco Central Europeo (BCE) —conocido como el «documento de los cuatro presidentes»— para avanzar en la unión bancaria, fiscal y económica de Europa.
Los críticos de los países del sur reprochan la decisión del Consejo Europeo de incumplimiento de los plazos en la puesta en funcionamiento del nuevo sistema, ya que en su anterior reunión de junio se comprometió a que este entraría en vigor en enero de 2013. El aplazamiento impuesto por Alemania tiene unas consecuencias de especial importancia para nuestro país, ya que retrasa también la aplicación del Mecanismo Europeo de Estabilidad —MEDE— para el saneamiento de algunas entidades de nuestro sistema financiero.
Por su parte, los críticos de los países del norte consideran que el Consejo ha ido demasiado lejos, ya que se ha dado un excesivo poder al BCE, que, carente de legitimidad democrática, toma sus decisiones por mayoría simple de sus miembros, sin que se hayan diseñado reglas que protejan a las minorías. Esta mayoría se utilizará para refinanciar a los cinco países de la Eurozona más golpeados por la crisis —Italia, España, Portugal, Irlanda y Grecia— mediante mecanismos como los propuestos por el presidente del Consejo, Van Rompuy, de emisión de eurobonos y mutualización de la deuda soberana de estos países. Frente a estos últimos, los Estados miembros en minoría pero fieles cumplidores de la disciplina presupuestaria, como Alemania y Finlandia, deberán pagar unos platos que otros han roto. La unión bancaria debe ser el remedio a este conflicto, pues, como dijo el presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso, el modelo de unión bancaria es un modelo eficiente, si finalmente es aprobado antes de que finalice el año. Queda, no obstante, un camino lleno de incertidumbres, pues si bien el sistema institucional se ha confirmado con el BCE como entidad supervisora, los mecanismos sobre lo que se ha denominado «recapitalización directa de la banca» plantean todavía grandes interrogantes, cuando no grandes reticencias, en países como Alemania, Finlandia y Holanda.
Este avance tan parsimonioso de la unión bancaria —la política de los pequeños pasos se ha convertido en la política de la tortuga— es consecuencia de la excesiva «intergubernamentalización» de la política europea y especialmente de sus procesos de toma de decisiones. Como he escuchado recientemente, «demasiado gobierno nacional y poca gobernanza europea». Hace unos días, el prestigioso Instituto Breggruen organizó en Berlín una reunión sobre el futuro de Europa en la que el excanciller Schröder puso de manifiesto que la actual crisis económica es en realidad una crisis política y no de moneda, pues el estado actual de integración no es suficiente para mantener el euro. La conclusión es clara: solo superaremos la crisis con más Europa. Por eso, me parece muy interesante la propuesta que hizo en esa misma reunión el ministro de Hacienda alemán, Schauble, de que los ciudadanos europeos elijan directamente al presidente de la Comisión Europea, lo que facilitaría la transferencia de competencias a Europa. La unión bancaria tiene que ser un referente que nos lleve por este camino de mayor integración. Todos esperamos que sea más pronto que tarde.
José Luis Ruiz-Navarro Pinar, letrado de las Cortes y profesor de Derecho Europeo