Por Carlos Martínez Gorriarán. Profesor de Filosofía Universidad del País Vasco (ABC, 09/05/03).
ES habitual que Arzalluz amenace con hacerles pagar su osadía a los ciudadanos, a los jueces y al mismísimo Papa de Roma, y también que pretenda dictar lo que todos deben decir y hacer a mayor gloria y beneficio de su nacionalismo troglodita. Por fortuna, muchos de los amenazados pasan del célebre energúmeno y sostienen, con mayor o menor acierto, sus propias ideas y legítimos intereses. No es el caso, ¡ay!, de la Universidad del País Vasco, cuyo rector -que es mi rector- ha corrido a satisfacer el chulesco diktak de Arzalluz por el que ordenaba a la UPV rebelarse contra la reforma que en lo sucesivo privará de escandalosos privilegios a los etarras en activo matriculados en esta universidad gracias a una artimaña administrativa. Una reforma tan simple como de sentido común, a saber: que los presos encarcelados por terrorismo que deseen cursar estudios universitarios lo hagan, sí, pero en las mismas condiciones de igualdad, rigor y exigencia reclamadas a los alumnos corrientes, incluyendo a los presos en proceso de rehabilitación. Que los hay, sí señor, pero muy pocos en ETA.
Condiciones que sencillamente la UPV no puede garantizar, porque no está materialmente preparada para ese trabajo -que corresponde a la UNED o a las universidades por Internet-, y por la probada capacidad de intimidación y corruptela que ETA ha demostrado en mi Universidad. En mi propio departamento (Filosofía de los Valores y Antropología Social) hay cinco profesores a los que el rectorado rogó y facilitó que dejaran de dar clase, para no dar facilidades a ETA y por recomendación policial. Supongo que el rector Montero no pretende justificar el suplicio de llevar escolta a todas partes, que él mismo padece, por la manía irracional de los alumnos suspendidos o algo parecido... Al contrario: el hecho irrefutable de que el rector y numerosos profesores y alumnos de la UPV tengan que vivir escoltados, por no hablar de los desterrados (como Mikel Azurmendi, Francisco Llera, Chema Portillo y muchos otros), ni de los eximidos de dar clase o bajo excepciones similares, demuestra de modo incontestable el poder de amenaza e intimidación de los terroristas. Negar tal cosa es una simple estupidez. Y salvo los estúpidos incurables -o los cínicos, tan abundantes-, nadie en sus cabales puede pretender que una universidad donde buena parte de su claustro carece de libertad también sea la más apropiada para evaluar con ecuanimidad el trabajo de supuestos estudiantes que, ¡vaya por Dios!, son los mismos verdugos que privan de libertad a sus profesores y al mismísimo rector. Para casos así idearon Montesquieu y otros la separación de instancias judiciales y de poderes, porque las víctimas no están capacitadas para juzgar a sus victimarios, ni menos todavía para convertir en jueces a los amigos y cómplices de éstos últimos. ¿Es esto tan difícil de comprender?
De modo que esta reforma que según la consejera Iztueta, esa señora que nunca se ha dignado a comunicarse con los muchos universitarios amenazados por ETA pero que defiende ardientemente a los etarras matriculados, esa reforma que pondría bajo sospecha al conjunto del profesorado -vaya boutade- es, precisamente, la única que puede poner a salvo el buen nombre y la credibilidad de la UPV. Su lógica es similar a la que aconsejó sustraer los delitos de terrorismo de los juicios con jurado popular, sobre todo tras el caso de Mikel Otegi, asesino a sangre fría de dos ertzainas, absuelto contra toda evidencia por un jurado de amedrentados ciudadanos guipuzcoanos. De hacer caso a los que protestan, no sólo los profesores de la UPV amenazados serían los mejores jueces académicos de sus alumnos terroristas, sino que deberíamos encargar la inspección fiscal a los mejores defraudadores de impuestos, o quizás la protección de menores a los pederastas más aplicados.
Lo cierto, lo que se puede demostrar con testimonios y documentos -algún juez puede encargarse de ello, si alguien se empeña en negar la evidencia-, es que los alumnos de ETA gozaban de privilegios como libros y matrículas subvencionadas, mediadores designados por ellos mismos y pagados por los centros, visitas particulares y subvencionadas de profesores, aprobados obtenidos con trabajos prefabricados y no solicitados por el docente, exámenes sin vigilancia rellenos en la celda tras intimidar al maestro de la prisión, etcétera. La mayoría de los profesores de la UPV están encantados de haber sido liberados por el Gobierno español del riesgo personal que significaba rechazar esas excepciones. Hace algo más de dos años, la policía encontró en poder de varios etarras información para atentar contra un profesor de una carrera técnica que, simplemente, había suspendido reiteradamente a cierto miembro del comando... La propia UPV reconocía esta irregularidad al aceptar implícitamente que ciertos profesores, algunos muy conocidos, se negaran a evaluar a tales «alumnos» peculiares.
Que solamente una minoría de profesores de la UPV haya denunciado este escándalo es un reflejo, y este sí que resulta escandaloso, de que otros docentes aseguren su buena vida aceptando esta corrupción, alabándola cínicamente como presunto ejemplo de rehabilitaciones tan exitosas como la de Josu Ternera. Este es el problema, y en esto debería centrarse, creo, el rectorado empeñado en defender el buen nombre de su universidad. La oscuridad que envolvía muchos asuntos relativos a los «alumnos presos» -ejemplo de retorsión del lenguaje, pues en todo caso son «presos matriculados»- era y es en la UPV el secreto de Polichinela. Me consta que preocupaba, y mucho, al primer equipo rectoral de Manu Montero, en el que muchos confiábamos para enmendar estas malas prácticas. Pero el rectorado se queja de haber sido marginado de un proceso del que en realidad ha preferido estar ausente. El mayor error sería tratar de cobrar el flaco favor de apretar filas con Iztueta y Arzalluz a un gobierno como el vasco de hoy, mezquino y antiuniversitario, fanático y sectario, que está estrangulando la liquidez financiera de la UPV, que tiene las arcas vacías y el cajón de las facturas lleno, que desde enero carece de fondos para pagar siquiera el escaso 2 o 3 por ciento de aumento anual de los sueldos que corresponde a sus empleados. Que no puede afrontar las inversiones ordinarias de cualquier universidad mucho más pequeña que ella -becas y presupuesto ordinario, instalaciones, dotación de grupos de investigación, residencias- a causa del filibusterismo neolítico del nacionalismo gobernante, aliado con las privadas y filonacionalistas de Deusto y Mondragón -cuyo rector actual es el antiguo ex consejero de educación de EA Inaxio Oliveri, sin doctorarse a la sazón.
En fin, lo sucedido muestra la fragilidad del sistema público de educación, y en concreto de la universidad, cuando es sometida a presiones extraacadémicas como las que estos días han prodigado Arzalluz, el Gobierno Vasco y la trama mafiosa de la todavía muy ominosa ETA-Batasuna. No lo olvidemos.