Se espera que los estados miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo adopten próximamente una taxonomía para clasificar las inversiones verdes, después del acuerdo alcanzado el mes pasado para definir una lista de actividades económicas sostenibles. Una vez que el nuevo sistema entre en vigencia —muy probablemente, este año— la Comisión Europea usará esa lista para determinar cuáles productos y activos financieros son sostenibles.
Esta taxonomía es la columna vertebral del paquete regulatorio de la Comisión para las finanzas sostenibles, con la ambiciosa meta de «reorientar los flujos de capital hacia la inversión sostenible, para lograr el crecimiento sostenible e inclusivo». La Comisión espera que el nuevo esquema de clasificación solucione el problema que generan ciertas empresas con la «ecoimpostura» —una fachada de preocupación por el medio ambiente— en productos financieros no sostenibles y funcione como base para políticas que incentiven la inversión sostenible.
Sin embargo, para lograr su propósito, la taxonomía debe tener en cuenta tres cuestiones importantes. Lamentablemente, el enfoque unidimensional de la UE deja de lado dos de las tres, con consecuencias potencialmente nocivas.
La Comisión se centra en la cuestión de cuáles actividades económicas son sostenibles, eso implica definir y listar todas las actividades que contribuyen a la transición energética, como la generación de energías renovables o la producción de automóviles eléctricos. Los principales debates se han centrado en la posible inclusión de la energía nuclear o el gas natural, y si hay que definir «tonos de verde» en vez de adoptar un sistema binario.
Pero la taxonomía de la UE también debe ocuparse de una segunda cuestión, muy importante: ¿Cuáles de las actividades verdes enfrentan problemas de financiamiento? Después de todo, desde una perspectiva medioambiental, el único propósito de reorientar los flujos financieros hacia esas actividades es solucionar un déficit de financiamiento. No necesariamente todas las actividades sostenibles listadas en la taxonomía propuesta carecen de financiamiento. En la práctica, el crecimiento de ciertas actividades verdes se encuentra limitado por otros factores, como la falta de demanda de los consumidores, un entorno fiscal desfavorable u obstáculos tecnológicos. De hecho, un bajo nivel de financiamiento puede ser la consecuencia de estas dificultades en vez de su causa.
Además, cuando sí existe una brecha financiera, no necesariamente se aplica a todo el espectro del capital. Es habitual que el déficit afecte sólo a una fase específica, como el llamado «valle de la muerte», que yace entre el capital de riesgo y el capital privado.
En este contexto, canalizar el financiamiento hacia todas las actividades definidas como «sostenibles» —incluidas aquellas que no carecen de él— no sólo diluirá los efectos de los posibles incentivos (como el «factor de apoyo verde» previsto por la Comisión), sino que también podría crear una burbuja económica. Sin embargo, hasta ahora, la UE sencillamente ha ignorado estos posibles problemas.
Por último, la Comisión ha descartado la evidencia relacionada con la cuestión de cuáles son los instrumentos y productos financieros que influyen eficazmente sobre la economía real.
Uno esperaría que los responsables de las políticas europeas fomentaran las inversiones en instrumentos y productos que favorecen el desarrollo de las actividades económicas sostenibles. Por ejemplo, una revisión reciente de la investigación académica sobre el tema concluyó que el uso de los derechos de los accionistas por los inversores para apoyar resoluciones ambientales es un «mecanismo relativamente confiable» para lograr ese resultado. Este enfoque está ganando adeptos, como lo ilustra la reciente decisión de BlackRock de unirse a la coalición de inversores Climate Action 100+, que impulsa esas resoluciones. Al mismo tiempo, sin embargo, la revisión señaló que «actualmente no existe ningún estudio empírico que relacione las decisiones de asignación del capital llevadas a cabo por inversores sostenibles con el crecimiento corporativo o las mejoras en las prácticas corporativas».
La Comisión hace referencia a este estudio, pero ha decidido actuar en contra de la evidencia científica y basar su regulación de las finanzas sostenibles en hechos alternativos. Por una parte, la normativa identifica la exposición de las carteras a actividades sostenibles como la única forma de lograr resultados ambientales. O, al decir de la Comisión, «el cuidado ambiental se deriva de los usos que se da a los [productos financieros o inversiones] en activos o actividades subyacentes». Por otra parte, el paquete regulatorio no considera la participación de los accionistas como un medio para dirigir la inversión hacia actividades sostenibles.
El enfoque unidimensional de la UE aumenta el riesgo de tres consecuencias especialmente perjudiciales. En primer lugar, aumenta la probabilidad de ventas de productos inadecuados para el cliente. Pronto, al 40% de los inversores minoristas europeos que (según nuestro estudio más reciente, de próxima aparición en 2020) están preocupados por el impacto ambiental de sus ahorros, se les podrían ofrecer sistemáticamente productos inadecuados. Más aún, la normativa podría dificultar la competencia al crear barreras al ingreso para estrategias de inversión con impacto ambiental genuino. Finalmente, al desdeñar los enfoques basados en la evidencia para las finanzas, la normativa de la UE podría retrasar la transición del sector y dificultar con ello los esfuerzos mundiales para abordar el cambio climático.
Como miembro del Grupo de Expertos de Alto Nivel que recomendó el plan de acción para las finanzas sostenibles, reiteradamente señalé a la Comisión estos temas y todavía me cuesta entender las decisiones que se tomaron. Pero, a la hora de abordar cuestiones sociales complejas y multidimensionales con una solución simple y unidimensional, existe un antecedente interesante.
No hace tanto, el gobierno estadounidense, junto con el sector financiero, intentaron ocuparse de un desafío más sencillo que el del cambio climático: aumentar el acceso a la vivienda para los hogares con bajos ingresos. Decidieron centrarse en las hipotecas de alto riesgo, combinadas con la panacea de la titularización. En algún punto, quienes tomaban las decisiones creyeron que aumentar la exposición del mercado a esas hipotecas de alto riesgo era una buena alternativa para ayudar a los hogares con bajos ingresos a comprar viviendas y que no hacía falta un mayor análisis. Todos conocemos las consecuencias.
Stan Dupré, a former member of the European Commission High-Level Expert Group (HLEG) on Sustainable Finance, is CEO of the think tank 2° Investing Initiative.