Por Lola Galán (EL PAÍS, 05-06/12/05):
LA OTRA CARA DE LAS ONG
Son una nueva fuerza política capaz de plegar a los gobiernos. Desde Río 92 vienen presionando con éxito para imponer su agenda alternativa, que asume las principales reivindicaciones del movimiento antiglobalización, en las grandes reuniones internacionales de Naciones Unidas. Viena 93, Pekín 95, Kioto 97, han sido banco de prueba de su creciente potencia. Su capacidad movilizadora contribuyó a poner en marcha el Tribunal Penal Internacional y el Protocolo de Kioto, a popularizar el comercio justo y el desarrollo sostenible. Son las organizaciones no gubernamentales que en las dos últimas décadas se han convertido en protagonistas absolutas del activismo social. De la campaña contra el maltrato a las mujeres a la igualdad de derechos para el matrimonio homosexual. No hay campo que no toquen.
En España fueron el elemento catalizador en las movilizaciones contra la guerra de Irak y en las protestas masivas por la catástrofe del Prestige que pusieron al Gobierno del Partido Popular contra las cuerdas. Y han conducido al nuevo Ejecutivo socialista por el sendero de la igualdad entre los sexos y la legalización del matrimonio homosexual. Porque, aunque el mundo de las ONG es tan variado como plural, la fuerza del movimiento se sitúa en un área progresista antiglobalista. Y su voz tiene cada vez más fuerza. ¿Un ejemplo? El desembarco, en noviembre, de una veintena de activistas de Greenpeace en la playa del Algarrobico (Almería) para tomar simbólicamente un hotel construido ilegalmente a orillas del mar provocó una reacción casi inmediata del Gobierno, que anunció a toda prisa actuaciones contra este monstruo de cemento, prácticamente terminado ya.
Toda una prueba de la influencia de un movimiento que goza de enorme aceptación social. Pero pocos de los 4,5 millones de españoles que contribuyen a su financiación parecen saber demasiado de los intríngulis de su tarea. A esa conclusión se llega al menos a partir de un reciente sondeo de la Coordinadora de ONG de Cooperación para el Desarrollo (CONGDE) (que engloba a unas 400 organizaciones). Un 86% de los encuestados se declaraba convencido de su eficacia y de su capacidad para mejorar la vida de las poblaciones que atienden, pero sólo un tercio creía que la gestión de sus fondos era transparente. Las respuestas dejaban además al descubierto la realidad de una base social que ignora en qué consiste realmente la ayuda que ofrecen y quiénes son sus financiadores fundamentales. Nada de esto mina la confianza social en la bondad intrínseca de las ONG.
Las propias organizaciones no están precisamente faltas de autoestima, lo que las hace bastante susceptibles a cualquier intromisión ajena. Los primeros contactos para realizar este reportaje provocaron desconfianza en alguna, como si el deseo de saber entrañara en sí mismo un juicio inaceptable. Es una reacción que no se limita al caso español. En Estados Unidos, el movimiento de organizaciones no gubernamentales acogió con bastantes reticencias la iniciativa del American Enterprise Institute de crear un observatorio de ONG (NGO Watch) con la pretensión de informar sobre la financiación, las operaciones y los objetivos de las principales. Y, sin embargo, son las propias organizaciones no gubernamentales, al menos las más serias, las que reclaman más transparencia para poner orden en el llamado tercer sector aquejado de gigantismo.
Para empezar, nadie sabe a ciencia cierta cuántas ONG hay. Los profesores Víctor Pérez-Díaz y Joaquín P. López Novo, que publicaron en 2003 el informe El tercer sector social en España, calculaban que en nuestro país hay más de 15.000. Si se contabilizan las que pertenecen a las dos grandes agrupaciones, la citada CONGDE y la Plataforma de ONG de Acción Social (que abarca el grueso de las que se dedican a este tipo de ayuda), la suma no llega a las 3.000. Pero quedarían fuera algunas tan emblemáticas como Greenpeace y Amnistía Internacional. Si el número total es incierto, de lo que no cabe duda es de su solvencia económica. El presupuesto global de las que están integradas en ambas estructuras está en torno a los 2.000 millones de euros anuales, y sus recursos humanos incluyen más de un millón de voluntarios y unos 200.000 asalariados.
Mucho poder, mucho dinero, para dar un techo a los inmigrantes, atender a los enfermos de sida en cualquier rincón del mundo, luchar contra la pobreza y contra la marginación, defender el planeta de las agresiones medioambientales o atender a las víctimas de las catástrofes naturales o las guerras. Pero también para fortalecerse y crecer como auténticas empresas y ejercer desde esta nueva dimensión un poder de lobby en la sociedad a favor de los intereses de un determinado colectivo.
Cuanto más potente la organización, más poder de captación de ayudas y socios, y más capacidad de actuar en el frente elegido. Pero los equilibrios son complicados. La mayoría de las grandes ONG (con alguna excepción, caso de Cáritas) destinan entre el 14% y el 25% de sus ingresos a mantener sus propias estructuras (administración, captación de socios y de fondos), y algunas superan con creces estos porcentajes. Greenpeace, por ejemplo, dedicó más de un 20% de los 3,9 millones de euros que ingresó en 2004 a "desarrollo", es decir, a fundraising. Y del total de gastos -3,2 millones de euros-, sólo el 40% se dedicó a campañas en España. En cuanto a las de ayuda social, el dinero que asociaciones y fundaciones dedican globalmente a la actividad para la que han surgido no supera el 47% del gasto, según el citado Informe sobre el tercer sector en España. Uno de sus autores, el profesor de Sociología de la Universidad Complutense Joaquín López Novo, cree que existe el riesgo de equivocarse. "Organizaciones que nacen para ayudar pueden terminar viviendo de la ayuda".
El estudio de la CONGDE anteriormente aludido detecta claramente los síntomas del pragmatismo empresarial que se ha ido imponiendo al reconocer "el interés que las ONGD tienen en el marketing y en la publicidad", como instrumentos para obtener mayor "visibilidad social". Por una razón esencial, todas "compiten" por los fondos privados. Con lo cual, "la visibilidad de las ONGD y las causas que éstas persiguen parecen haberse convertido en un objetivo prioritario".
Si el dinero público dio vida al movimiento a partir de los años ochenta, cuando España dejó de ser receptora exclusiva de ayuda y pasó a engrosar las filas de los países donantes, el dinero privado (y la lucha por captarlo) ha terminado por convertirlas en auténticas empresas de servicios que suministran ayuda humanitaria o atención social, sin dejar de mirar escrupulosamente la cuenta de resultados. Empresas con abultadas cuentas corrientes que realizan inversiones financieras fichan a sus directivos en el mercado y han dado vida a un entramado de agencias y consultorías subsidiarias que trabajan para ellas.
"Necesitamos tener incidencia y hacer presión, porque si no, seríamos meros transmisores de fondos. Hacer lobby político es fundamental para cambiar la agenda política", explica el presidente de la CONGDE, David Álvarez, que dirige una pequeña organización de comercio justo, Setem. Cambiar la agenda política para mejorarla, obviamente. Pero la proliferación de agencias benefactoras, y la abundancia de subvenciones para programas de desarrollo no siempre avalados por estudios serios, ha tenido también consecuencias perversas. Como ocurrió en Bangladesh, donde el agua de los pozos perforados en los años setenta (con dinero del Banco Mundial y de Unicef) causó un masivo envenenamiento por arsénico entre la población del delta del Ganges. Otras veces lo que ha faltado ha sido constancia. "En 1999 llegaron a Sierra Leona unas 500 ONG con grandes cantidades de dinero que había que gastar sin importar en qué. Pero tras el 11-S, los proyectos de desarrollo comenzaron a cerrarse", se lamentaba recientemente el misionero javeriano Chema Caballero. La emergencia provocada por el tsunami, que asoló las costas de varios países del sureste asiático el 26 de diciembre de 2004, fue otro caso paradigmático. La ola de solidaridad no fue menos gigantesca, y centenares de ONG de todos los tamaños y nacionalidades se presentaron en la zona, colapsando los aeropuertos e impidiendo que las más expertas funcionaran con eficacia.
Puede que no todo sea perfecto, pero en el movimiento alienta un impulso utópico, asegura Álvarez. "Tenemos afán de transformación social, denunciamos la injusticia. Nuestro objetivo mayor es la erradicación de la pobreza en el mundo. Noto ilusión, convencimiento en todos los que participan en esto". Pero para erradicar el hambre y lograr un mundo más justo se necesitan estrategias bien planificadas y una gran capacidad de presión que los medios de comunicación pueden multiplicar.
Por eso es fundamental aparecer en ellos, lograr una visibilidad, ya sea estando a pie de catástrofe o recurriendo a la publicidad convencional. "Algunas ONG empezaron a pagar las inserciones publicitarias en la prensa y ahora es muy difícil para nosotros conseguir publicidad gratis", reconoce Marisa Salazar, coordinadora de los Servicios Generales de Cáritas Española, con 164 millones de euros de presupuesto, 62.000 voluntarios, 4.200 trabajadores asalariados y más de 200.000 socios, una de las ONG más importantes, y más antiguas (60 años de historia).
A la publicidad recurre, por ejemplo, Intermón Oxfam, la ONG de referencia en Cataluña. Intermón, que se asoció con la red de Oxfam hace unos nueve años, fue creada por los jesuitas hace casi medio siglo y cuenta con 1.300 voluntarios, más de 300 asalariados y 210.000 socios y colaboradores. En su patronato hay jesuitas, profesores afines a la compañía y algún empresario, además de un miembro del Consejo Nacional de Cáritas. Pero las similitudes son escasas entre ambas organizaciones católicas. La Conferencia Episcopal nombra a la cúpula de Cáritas Española, integrada por un presidente, un secretario general (que cobra 42.000 euros brutos al año) y un delegado episcopal, que es un sacerdote. Los demás cargos de responsabilidad, incluido el director, son de libre designación del secretario general.
Frente al perfil asistencial de Cáritas, que trabaja más con los sectores desfavorecidos en España, Intermón, está más volcada en el Tercer Mundo y representaría el ala progresista de la Iglesia. Más del 70% de los 47 millones de euros de su presupuesto anual proceden de instituciones y empresas privadas. Desde La Caixa (con la que firmó un acuerdo de cesión de su logo) hasta la Cooperativa Mondragón, pasando por Caja Madrid, Ferrovial o Microsoft.
Sintonía con el nuevo Gobierno
Ariane Arpa, directora general de Intermón desde este verano y antigua ejecutiva de una compañía de reaseguros que trabaja ahora por la mitad (unos 50.000 euros brutos al año) de lo que ganaba en la empresa privada, reconoce la buena sintonía que existe con el Gobierno actual con el que comparten, dice, "una preocupación por el comercio de armas, por la pobreza". Todo lo contrario que con el anterior del PP, que acabó por reducirles las ayudas, dice Arpa, después de que Intermón rechazara el dinero oficial para la asistencia humanitaria en Irak. Las cosas parecen haber cambiado ahora. La primera distribución de subvenciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) bajo Gobierno socialista ha vuelto a situar a Intermón en lo más alto de la lista, con una asignación para programas de cooperación de 2,8 millones de euros. En segunda posición, Solidaridad Internacional (SI) -vinculada al PSOE- obtuvo 2.339.584 euros.
Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace desde 2000, se queja también de la "persecución" del anterior gobierno. La catástrofe del Prestige fue uno de los grandes temas de esa etapa, por su gravedad y por sus características que superaron las fronteras nacionales. Porque Greenpeace, que se creó en España en 1984, es parte de una gran marca, y se considera a sí misma parte del movimiento ecologista internacional. Todas las secciones financian a la central, en Amsterdam -la sección española contribuye con más de 600.000 euros-, que destina ese dinero "a las oficinas del sureste asiático, o de Latinoamérica, además de pagar con ello los barcos y las campañas internacionales". El dinero para esta labor se recoge en el mundo rico y se gasta en el pobre. Su presupuesto procede en un 95% de sus 85.000 socios, algunos de ellos activistas.
En la cúpula de la organización la media de edad ha ido subiendo inexorablemente, pero cultivan todavía un estilo guerrero. Justamente el mismo espíritu que transpiran sus acciones, tan espectaculares que, a veces, parecen spots publicitarios. "No tenemos nada, tres barcos viejos y unas oficinas alquiladas, pero tenemos un nombre que es un sueño para mucha gente", dice López de Uralde. Lo mismo podría decirse de Amnistía Internacional, fundada en el Reino Unido en 1961 y en España en 1977. Su nombre está cargado de resonancias positivas, que lo ligan a una larga lucha por la liberación de los presos de conciencia. Pero los tiempos han cambiado y, aunque nuevas amenazas como el terrorismo han cobrado vigor, Amnistía no se ha movido. Cautamente, espera a que el término sea definido por Naciones Unidas, antes de utilizarlo, explica Esteban Beltrán, director de la sección española desde 1997 y sin límite de permanencia.
El "mal ejemplo" de EE UU
Amnistía Internacional España (2,5 millones de presupuesto, procedente en su mayoría de los 35.000 socios) financia con una quinta parte de sus fondos a la oficina de Londres, la más importante, con 400 personas, que consume 30 millones de euros al año. Allí se elaboran los informes. Invariablemente críticos con la única superpotencia, aunque Beltrán señala a China como el país que vulnera más los derechos humanos. "Y donde AI no puede entrar". Pero "Estados Unidos es la principal democracia y es un mal ejemplo para los demás".
Rafael Vilasanjuán, director general de Médicos Sin Fronteras (MSF) España, admite que toda ONG que se precie suele ser antiamericana y antiglobalización. Médicos Sin Fronteras, con 50 millones de presupuesto -un 85% procedente de sus 125.000 socios y de donaciones de empresas-, carece prácticamente de voluntarios. "No podemos enviar gente a Somalia, o a Sudán, como simples voluntarios. Necesitamos personal cualificado", dice su director. Y recurre sin complejos a la publicidad. No es casual que en el plazo de unos años se haya convertido en la ONG más conocida.
La organización huye de la política y critica la utilización que hacen las potencias de la ayuda humanitaria. "El grueso del dinero va a Afganistán, Irak, a los Balcanes, donde les interesa. Pero habría que actuar donde está el dolor. En estos momentos, sobre todo en África", dice Vilasanjuán. Pero actuar en un continente tan complejo obliga a las ONG a someterse a los poderes in situ, lo que puede ser una trampa. Vilasanjuán lo admite. "A veces nuestras intervenciones tienen consecuencias perversas. No todo el bien es bueno".
LA ÚLTIMA GRAN CAUSA
La Iglesia católica no es la única institución que recibe más dinero de lo que los contribuyentes le otorgan al tachar la casilla correspondiente en su declaración de la renta. El Gobierno aportó el año pasado un pequeño suplemento a la cantidad recaudada para "fines sociales" a través de las retenciones del IRPF. En total, el cheque del Ejecutivo fue de algo más de 3,5 millones de euros para que la suma destinada a las ONG alcanzara el techo mínimo de 118,8 millones de euros, que pactó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la Plataforma de ONG de Acción Social, como compensación a un desajuste presupuestario. Un tercio de los españoles no tacha ninguna casilla y el Estado se queda con ese dinero. El dato es importante porque revela una cierta bolsa de desinterés ciudadano por el destino de ese pequeño porcentaje de sus impuestos que para las ONG es, sin embargo, un pellizco fabuloso.
No se sabe a cuánto asciende en euros contantes y sonantes ese 33% de declaraciones en blanco. Pero todo apunta a que estos contribuyentes despistados o desinteresados no pertenecen a las clases medias profesionales, las más concienciadas de la sociedad. Son estos sectores los que han entrado de lleno en las nuevas modas de la preocupación por causas sociales. Esther, una profesional en los cuarenta, madre de dos hijos, recuerda su sorpresa cuando esta primavera llevó a su hijo pequeño al cumpleaños de un amigo en el que, en lugar de un juguete, "se nos pidió que ingresáramos el dinero equivalente en una cuenta especial de ayuda a los damnificados por el tsunami".
Autonomía respecto al mercado
Toda una demostración de que el espíritu solidario de las ONG empieza a calar profundamente en la sociedad española, que suministra un millón de voluntarios a proyectos y programas filantrópicos, y aporta entre el 12% y el 14% del dinero con que se financian. Al profesor de Sociología de la Universidad Complutense Joaquín López Novo no le sorprende este dato, porque los profesionales se sienten a sus anchas en estas organizaciones que él ha estudiado a fondo. Están orientadas a dar un servicio, tienen autonomía respecto al mercado y se mueven siempre en un marco muy racional. Se trata a fin de cuentas de "resolver los problemas sociales mediante la aplicación del conocimiento".
A ese estrato pertenecen la mayoría de los socios de Greenpeace (en este caso, excepcionalmente más hombres, un 57% frente al 43%), profesionales de las grandes ciudades españolas con una media de edad de unos 39 años. El perfil varía un poco en el caso de Intermón: la mayoría de sus 210.000 socios son profesionales de Cataluña y, en menor proporción, de Madrid, de sexo femenino. "Mujeres urbanas de un nivel socio-cultural medio-alto", resume la directora de la fundación, Ariane Arpa. A ella le gustaría traspasar esa barrera, llegar "a otros sectores sociales no tan burgueses, a gente con una visión más llana de la solidaridad". Pero el objetivo no es fácil, ni en España ni en el mundo. El 73% de las 170.000 personas que asistieron a las tres ediciones del Foro Social Mundial de Porto Alegre eran titulados o estudiantes universitarios. Se habló, sobre todo, de los excluidos, pero pocos de sus representantes pudieron costearse el viaje. Las propias ONG pagaron la estancia a algunos de los líderes, porque les hubiera sido difícil encontrar el dinero de otro modo. No todas las causas tienen el mismo arraigo social.
Mientras las grandes catástrofes humanitarias conmueven masivamente, "poca gente da dinero para ayudar a los inmigrantes o a los drogodependientes", dice Marisa Salazar, coordinadora de los servicios generales de Cáritas. Otra cosa son los apadrinamientos. Las ONG que explotan esta veta son las que más fácilmente recaudan fondos. Pero son prácticas que despiertan recelo. "A nosotros nos parece engañoso", comenta Julio Alonso, responsable de comunicación de Save the Children, una de las grandes organizaciones internacionales dedicadas a la infancia. El que apadrina da un dinero para un niño con nombre y apellidos, pero en realidad la ayuda suele financiar a un colectivo más amplio.
En lo que son muy cuidadosas esas ONG es en enviar a sus socios la justificación necesaria para desgravar a cuenta de ese dinero. No hay datos exactos sobre cuántos donantes hacen constar ante Hacienda su condición filantrópica, pero las estimaciones los sitúan entre 1,5 y 1,8 millones de personas, aunque son las empresas las principales beneficiarias en términos fiscales. Además, desde que se ha forjado el concepto de responsabilidad social corporativa -en cierto modo, una adaptación de las empresas a los esquemas mentales de las ONG-, se ha disparado el interés por participar en programas de ayuda serios y, a ser posible, bien publicitados. Esa necesidad es la que decidió a Ignacio Garralda y a Salvador García-Atance a crear hace cuatro años la Fundación Lealtad. El objetivo, explica Garralda, "es que sirva de mediadora entre las empresas y las organizaciones no gubernamentales". La fundación edita la Guía de la Transparencia, en la que se recogen nueve grandes principios que toda ONG debería cumplir, desde el de funcionamiento y regulación del órgano de gobierno, a la transparencia y pluralidad en la financiación, pasando por el control en la utilización de fondos, presentación de las cuentas anuales y cumplimiento de las obligaciones legales. "Hemos firmado acuerdos de colaboración con unas cuarenta empresas, porque hemos detectado que su receptividad a la guía es mucho mayor que la de los particulares", añade Garralde.
Empresas y dinero solidario
Y es que empresas y fundaciones sociales procuran no tirar el dinero. Antes de financiar a una organización quieren conocer sus cuentas, saber cómo funciona, a qué sectores se dirige, cuál es su situación interna, cuántos socios tiene, cuántos voluntarios y cuántos trabajadores asalariados. Un capítulo este, no siempre claro, porque, por contradictorio que pueda parecer, en este sector es frecuente la precariedad laboral.
Los chicos y chicas con petos de alguna ONG que intentan captar socios en la calle, muchas veces son contratados eventuales de empresas que cubren esos servicios para determinadas organizaciones. "Yo no soy contratado. A mí me paga directamente la ONG", dice un chaval apostado a la entrada de unos almacenes en el centro de Madrid, que pide no figurar con su nombre ni con el de la organización que le paga. "La verdad es que estamos como falsos autónomos. El sueldo no es malo, pero tenemos muchos impuestos, y el trabajo es muy duro".
Es sintomático que la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales -que distribuye el 80% del dinero que a través del 0,52% del IRPF destinan los españoles a las ONG- haya incluido este año una norma forzando a las organizaciones que aspiran a estos fondos a tener con contratos indefinidos al menos al 75% de sus empleados. Como dice Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España, "las ONG tenemos que ser coherentes con los derechos de las personas. Los salarios son inferiores a los de una empresa, pero hay que intentar que las condiciones laborales sean las mejores posibles. Aquí no se trabaja los viernes por la tarde".
Pero, más que la estabilidad laboral de los trabajadores, a las empresas que hacen donativos a organizaciones no lucrativas "les interesan los fines que persiguen y la transparencia de su gestión", añade Garralde, que considera todavía en periodo de prueba la Guía de la Transparencia "hasta que recoja más organizaciones". De momento, las ONG no han respondido con excesivo entusiasmo a este control voluntario. La última guía, editada hace unos meses, chequea a un centenar. Entre ellas figuran algunas de las más conocidas, Cáritas, Intermón, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Manos Unidas o Entreculturas, pero se echan en falta muchas otras. No figura, por ejemplo, Cruz Roja Española (CRE), una gigantesca entidad que por sus dimensiones parece inexorablemente abocada al burocratismo. Y al despilfarro. Circula incluso una leyenda sobre la vida glamurosa de sus delegados, con coche oficial y alojamientos en hoteles de cinco estrellas. "Los únicos que pueden dar esa impresión son los delegados del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), porque tienen estatus diplomático", dice el coordinador de CRE, Antoni Bruel. En estos momentos, la retribución media de sus 95 delegados sobre el terreno es de 33.509 euros brutos al año, que, con las obligadas detracciones, queda en 17.737 euros.
Lo que es innegable es que todo es gigantesco en CRE, el número de dirigentes (más de 3.000), de empleados (más de 8.200), de voluntarios (140.000) y, sobre todo, de socios. Oficialmente, 700.000 personas aportan un mínimo de 30 euros al año a la entidad. Al menos en teoría, estos socios tienen a su alcance la posibilidad de elegir al presidente de Cruz Roja, pero por un alambicado camino. El voluntario y el socio eligen a sus representantes en el comité local y, a partir de ahí, se suceden las elecciones indirectas, en el nivel provincial, autonómico, hasta la asamblea general, que decide la composición del comité nacional del que sale el presidente. Complicado, ¿verdad? El resultado es que en CRE, como en la mayoría de las ONG medianas y pequeñas, el socio no tiene arte ni parte en la elección de los dirigentes.
A veces, por su propio desinterés. "A nuestras asambleas vienen poquísimos socios", reconocen en Greenpeace, gobernada por un consejo de 75 miembros, de los que una parte -50- son elegidos cada dos años, y los 25 restantes los designa el consejo saliente. Todos tienen que ser socios con más de tres años de antigüedad. Este sanedrín elige a los siete miembros de la junta directiva, y ésta, al director.
Tampoco los socios de Amnistía Internacional parecen demasiado preocupados con el organigrama de la organización. A la última asamblea general se presentaron unas 200 personas del total de 35.000 socios. Amnistía Internacional tiene, como Greenpeace, centenares de activistas jóvenes dispuestos a batirse el cobre por la organización, además de los voluntarios que echan una mano cuando se precisa.
Aunque la pasión por el voluntariado está menos extendida entre los jóvenes de lo que parece. Vanesa Lecointre, madrileña de 26 años, que lleva cuatro dedicando entre 5 y 10 horas semanales a trabajar con inmigrantes, lo sabe bien. "En épocas de exámenes baja mucho el número de voluntarios", dice. Ella empezó a colaborar asiduamente con una pequeña ONG, Madrid Puerta Abierta, y ha terminado formando parte de la gerencia. "En mi casa ha sido siempre una tradición. Mi padre y mi madre han hecho siempre voluntariado". ¿Qué la mueve a participar? "Cuando veo una situación injusta, trato de resolverla". Pero el voluntariado está cambiando. "Se están incorporando muchos prejubilados que son jóvenes todavía y tienen una formación muy útil para temas administrativos".
Abundan, en todo caso, las mujeres que contribuyen a que la situación del sector no lucrativo en España sea "espléndida", en palabras de la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, que calcula la verdadera cifra de voluntarios en cuatro millones y medio de personas (juntando quizá voluntarios y meros colaboradores ocasionales). "Es gente mayor la mayoría de las veces. Una generación que no ha podido dedicarse a estas cosas antes y ahora quiere volcarse en esta solidaridad". Valcarce, que preside el Consejo Estatal de ONG de Acción Social, está especialmente satisfecha de las novedades que ha introducido su departamento en la política de subvenciones. "Hemos atendido las propuestas de las ONG y a partir de este año se conceden subvenciones plurianuales, porque hay programas que no se cumplen en un año".
Pero una pregunta flota en el ambiente: ¿por qué necesita un país desarrollado, donde el Estado de bienestar funciona, a las ONG? "Porque su flexibilidad les permite llegar a todos los rincones, resolver situaciones a las que no llega el sector público", dice Valcarce. O a las que no quiere llegar. A fin de cuentas, todos estos programas financiados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales vienen a ser una especie de subcontrata. El Estado se desentiende así de algunos sectores asistenciales caros y problemáticos y los deja en manos de organizaciones que operan con costes más bajos, entre otras cosas porque buena parte de su personal es voluntario. Es la conclusión a la que ha llegado el sociólogo y profesor de la Universidad de Alicante Carlos Gómez Gil. En un opúsculo sobre Las ONG en la globalización llega a la conclusión de que estas organizaciones están convirtiéndose en "agencias subsidiarias y precarizadas que tratan de mantener parcialmente bajo criterios de mínimos costes algunas de las funciones que tradicionalmente venían desarrollando los Estados".
Y con un voluntariado que no siempre tiene la formación necesaria para afrontar trabajos que exigen profesionalidad y abnegación a partes iguales. ¿Sirvieron realmente para algo los programas que financió el año pasado la Secretaría de Estado? "Por supuesto". Valcarce subraya, además, que existen multitud de controles. "El proceso de selección de programas es muy exigente -de 2.000 programas se eligen 700, a lo mejor-, y luego los controles y las inspecciones para comprobar que se han llevado a cabo son exhaustivas". Pero Valcarce se refiere a controles burocráticos, a exigencia de facturas, de justificación de gastos, totalmente imprescindibles desde luego, pero que no entran en la filosofía del problema. Enriqueta Chicano, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas y vocal de la Plataforma de ONG de Acción Social, confirma que el papeleo que les exigen es impresionante, pero ella se declara partidaria de que el criterio de distribución de fondos se base más en la calidad y en la utilidad del trabajo realizado.
¿Cómo medirlo? "Depende mucho de las circunstancias locales. Pero sí puedes demostrar que determinada población infantil sale mejor formada al término de un programa de enseñanza, o si has conseguido influir en los tratados de regulación del comercio de armas", considera Ariane Arpa, de Intermón. Al igual que la coordinadora de ONGD, la plataforma que engloba a las de acción social pretende ser una garantía de seriedad y transparencia. Chicano asegura que se ha hecho un trabajo enorme en este sentido. Todas deben estar auditadas interna o externamente, pero reconoce que el camino hacia una mayor calidad es largo y complejo. "Faltan una verdadera regulación y unas normas". De qué normas se dicten y, sobre todo, quién las dicte depende el futuro de las ONG.