La urgencia de regular las criptomonedas

Una criptomoneda es un activo digital que no está regulado ni controlado por ninguna institución. No cuenta con el respaldo de un banco central y no está cubierta por mecanismos de protección al cliente. Sin embargo, en los últimos años el mercado no ha dejado de crecer. Algunos estudios estiman que hasta un 12% de los españoles poseen criptomonedas.

Hace algún tiempo que las alarmas han empezado a saltar sobre sus riesgos. Prueba de ello es la reciente decisión, muy acertada a nuestro entender, de la CNMV de publicar una circular que obliga a las empresas que dirijan campañas de publicidad sobre este sector a más de 100.000 personas a pedir autorización previa. Y es que los riesgos que entraña esta actividad son mayúsculos.

En primer lugar, no existe en estos momentos ningún tipo de norma para la emisión de los criptoactivos ni para los servicios relacionados con los mismos. El emisor no debe pedir autorización, ni siquiera notificar a autoridad competente alguna la puesta en circulación de su producto. Ello significa que no hay en estos momentos ninguna autoridad que esté certificando que el producto no sea una mera estafa piramidal, como ha ocurrido recientemente con los casos de Arbistar o EthereumMax.

En segundo lugar, las criptomonedas están sujetas a una altísima volatilidad, como demuestra la caída bestial que han sufrido desde noviembre, ya que han perdido un valor total de mercado de más de un billón de dólares. Bitcoin ya perdió el 50% de su valor en febrero de 2018 y en julio de 2021.

En tercer lugar, las criptomonedas se han convertido en una herramienta clave para la ciberdelincuencia. Las plataformas de comercio ilegal en la Dark Net o los ataques de ransomware dependen en gran medida de las criptomonedas. La lucha contra la delincuencia y el blanqueo de capitales nos ha hecho en los últimos años desarrollar un sistema normativo de prevención del crimen a partir de la trazabilidad de los beneficiarios finales de las transacciones. Estas normas hoy no alcanzan el mercado de las criptomonedas, lo que las hace un vehículo idóneo para actividades criminales.

En cuarto lugar, es cada vez más conocido el altísimo impacto ambiental que genera su actividad. Muchas de las actuales criptomonedas existentes gastan una enorme cantidad de electricidad para la resolución de los cálculos computacionales para su funcionamiento, creando además infinidad de residuos electrónicos por la renovación constante del hardware. Se calcula que el bitcoin consume tanta electricidad como toda Holanda. En España, se han desmantelado varias granjas de minería de criptomonedas que funcionaban con conexiones eléctricas ilegales.

Todos estos riesgos han llevado a China a prohibir su actividad. La UE, por su parte, no tiene intención de prohibirlas, pero se encuentra en estos momentos negociando un reglamento con el objetivo de terminar con la ley de la selva que rige este sector. El proyecto de norma, conocida como MiCA (por las siglas en inglés de Reglamento de los Mercados de Criptoactivos), fue presentado por la Comisión Europea en septiembre de 2020. La norma someterá finalmente a los emisores de criptomonedas y sus proveedores a una normativa de supervisión y control. Junto a ello, se está procediendo también a una revisión del Reglamento sobre Transferencias de Fondos para aplicar a las criptomonedas la conocida como travel rule, que obliga a identificar emisor y receptor de una determinada transacción.

Sin embargo, la norma que prepara la UE debe mejorar en algunos aspectos que son sustanciales. La propuesta incluye una cláusula para que solo se aplique a las futuras criptomonedas, lo que dejaría fuera de su aplicación al bitcoin y al ethereum, que suponen hoy en día la gran parte del mercado. Por otro lado, la cuestión ambiental no se afronta, dejando intactos los mecanismos de consenso más contaminantes como el proof of work utilizado por el bitcoin y ni tan siquiera estableciendo unos estándares de sostenibilidad mínimos. Estas son, entre otras, las cuestiones que ahora concentran nuestra atención en el trámite legislativo en curso del reglamento en el Parlamento Europeo.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esta normativa no entrará en vigor hasta 2024 y hasta entonces vamos a depender de las acciones sectoriales que puedan llevarse a cabo para limitar sus altísimos riesgos. La decisión de la CNMV va en la buena dirección, así como los trabajos que se han iniciado por parte de los expertos de Hacienda para estudiar el papel de las criptomonedas en la elusión y el fraude fiscal.

La digitalización es una grandísima oportunidad y existe un potencial transformador en el desarrollo de la tecnología blockchain en el ámbito de la economía. Al mismo tiempo, debemos también protegernos ante fenómenos burbuja que a veces tan solo parecen replicar errores ya cometidos en el pasado.

Jessica Albiach es presidenta de En Comú Podem en el Parlamento catalán. Ernest Urtasun es vicepresidente del grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo.

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