La urgente renovación del TC

Por Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB (LA VANGUARDIA, 05/06/08):

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, mantuvo el 17 de abril del año pasado una conversación telefónica con una abogada – que ayer reprodujo ampliamente El País– para aconsejarle en un asunto de carácter personal que, con el tiempo, podía acabar siendo sometido a la jurisdicción constitucional. La abogada en cuestión está acusada en estos momentos de ser la inductora del asesinato de su ex marido y el asunto consultado a la presidenta está relacionado con el móvil del asesinato. La conversación fue grabada por orden judicial y la juez del caso ha trasladado la cinta al Tribunal Supremo por si la actuación de la presidenta pudiera ser constitutiva de delito.

Esta noticia debe completarse diciendo que María Emilia Casas no conocía personalmente a dicha abogada, que la conversación tuvo lugar a instancias de una amiga común y que, en ningún momento, pudo sospechar que su interlocutora pudiera ser objeto de una acusación tan grave. El contenido de la cinta no parece indicar que pueda haber delito alguno – un simple consejo no es asesoramiento, que sí podría constituir delito- y así lo ha estimado el fiscal del Tribunal Supremo, que ha pedido el archivo de la causa. Sin embargo, de la lectura completa de la conversación telefónica se deduce un comportamiento ligero e imprudente de la presidenta, al dar consejos en un supuesto que puede acabar en un recurso de amparo ante el tribunal del que es magistrada, indicándole incluso a la consultante algún truco procesal para que consiguiera este objetivo y, en la despedida, ofrecerse tácitamente para aconsejarla de nuevo si así sucediera. Un resbalón lo puede tener cualquiera y eso es, seguramente, lo que le ha sucedido a la señora Casas.

Por tanto, lo que parecía ser de entrada una acusación sin fundamento se ha revelado como algo con más trascendencia, quizás la guinda que faltaba para completar la serie de desgracias que últimamente padece el Tribunal Constitucional. Porque, en efecto, en estos últimos tiempos la confianza en el tribunal se ha visto seriamente erosionada al ser acusado de politización. ¿La culpa es del mismo tribunal u obedece a factores ajenos? A estos factores ajenos les incumbe la mayor parte de responsabilidad, pero ciertas actuaciones del mismo Tribunal Constitucional también han contribuido a ello.

Quienes más han contribuido a desgastar el crédito del tribunal han sido el PP, el Gobierno y la Generalitat de Catalunya, que, al ser partes en determinados procedimientos, han entrado en el juego de las recusaciones contra miembros del tribunal que han sido vistas – con acierto- como meras formas de modificar su composición cara a la votación de determinadas sentencias. Todo empezó con la recusación del magistrado Pérez Tremps, siguió con la introducción de una enmienda de contenido puramente táctico y coyuntural, ya en el trámite del Senado, en la modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y continuó con una catarata irresponsable de recusaciones mutuas. Todo ello explicado a la opinión pública por unos medios de comunicación que no suelen tener en cuenta el carácter jurisdiccional del Tribunal Constitucional y lo tratan como si fuera un mero Parlamento en el que se dirimen controversias políticas.

Pero también están las responsabilidades propias. En primer lugar, la recusación de Pérez Tremps fue, a mi parecer, jurídicamente improcedente y está en el origen de todo. En segundo lugar, el retraso en la sentencia sobre el Estatut de Catalunya, verdadero foco de este clima de politización. En tercer lugar, las más significativas sentencias de los últimos meses son especialmente controvertidas y de una calidad técnica más que dudosa, en especial las que resuelven los recursos contra las leyes de igualdad, de violencia de género y la propia ley de reforma del Tribunal Constitucional. La noticia que comentamos en el encabezamiento de este artículo es la gota que colma el vaso. El tribunal, por tanto, está en la encrucijada más difícil de su hasta ahora brillante historia y es necesario buscar una solución al maldito embrollo. La única salida consiste en restablecer su crédito ante la opinión pública y ante la comunidad jurídica reforzando su autoridad, su auctoritas,para que vuelva a gozar del respeto que siempre había tenido, imprescindible para el buen funcionamiento de nuestra democracia constitucional. La ocasión está a la vista: la renovación – pendiente desde diciembre- de cuatro de sus componentes y la sustitución del magistrado recientemente fallecido. Es preciso, pues, elegir a cinco nuevos magistrados de manera inmediata para dar un aire nuevo al tribunal y cuidar de seleccionarlos entre juristas de reconocida relevancia técnicojurídica, alejados de todo partidismo y sin lottizzazione a la italiana, requisitos todos ellos que no siempre, especialmente en las últimas renovaciones, se han cumplido con el debido rigor.

Aprovechando el esperanzador nuevo clima por el que atraviesan las relaciones entre el PP y el PSOE, esta es la ocasión de dar una nueva imagen al tribunal, superar esta difícil etapa y restablecer la confianza de la que siempre había gozado este órgano constitucional.