Aurelio Arteta, Gotzone Mora, Marisol Cruz, Joaquín de Paúl, Francisco Doñate, Enrique Echeburúa, Marisol Estaban, Mikel Iriondo, Ignacio Martínez de Churiaque, Francisco Llera, Carlos Martínez Gorriaran, César San Juan, Felipe Serrano, Víctor Urruela y Eduardo Vírgala, todos profesores de la Universidad del País Vasco (LA RAZON, 20/07/04).
Recientemente, el Parlamento Vasco aprobó una Proposición-No de Ley sobre el «derecho de los alumnos y alumnas presos a cursar estudios» universitarios. Esta propuesta, presentada por el grupo de socialista, fue aprobada con los votos de todos los grupos parlamentarios a excepción del PP. Las declaraciones de la directora de Instituciones Penitenciarias confirman que el Gobierno de España está dispuesto a que los presos de ETA vuelvan a ser alumnos de la UPV. Mercedes Gallizo quiere que todas las personas encarceladas en España tengan derecho a estudiar cualquier carrera universitaria y no sólo las que se ofertan en la UNED. Para ello, pretende firmar convenios con todas las universidades españolas para que los presos que lo deseen puedan cursar estudios no ofertados por la UNED. Se preguntará cualquier ciudadano que trabaja entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde para ganarse un sueldo con el que mantenerse a sí mismo y su familia y poder contribuir al bienestar de todos los ciudadanos, si también tendrá el derecho a estudiar cualquier carrera en la universidad más cercana a su casa y no necesariamente en la UNED. En definitiva, parece que nos encontramos ante el desarrollo de un procedimiento que permita «discriminar de manera positiva» a las personas encarceladas en España de manera que las universidades, como señala el acuerdo del Parlamento Vasco, deban «adaptar, en lo que sea preciso, la metodología pedagógica a las especiales circunstancias de los internos». Hay cosas que deberían quedar más claras para los ciudadanos y sería recomendable que los responsables gubernamentales no retuerzan la realidad para que les cuadren las cosas, es decir, para deshacer la decisión que obligaba a los presos de ETA que lo desearan a cursar estudios universitarios en la UNED.
El objetivo de todo este asunto es que los presos de ETA puedan volver a matricularse en la UPV. La estrategia parece que está hace tiempo diseñada, el acuerdo del Parlamento Vasco lo promueve y la inexplicable política del Gobierno español lo va a permitir. Muchos presos de ETA van a decir que quieren cursar sus estudios en euskera. Esto les eximirá de la obligación de cursar los estudios en la UNED. Es importante dejar claro que en la UPV no es requisito demostrar que se domina la lengua vasca para matricularse en los grupos en los que se imparte docencia en euskera.
Recordarán la mayoría de los ciudadanos la polémica desatada hace unos meses por las condiciones en que cursaban estudios en la UPV algunos presos recluidos en cárceles españolas y francesas por su pertenencia a ETA. En aquella época el PSOE compartía con el Gobierno del PP la opinión de que las condiciones en que los alumnos de ETA, matriculados en la UPV, desarrollaban sus estudios no eran las adecuadas para garantizar la calidad de las enseñanzas recibidas, ni los conocimientos y las competencias que adquirían.
La actual directora de Instituciones Penitenciarias y otros representantes del PSOE han afirmado que a partir de ahora se darán todas las garantías para que no se pueda tener ninguna duda de la objetividad del proceso de docencia y de evaluación. El acuerdo del Parlamento Vasco dice que se debe «adaptar, en lo que sea preciso, la metodología pedagógica a las especiales circunstancias de los internos». Hacer esas afirmaciones supone o un desconocimiento del funcionamiento de la universidad o un intento de salir como sea de este trago que algún tipo de pacto de más alto nivel está haciendo pasar a algunos cargos del Gobierno. ¿Alguien puede explicar cómo un profesor universitario que imparte clases presenciales a sus alumnos, que les dirige sus trabajos y proyectos, que les imparte sus clases prácticas en grupos reducidos en los correspondientes laboratorios, va a impartir las mismas clases a un preso que se encuentra en su celda y que no puede salir del recinto penitenciario? ¿Se va a desplazar a las cárceles tres veces a la semana para dar clases particulares?, ¿va a venir el preso a las aulas custodiado por la Policía?
La pregunta clave es conocer de qué manera se va a evitar que las cosas sean como antes. ¿Se van a seguir mandando gratuitamente (pagado por todos los ciudadanos) todos los libros y materiales de cada asignatura?, ¿una o dos veces al año, un grupo de profesores visitará a cada preso durante 30 minutos y responderá a todas las preguntas que tenga con respecto a todas las asignaturas matriculadas?, ¿durante el curso se podrán poner en contacto con los profesores por carta y al final se les pedirá que hagan un «trabajo escrito» o se les remitirá un examen para que lo cumplimenten y lo devuelvan por correo? ¿Cómo se va a garantizar una enseñanza de calidad en las condiciones especiales en las que se encuentra una persona privada de libertad por parte de una universidad no diseñada para ello?
Debe quedar claro que, a pesar de estas circunstancias, y de que muchos profesores de la UPV se encuentran en situación de especial amenaza por la organización a la que pertenecen estos potenciales alumnos, ningún profesor universitario niega el derecho de cualquier persona privada de libertad a cursar estudios universitarios. Pero también debe quedar claro que la función de la universidad es la formación de profesionales capacitados para ejercer una función social en beneficio de todos los ciudadanos que la financian con sus impuestos. La universidad debe garantizar que la formación de los alumnos se hace con las máximas garantías de calidad. Y eso significa que no todo el mundo, en todas las condiciones, está preparado para cursar cualquier tipo de estudios ni para malgastar fondos públicos ocupando plazas que sólo pueden ser limitadas. Las plazas limitadas se destinan a los alumnos con mejor rendimiento en el bachiller y a quienes tienen la capacidad de dedicar una inmensa cantidad de horas durante muchos años a formarse intensivamente y a rendir ante los sistemas de evaluación diseñados. No todas las personas pueden cursar los estudios que desean en el sitio que quieran. Y las cosas son así para todos. Es decir, el derecho al estudio tiene ligeras limitaciones relacionadas con la elección de los estudios deseados y del lugar de estudio. Y eso es lo que les pasa a las personas privadas de libertad. Nada más grave que a las personas no encarceladas. Para quienes no tienen posibilidades de asistir a las clases se diseñó y creó, en su día, una universidad que tiene un enorme prestigio, que es la UNED. ¿Se han dado cuenta los responsables del Gobierno que, en la práctica, están diciendo que van a tenerse que crear pequeñas «universidades a distancia» en todas las universidades que hagan que los presos puedan estudiar las titulaciones que la UNED no oferta, cuando no las oferta precisamente porque no se pueden cursar a distancia?