Es posible que Latinoamérica haya capeado la desaceleración del crecimiento económico mundial pero, para muchos, el posible impacto del calentamiento global y de las medidas necesarias para evitar lo peor de sus efectos puede socavar el frágil equilibrio político, económico y social de la región, y desandar años de avances.
Pero la prosperidad económica y las acciones para mitigar el cambio climático no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. De hecho, el actual ciclo electoral latinoamericano, junto con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (que tendrá lugar en diciembre, en Lima, Perú) proporcionan una oportunidad para que la región muestre cómo los países pueden beneficiarse de una economía con bajas emisiones de carbono, reducir los riesgos climáticos y crear prosperidad a largo plazo.
Los países latinoamericanos no empiezan de cero. La mayoría de sus gobiernos ya están diseñando políticas y redactando legislación sobre el cambio climático. México fue el primer país emergente en aprobar una ley integral sobre el cambio climático, en 2012, con el objetivo de reducir para 2020 el 30 % las emisiones de gases de efecto invernadero. Brasil recientemente logró disminuir la deforestación amazónica y las emisiones netas de dióxido de carbono han caído significativamente gracias a ello. Uruguay planea generar el 90 % de su electricidad a partir de fuentes renovables en 2015, mientras que Chile busca hacer lo propio con el 20 % de su consumo eléctrico para 2025.
A medida que el ciclo electoral latinoamericano de 2014 se acerca a su fin, los nuevos gobiernos en Bolivia, Brasil, Colombia y Costa Rica, y los candidatos presidenciales en Uruguay, estarán en condiciones de liderar las acciones relacionadas con el cambio climático. Como mínimo, deben abstenerse de estrategias que socaven innecesariamente las políticas existentes sobre clima y medio ambiente. En el mejor de los casos, los líderes latinoamericanos pueden facilitar activamente la próxima conferencia en Lima, que encomendará a sus delegados la producción de un borrador de acuerdo para un nuevo tratado mundial, que será finalizado en París el año próximo. El acuerdo debe ser tanto ambicioso como justo, para constituir la base de una respuesta global al cambio climático, que no ponga en peligro la prosperidad futura de ningún país.
Pero la conferencia de Lima puede lograr mucho más que ser el marco de un nuevo tratado climático: puede dar inicio a un gran impulso para promulgar legislación relacionada con el clima en toda Latinoamérica, que crearía sociedades con bajas emisiones de carbono y una buena capacidad de recuperación económica. Lejos de entorpecer el crecimiento económico, una campaña legislativa coordinada debe entenderse como un requisito esencial para el desarrollo sostenible, especialmente en América Latina. Esa fue una premisa central de nuestro informe bandera para la Comisión Global sobre la Economía y el Clima, dirigida por el expresidente mexicano Felipe Calderón, que hizo un convincente llamado a la lucha contra el cambio climático y la reducción del riesgo climático.
La legislación relacionada con el cambio climático también proporciona una forma de reflejar preocupaciones más amplias de los ciudadanos latinoamericanos y lograr su apoyo. La legislación también puede transmitir señales positivas al sector privado (incluidos los inversores extranjeros) que puede desempeñar un papel decisivo para lograr cambios de gran alcance. Adecuadamente motivados, los inversores pueden impulsar las energías renovables; invertir en transporte urbano sostenible; fomentar la innovación; crear empleos con tecnologías más limpias; aumentar la productividad y ayudar a que la región abandone su dependencia de los recursos naturales finitos.
El proceso legislativo también puede reforzar la influencia diplomática de la Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe en la conferencia de cambio climático de la ONU. La AILAC, que incluye a Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú, puede convertirse en una voz crítica en favor de los recortes mundiales a la emisión de gases de efecto invernadero basados en las responsabilidades diferenciales de los países. La «tercera vía» de la AILAC está ganando impulso y puede resultar fundamental para lograr un acuerdo mundial.
Sin embargo, para que este nuevo enfoque sea creíble, la retórica progresista de la AILAC en la ONU debe verse apoyada por acciones de los países relacionadas con el cambio climático. Es fundamental que los gobiernos no perciban que la lucha contra el cambio climático y el apuntalamiento del crecimiento económico son metas contradictorias. No es necesario desmantelar la legislación ambiental existente, debilitar políticas climáticas incipientes ni favorecer a los combustibles fósiles por sobre las energías limpias para garantizar la prosperidad. La reciente aprobación del impuesto a las emisiones de carbono en Chile sugiere que los políticos son cada vez más conscientes de esto.
Un obvio indicador de progreso será la capacidad del gobierno para aumentar el ingreso per cápita y simultáneamente reducir las emisiones per cápita. A medida que nos acercamos a la convención en Lima, los países latinoamericanos tienen una enorme oportunidad para mostrar su compromiso con los cambios legislativos locales y lograr ambiciosas metas climáticas globales.
Si los nuevos líderes de la región realmente desean mostrar su compromiso con el cambio, ¿qué mejor que disipar los temores económicos asociados con las acciones vinculadas al cambio climático? Si actúan ahora, darán a sus países –y al mundo en general– un nuevo rumbo, que producirá sociedades prósperas, inclusivas y fuertes en esta década y el futuro.
Ricardo Lagos, former President of Chile (2000-2006) and UN Special Envoy for Climate Change (2008-2010), is President of the Fundación Democracia y Desarrollo and a member of the Global Commission on the Economy and Climate. He is currently Professor at Large at the Watson Institute for International Studies at Brown University. Traducción al español por Leopoldo Gurman.