En su editorial del pasado 11 de mayo La Vanguardia tildaba de «gravísimo desafío frontal» al Estado la reivindicación independista que, según preveía ese diario, el nacionalismo vasco plantearía pronto. El plebiscito soberanista anunciado por Mas demuestra que el nacionalismo catalán se ha anticipado al vasco al plantear un «gravísimo desafío frontal al Estado», términos que, con notable incoherencia, la cabecera catalana elude al tratar esa iniciativa nacionalista. Todo ello evidencia la preocupante «vasquización de la política catalana» sobre la que ya alertó Patxo Unzueta ( El País, 3/1/2007) al constatar que no se ha producido la esperada «catalanización» de la política vasca, sino una radicalización del nacionalismo catalán influida por «la idea de que a los vascos no les ha ido mal utilizando el soberanismo como amenaza latente».
Conviene no minimizar el giro del sector del nacionalismo catalán considerado tradicionalmente como moderado. Los postulados radicales que abraza, amenazando la ruptura del marco constitucional, revelan el fracaso de políticas con las que se ha intentado apaciguar sus reivindicaciones. El denominado nacionalismo moderado que CiU representa se ha beneficiado de una privilegiada relación con sucesivos gobiernos españoles poco interesados en combatir con decisión una cultura política dominada por mitos nacionalistas. Durante décadas la creencia de que el fortalecimiento de los moderados debilitaría a los radicales ha motivado la renuncia a eficaces políticas públicas orientadas a afianzar una identidad política dual que tuviera como único horizonte la consolidación de la autonomía y no su superación. El Estado ha preferido ceder al llamado nacionalismo moderado ese papel en la sociedad que el PNV define como «cauce central». Tampoco la relevancia otorgada a CiU como interlocutor en el escenario político español ha incentivado que dicha formación asumiera plenamente el autonomismo y la fidelidad a un proyecto común. En cambio, la complaciente comprensión hacia un inconformismo permanente, alimentado por una ideología nacionalista que engorda agravios sin cesar, se ha convertido en elemento de rentabilidad política que ahora encuentra su lógica prolongación en una nueva reclamación.
La última y desafiante reivindicación nacionalista no se plantea desde la razón, pues son absolutamente falsas esas invectivas que inventan un expolio de Cataluña o un retroceso del sistema autonómico. Por ello debe cuestionarse la idoneidad de bienintencionadas propuestas planteadas por rigurosos observadores que sugieren una Ley de Claridad al estilo canadiense con la que, argumentan, se desactivaría el victimismo nacionalista. Resulta dudoso que dicha novedad lograra la renuncia del nacionalismo a esgrimir ese enemigo exterior que constituye el eje central de una política nacionalista sustentada en el antagonismo constante hacia un Estado abiertamente definido como hostil. Si los dirigentes nacionalistas han obrado con ejemplar irresponsabilidad en momentos tan delicados para toda la sociedad española, dinamitando cualquier posibilidad de entendimiento dentro de los marcos fijados, no parece convincente esperar un retorno a la cordura a cambio de la satisfacción de una demanda que no garantiza el final de su coacción. Se asume en algunos sectores que el nacionalismo obraría con sensatez moderando sus reclamaciones soberanistas. Sin embargo, también podría provocar nuevas tensiones al verse estimulado a perpetuar su chantaje para imponer en la forma más favorable a sus intereses los términos de una consulta y las condiciones de una hipotética secesión. ¿Debe esperarse un abandono del radicalismo nacionalista para consensuar, por ejemplo, la pregunta que se formularía, el sujeto o sujetos de decisión, el tipo de mayorías cualificadas exigibles, o el momento de la consulta? Al mismo tiempo semejante concesión podría desincentivar al nacionalismo para revisar dentro del sistema autonomista el modelo de financiación. Es esta una cuestión susceptible de consideración que no solo afecta a Cataluña, sino también a otras autonomías que resultan más desfavorecidas en el reparto actual, cual es el caso de Madrid y Baleares, pero que evitan plantear peligrosos desafíos como el que abandera Mas.
La búsqueda de fórmulas de entendimiento exige que el nacionalismo catalán abandone el victimismo, y la deslegitimación del marco democrático inspirado en un fanatismo identitario peligroso para la convivencia. El Estado español debe contribuir a ello, obligado como está a mantener la legalidad y a proteger el Estado de Derecho. Entre sus obligaciones están la de proteger el orden constitucional y la de vetar iniciativas unilaterales que debiliten el orden definido por la Constitución y los estatutos de autonomía. La descentralización administrativa que el Estado contempla no tiene por qué suponer una descentralización política que desgaje política, económica y culturalmente a un país. La historia de España es la de una prolongada convivencia entre regiones y comunidades autónomas que conforman una unidad; historia que ha consolidado nexos culturales, políticos y sociales que no pueden ser ignorados. De ahí que sea absolutamente legítimo e imperativo que el Estado proteja esa unidad como garante de la diversidad que define a España.
Esa defensa exige también denunciar e impedir políticas aplicadas por el nacionalismo que a veces quiebran el principio de igualdad, al convertir las instituciones autonómicas en instrumentos al servicio de un proyecto de construcción nacional. Reclama también una estrategia de sensibilización sobre la magnitud del problema que la radicalización del nacionalismo supone, así como medidas de neutralización y prevención desde el ámbito político, pero también desde el social, el educativo e incluso el legislativo. Durante años el nacionalismo, sirviéndose de la anuencia y de la incapacidad de partidos estatales y Gobierno, ha eludido desarrollar un sentimiento de pertenencia a una misma comunidad política, raíz del actual conflicto. Por ejemplo, llamativa es la práctica ausencia en Cataluña y País Vasco de foros privados o institucionales dependientes del Gobierno del Estado que divulguen temas de Derecho público español y ciencias sociales y políticas desde una óptica simplemente constitucional. Quedan así sin contrapunto el cuestionamiento constante del Estado autonómico y la difusión de interpretaciones nacionalistas sobre temas como el sistema de financiación, el Estatuto o la política lingüística, entre otros, con los que el nacionalismo daña la cohesión social.
La falta de una clara lealtad al proyecto común por parte de los nacionalismos hace que las normales tensiones de cualquier gobernanza degeneren en factores de desestabilización permanente. Frente a esa cíclica coacción surge la tentación de apaciguar las amenazas de una insatisfacción que parece insaciable, aunque existen otras opciones, como la que José Ramón Recalde proponía para el ámbito vasco si se asume que la única solución válida para los nacionalistas es el independentismo: «Y la salida para los demás es derrotarles. Que dejen de ser un partido gobernante. Y eso se puede. Hay que hacerles sentirse minoría; que sean una minoría fuerte, pero que sepan que no pueden cambiar las reglas del juego, que son la constitucional y la estatutaria, porque para cambiarlas hace falta seguir los procedimientos establecidos» ( ElPaís, 9/2/2008).
Las experiencias de gobiernos no nacionalistas en Cataluña y País Vasco han defraudado expectativas, al desaprovechar socialistas y populares oportunidades en las que debían haber dejado de lado inseguridades y complejos que a menudo les llevan a asumir parte de la retórica nacionalista que paradójicamente denuncian. Sería lógico que las negativas consecuencias que hoy se evidencian alentasen a los responsables de dichas decepciones a cambiar su política hacia nacionalismos cuya radicalización critican, pero sin enfrentarse de verdad a sus causas, pues estas no desaparecerán a base de ignorarlas.
Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política, Universidad Rey Juan Carlos