La unión bancaria y sus avances

La intervención del Banco Popular por las autoridades europeas ha puesto de relieve los profundos cambios adoptados en los peores problemas de la crisis del euro. Entonces, en aquel 2012 en que España se hundía en el llamado ‘redenomination risk’ por Mario Draghi, es decir, la posibilidad real de abandonar el euro y recuperar la peseta, la solución adoptada de urgencia fue constituir la unión bancaria.

Porque la situación era tan dramática por el abrazo del oso en que se habían fundido los sectores público y financiero en España: unas administraciones públicas que necesitaban que la banca financiara su enorme déficit porque no se fiaban de él los inversores internacionales; y una parte del sector financiero bajo sospecha que precisaba la ayuda de un sector público incapaz de suministrarla. Era el dramático vínculo banca-sector público que, ante la creciente desconfianza de la salud financiera de ambos, los iba hundiendo. La brutal elevación de las primas de riesgo-país, hasta cerca de los 600 puntos básicos en verano del 2012, ilustra la dureza de la situación.

La solución consistió en cortar el nudo gordiano de esa relación. Y dado que mancomunar las emisiones de deuda pública en la eurozona no lo iba a aceptar Alemania, en el 2012 España, Italia y Francia plantearon la unión bancaria. Que se contemplaba como una forma indirecta de compartir riesgos entre países: primero, usando el MEDE, el mecanismo europeo de financiación, en posibles rescates bancarios; segundo, con un seguro único de garantía de depósitos bancarios. A cambio de esa solidaridad, los países del sur aceptaban la pérdida de la supervisión financiera, trasladándola desde sus bancos centrales al BCE, algo más que razonable vistos los problemas que aquella había planteado.

Inicialmente, Alemania pareció aceptar estas propuestas, aunque en el desarrollo final de la unión bancaria fue imponiendo sus posiciones. Así, aceptó el nacimiento del MUS (Mecanismo Único de Supervisión), de forma que desde el 1 de noviembre del 2014, sería el BCE el encargado de controlar toda la gran banca de la zona euro.

Pero en la definición del Mecanismo Único de Resolución (MUR), el encargado de decidir qué bancos debían salvarse y cuáles ser liquidados, impuso cambios sustanciales, en especial en quien debería pagar la factura de un banco quebrado o en riesgo de quiebra. Así, cuando el MUR entró en vigor el 1 de enero del 2016, lo hizo estableciendo que, antes de utilizar recursos colectivos europeos, sería preciso absorber pérdidas con las aportaciones de los acreedores privados (accionistas, accionistas preferentes, obligacionistas o impositores de más de 100.000 euros) y de recursos públicos del país afectado. Era pasar del ‘bail out’ al famoso ‘bail in’.

Estos dos mecanismos son, justamente, los que han aparecido en la solución a la crisis del Popular. El MUS advirtió que el banco no disponía de la liquidez para funcionar y, en esta situación, el MUR consideró que no podía ser salvado y utilizó la totalidad del capital para absorber pérdidas y, dado que ello no resultó suficiente, procedió a amortizar las acciones preferentes y otros instrumentos parecidos. En suma, un valor final de 1 euro. El resto es ya conocido.

¿Hasta qué punto el MUS y el MUR definen una unión bancaria que merezca ese nombre? Solo en parte. Primero, porque este esquema tiene, como siempre en la UE, sus excepciones: en particular, cuando se considere que puede haber riesgos sistémicos. Es lo que se ha argumentado para el salvamento del banco italiano Monte dei Paschi de Siena en el que, pese a aplicarse las mismas normas que en España, el Estado ha garantizado la devolución del capital a los minoristas poseedores de acciones preferentes.

Segundo, porque la constitución de un fondo común de resolución bancaria, financiado con recursos del propio sistema financiero, necesita de un largo período para dotarlo de capacidad efectiva de intervención. Lo que no será hasta el 2025 como mínimo.

Finalmente, porque toda unión bancaria precisa de un único seguro de garantía de depósitos. Este crítico aspecto, demandado por Rajoy, Monti y Hollande en el 2012, se ha aparcado, porque la mancomunidad de riesgos que implicaría su constitución no la permite Alemania. Esta utiliza como excusa que, previamente, se redefinan los criterios de riesgo de la deuda pública en los balances de la banca europea.

¿Unión bancaria? Parcialmente sí, como la intervención del Popular ha mostrado. Esperemos no nos afecte una nueva crisis por que, como siempre en la UE, todo está en proceso de mejora.

Josep Oliver Alonso, UAB y EuropeG.

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