Durante el debate mantenido hace poco en el parlamento francés para discutir el nuevo tratado fiscal europeo, el gobierno socialista de Francia negó vehementemente que su ratificación supusiera una limitación de la soberanía del país. El primer ministro Jean‑Marc Ayrault aseguró que el tratado no impone “ninguna restricción en el nivel del gasto público” y agregó que “El parlamento de la República Francesa conserva la soberanía presupuestaria”.
Mientras Ayrault intentaba tranquilizar a sus colegas más escépticos (entre ellos, muchos miembros de su propio partido), el Comisario Europeo de Competencia, Joaquín Almunia, estaba enviando un mensaje similar a sus compañeros socialdemócratas en Bruselas. Para que Europa salga adelante, les dijo, debe demostrar que están equivocados los que creen que hay un conflicto entre globalización y soberanía.
A nadie le gusta ceder soberanía nacional, y parece que a los políticos de izquierda menos que a nadie. Pero al negar el hecho evidente de que para que la eurozona sea viable es necesario introducir restricciones sustanciales a la soberanía, los líderes europeos están engañando a sus votantes, retrasando la europeización de la política democrática y aumentando el costo político y económico que habrá que pagar en definitiva.
El objetivo al que apunta la eurozona es lograr la plena integración económica de la región, lo cual implica eliminar los costos de transacción que obstaculizan las actividades comerciales y financieras transfronterizas. Para que esto sea posible, es evidente que los gobiernos deben abstenerse de aplicar restricciones directas al comercio y los flujos de capital; pero además, deben armonizar con los otros estados miembros sus normas y reglamentos nacionales (por ejemplo, las normas de seguridad de los productos y las normativas bancarias), para evitar que opongan barreras indirectas al comercio. Y también deben comprometerse a no hacer cambios en estas políticas, ya que de lo contrario la incertidumbre misma actuará como costo de transacción.
Todo esto ya estaba implícito en la iniciativa de crear un mercado único para la Unión Europea; la eurozona significó un avance adicional, ya que con la unificación monetaria se pretendía erradicar por completo los costos de transacción asociados con las monedas nacionales y el riesgo cambiario.
En pocas palabras, el proyecto de integración europea siempre ha supuesto restricciones a la soberanía nacional. La incertidumbre que ahora pesa sobre su futuro se debe a que la soberanía ha vuelto a interponerse en el camino del proyecto. En una unión económica auténtica, sostenida por instituciones políticas comunes, los problemas financieros de Grecia, España y otros países no se habrían agigantado como ahora, hasta el punto de amenazar la existencia misma de la unión.
Podemos hacer una comparación con Estados Unidos: allí, a nadie se le ocurre llevar registro de (por decir algo) el déficit de cuenta corriente entre Florida y el resto del país (aunque es casi seguro que ha de ser enorme, ya que en Florida residen muchos jubilados que viven de prestaciones sociales financiadas con fondos procedentes de otros lugares).
Si el gobierno del estado de Florida se declarara en bancarrota, los bancos de Florida seguirían funcionando normalmente, porque se encuentran bajo jurisdicción federal, no del estado. Si fueran los bancos de Florida los que se vinieran a pique, las finanzas del estado no se verían afectadas, porque los bancos son en última instancia responsabilidad de instituciones federales.
Si un trabajador de Florida se queda sin empleo, el subsidio de desempleo se lo pagan desde Washington, DC. Y si a los votantes de Florida no les gusta la marcha de la economía, no irán a protestar y provocar disturbios a la capital del estado, sino que presionarán a sus representantes en el Congreso para que introduzcan cambios en las políticas federales. No parece que a los estados de la Unión les sobre soberanía.
Hay que sumarle a esto cierto malentendido que hay en lo que atañe a la relación entre soberanía y democracia. Restringir el ejercicio de la soberanía no siempre es antidemocrático. En politología se habla de “delegación democrática”, esto es, la idea de que para obtener mejores resultados, hay ocasiones en las que el soberano tal vez prefiera circunscribir su poder (apelando a compromisos internacionales o delegando poderes a agencias autónomas). El ejemplo por excelencia es el de los bancos centrales independientes, en los cuales se delega la gestión diaria de la política monetaria para aislarla de los vaivenes políticos y así obtener una mejor estabilidad de precios.
Pero aunque una limitación selectiva de la soberanía puede mejorar el funcionamiento del sistema democrático, no está garantizado que todas las limitaciones implícitas en la integración de mercados vayan a funcionar. En la política interna de cada país, el alcance de la delegación se calibra con mucho cuidado para restringirla a unas pocas áreas donde las cuestiones suelen ser extremadamente técnicas y las diferencias entre los partidos no son significativas.
Una globalización realmente prodemocrática respetaría estos límites y solo impondría restricciones compatibles con la idea de delegación democrática, a las que tal vez complementaría con unas pocas normas procedimentales que mejoren el debate democrático fronteras adentro (por ejemplo, normas de transparencia, rendición de cuentas, representatividad, uso de datos científicos, etc.).
Como el ejemplo de Estados Unidos deja en claro, se puede ceder soberanía (es lo que han hecho Florida, Texas, California y los otros estados de la Unión) sin menoscabar la democracia. Pero para combinar integración de mercados con democracia deben crearse instituciones políticas supranacionales que sean representativas y estén obligadas a rendir cuentas de sus acciones.
El conflicto entre democracia y globalización adquiere proporciones graves cuando la globalización, al mismo tiempo que restringe la articulación local de las preferencias políticas, no ofrece a cambio una ampliación del espacio democrático en el nivel regional o global. La agitación política que vemos en España y Grecia indica que Europa ya fue demasiado lejos en ese sentido.
Aquí entra en juego mi trilema político: no se puede tener globalización, democracia y soberanía nacional, todo al mismo tiempo. De las tres opciones, hay que elegir dos.
Si los líderes europeos quieren conservar la democracia, deberán elegir entre la unión política y la desintegración económica. O bien renuncian explícitamente a la soberanía económica o bien comienzan a emplearla activamente en beneficio de sus ciudadanos. Lo primero supone sincerarse con los respectivos electorados y construir un espacio democrático por encima del nivel de las naciones‑estado. Lo segundo, renunciar a la unión monetaria y poner en marcha políticas monetarias y fiscales de nivel nacional que sirvan a una recuperación sostenida.
Cuanto más posterguen esta decisión, mayor será el costo económico y político que habrá que pagar en definitiva.
Dani Rodrik is Professor of International Political Economy at Harvard University’s Kennedy School of Government and a leading scholar of globalization and economic development. Traducción: Esteban Flamini