En la actualidad, 270 millones de personas –el equivalente a todos los habitantes de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia- están al borde de la inanición. La cifra se ha duplicado en los últimos 12 meses. Y son los niños del mundo quienes más están sufriendo.
Se estima que unos 11 millones de niños y niñas menores de 5 años enfrentan hambre extrema o inanición en 11 países de África, el Caribe, Oriente Medio y Asia. De ellos, 168.000 morirán por deficiencias de la alimentación para fines de 2022 a menos que reciban apoyo de emergencia. Y un total de 73 millones de escolares de primaria en 60 países de bajos ingresos sufren de hambre crónica.
El hambre ya estaba en ascenso antes de la pandemia de coronavirus, principalmente como consecuencia de las guerras y los conflictos, y el cambio climático la exacerbó. Sin embargo, los efectos secundarios de la pandemia han creado una crisis de hambre global.
Una de las razones es que el COVID-19 interrumpió el ciclo escolar. Más de 1,6 mil millones de niños y niñas han perdido clases desde el comienzo de la pandemia, y cerca de 200 millones todavía no regresan a las aulas.
Las crisis del pasado han mostrado que los cierres de escuela implican enormes costes sociales y económicos, lo que incluye el aumento del matrimonio infantil y el trabajo infantil. Algunas jóvenes acaban pagando el precio más alto: las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte para las niñas de entre 15 y 19 años en países de ingresos bajos y medios. En último término, las crisis hacen retroceder los avances logrados para asegurar que todas las niñas tengan acceso a una educación de calidad.
Es más, las escuelas proporcionan a muchos niños pobres su única comida nutritiva del día. Los cierres de escuelas significan que millones de niños y niñas no solo han perdido sus oportunidades de aprender, sino también de comer: durante la crisis, se han dejado de dar más de 39 mil millones de raciones escolares. Las mujeres y las niñas a menudo son las primeras en perder comidas, y representan más del 70% de quienes sufren de hambre crónica.
El daño causado por apenas unas pocas semanas de nutrición deficiente puede limitar de por vida a un niño hambriento, y la malnutrición puede afectar el progreso económico de un país por una generación. Por ello, se debe poner una alta prioridad a que los niños y niñas vuelvan a la escuela, donde pueden recibir educación y alimentación.
El sistema humanitario internacional ha logrado mucho con relativamente pocos fondos. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) alimenta a cerca de 100 millones de personas al año. Y cuando el COVID-19 interrumpió seriamente los servicios de transporte aéreo comercial, la ONU creó un sistema de logística para transportar trabajadores sanitarios y de organizaciones humanitarias, incluidos insumos vitales y alimentos. Pero una crisis de esta magnitud requiere un ambicioso plan que implique más que solo proporcionar comidas en escuelas. Las organizaciones humanitarias no pueden hacerlo solas.
En su cumbre de junio, las economías ricas del G7 deben comprometerse a un plan de largo plazo que dé respuesta a las crecientes necesidades alimentarias globales y contemple acciones preventivas: acumular existencias de alimentos, desarrollar seguros como un tipo de protección, y apoyar a los campesinos y granjeros de los países en desarrollo con inversiones de largo plazo que les ayuden a alcanzar la autosuficiencia.
Adicionalmente, las autoridades deben adoptar maneras innovadoras de generar financiación, como por ejemplo instalaciones respaldadas por garantías que permitan aprovechar al máximo el uso de la ayuda para el desarrollo y los fondos del sector privado, lo que era el núcleo de las propuestas de Adís Abeba de 2015 para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otra prioridad debería ser una colaboración más estrecha entre la ONU y el Banco Mundial, la única organización verdaderamente global con capacidad de movilizar recursos adicionales de manera sostenida.
Pero hay una solución muy sencilla y de sentido común a la crisis inmediata: nuevos fondos internacionales. Al menos $600 mil millones de los Derechos de Giro Especiales (el activo de reserva del Fondo Monetario Internacional) se pueden destinar a los países más pobres. Los líderes y entidades crediticias pueden acordar hasta $80 mil millones en alivio de la deuda a condición de que el dinero vaya a educación, salud y nutrición. Y el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regionales pueden ampliar con rapidez sus subsidios y préstamos.
Con cerca de $10 mil millones este año, se podría evitar hambrunas en Yemen, Sudán del Sur, el noreste de Nigeria y el Sahel. Y se podría prevenir el hambre masiva –que precede inmediatamente a la hambruna- en la República Democrática del Congo, Afganistán, Zimbabue, la región de Tigray en Etiopía, y otros lugares vulnerables.
Puede parecer mucho dinero, pero equivale a un dólar al mes de cada habitante de las economías más ricas del planeta, y representa una fracción del 1% del total de su gasto de estímulo relacionado con la pandemia.
Tenemos que actuar con rapidez, lo que significa otorgar subsidios inmediatos al PMA y a ONG líderes como Save the Children para alimentar a los niños con hambre y sus familias. La organización Education Cannot Wait, que ayuda a que los niños y niñas desplazados vuelvan a la escuela y en su corta existencia ha logrado recaudar casi $1 mil millones, debe ser financiada completamente, en momentos en que apenas un 31% y un 27% de los niños y niñas refugiados, respectivamente, se encuentran matriculados en la educación secundaria. Si asignamos recursos adicionales a la educación, podemos hacer que 136 millones de niños en algunos de los países más pobres y afectados por conflictos vuelvan a la escolaridad y se mantengan ahí.
El COVID-19 además ha puesto al desnudo otra brecha educacional: dos tercios de los menores en edad escolar del planeta carecen de acceso a internet en sus hogares, lo que les impide el aprendizaje en línea. Hoy en día, solo un 5% de los niños y niñas en los países de bajos ingresos pueden acceder a la red, comparados con el 90% en los países de altos ingresos. Un proyecto liderado por la UNICEF para conectar al mundo podría ayudar a cerrar esta asombrosa brecha digital.
El gobierno británico se ha comprometido a liderar globalmente el objetivo de lograr que todos los niños y niñas estén en el sistema escolar y asegurar que las niñas reciban 12 años de educación. Pero no alcanzaremos este noble objetivo a menos que la cumbre del G7 aborde este tema, además del de la seguridad alimentaria.
Una y otra vez, la educación ha demostrado su poder transformador de individuos, familias y países completos. Pero el hambre crónica puede tener consecuencias devastadoras: muertes crueles y evitables, conflictos violentos y desplazamientos en masa.
En consecuencia, hacer caso omiso del azote del hambre no es una opción. Lo que ocurra en los lugares más frágiles del planeta tiene repercusiones y efectos en los países más estables.
La opción que enfrentan los líderes del mundo es simple: actuar ahora para enfrentar la crisis del hambre o pagar un precio muchísimo más alto después. La acción inmediata será más barata y salvará más vidas que responder solo después de que muchas hambrunas hayan ocurrido y la pérdida de la educación de toda una generación se haya cobrado un precio terrible.
Gordon Brown, former Prime Minister and Chancellor of the Exchequer of the United Kingdom, is United Nations Special Envoy for Global Education and Chair of the International Commission on Financing Global Education Opportunity. He chairs the Advisory Board of the Catalyst Foundation. Mark Lowcock is UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen