El presidente Sánchez acostumbra a no leer, no escribir, no saber y hablar y viajar mucho. En su visita a la tumba de Don Manuel Azaña ha afirmado: “Es tarde, muy tarde. España tendría que haberles pedido perdón mucho antes por la infamia”.
Sánchez debería haberse enterado de que, en 1978, Don Juan Carlos visitó a la viuda de Azaña en México en lo que fue un encuentro de reconciliación, con el espíritu de paz y concordia de la Transición. Dolores Rivas Cherif, viuda de Azaña, declaró ante el Rey: “Cuánto le hubiera gustado a Don Manuel Azaña vivir este día, porque él quería la reconciliación de todos los españoles”.
La visita del Rey a México fue para dar un abrazo a Dolores Rivas Cherif y mirar al futuro; la visita de Sánchez a Francia fue para engañar a su electorado y mirar al pasado. Sánchez considera, sin pensar en los valores de la reconciliación nacional, que lo más eficaz para mantener su electorado es incidir en uno de los ejes sobre los que pivotan los socialistas españoles en este siglo XXI: Franco y la memoria histórica.
Tal parece que la izquierda española -y por supuesto los nacionalistas periféricos-, en lugar de pretender la reconciliación de todos los españoles (creímos, equivocados, que se había conseguido con la Constitución de 1978) está reviviendo, precisamente, lo peor de Don Manuel: el sectarismo, la exclusión.
Ante la tumba de Azaña en Montauban, en el sur de Francia, en el tono solemne de la nada, estilo Zapatero (la nada de Rajoy, al menos, no tenía solemnidad), Sánchez añadió: “La Constitución restauró los valores de la República de Azaña”.
Ya puestos a precisar por quienes leemos y escribimos, hay que señalar que el Azaña que pidió perdón a punto de finalizar la guerra, desde 1931 tenía y desarrolló de modo concienzudo un proyecto excluyente de España y de los españoles, justo lo contrario de la Constitución de 1978.
Una mayoría parlamentaria de 1931 elaboró y aprobó una Constitución que limitaba la libertad y derechos de los católicos (cuando menos, entonces, la mitad de la población). Azaña y demás republicanos entendían que la Constitución de 1931 era la Biblia: intocable.
Una mayoría de derechas ganó las elecciones de 1933 con el programa de reformar legalmente los aspectos más sectarios y excluyentes de la República. La CEDA, la Confederación de Derechas Autónomas, liderada por Gil Robles, fue el intento de la España que se sentía excluida de aceptar la legalidad republicana y, con una nueva mayoría tan legítima como la anterior, reformar algunos artículos de la Constitución.
Voy a poner un ejemplo de cómo percibían los católicos y muchas personas que tenían a sus hijos en colegios religiosos, la prohibición de enseñanza en centros de la Iglesia. En aquellos años, la enseñanza media no contaba más que con un instituto Nacional de Bachillerato por capital de provincia, salvo Madrid y Barcelona que apenas tenían cinco.
En aquella situación de la enseñanza, la Constitución de 1931, en su artículo 26 imponía, entre otras muchas limitaciones (expulsión de los Jesuitas) lo siguiente: “Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases: Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. Sumisión a todas las leyes tributarias del país”.
Además de las prohibiciones, la carga tributaria, con la imposibilidad de generar ingresos, era el camino directo a la desaparición, incluso en su nueva vida contemplativa.
No fue posible avanzar en las reformas de aquel y otros excesos impropios de una Constitución de garantía de libertades y de limitación del poder. La izquierda dio un golpe de Estado para impedirlo con la revolución de Octubre de 1934 y Alcalá Zamora y Azaña se encargaron de adelantar unas elecciones en un clima de tensión insoportable, para después hacer trampas con el resultado de febrero de 1936.
Entre febrero y julio de 1936 se produjeron, en seis meses, más de seiscientos asesinatos de uno y otro bando por motivos políticos, entre otros, del líder de la oposición Don José Calvo Sotelo. Un amplio alzamiento militar que, en el siglo XIX y en 1923 motivaba una retirada del gobierno, Azaña y la izquierda lo convirtieron en una guerra civil.
A diferencia de Alfonso XIII, que se exilió en 1931 antes de derramar una sola gota de sangre, Azaña prefirió mantenerse, en 1936, en un poder teórico tres años mientras la fuerza real, que no controlaba, estaba en la calle. ¿Se puede uno imaginar un desastre mayor para España que un político como Azaña?
La visita de Don Juan Carlos a México honró al Azaña arrepentido y expresó el deseo de conciliación de la nueva España democrática. La República y la Guerra Civil pasaban a ser un objeto de estudio de historiadores y manuales de historia. Unos pocos hagiógrafos de Azaña (ahora los botafumeiros son legión, gracias a generosas subvenciones) reivindicaban su memoria con más pena que gloria, pero ni Franco ni Azaña estaban en la agenda política electoral o parlamentaria.
Desde 1993, el PSOE, carente de proyecto político, cree haber encontrado una supuesta mina de votos con la memoria histórica y ha vuelto a colocar el enfrentamiento de las dos Españas en primera línea de salida. Espero que pronto surjan socialistas responsables que retornen al espíritu del abrazo de S. M. el Rey en México en lugar de la actual perversa y necrófila ofuscación con las tumbas del pasado.
Guillermo Gortázar, historiador y abogado. Su último libro es 'El fuerismo liberal vasco' (Ediciones 19, Madrid, en prensa).